Inmigración africana
Jaime Atienza
La vieja crisis de las pateras, esos frágiles barcos
que cruzaban el estrecho, ha dado paso en el último
año a la crisis de los cayucos. El fenómeno
no es nuevo, simplemente ha cambiado su lugar de origen,
la intensidad y por desgracia, la magnitud de la tragedia:
se habla al menos de 3.000 muertos en este año
2006.
Una situación así es fruto de muy diversas
causas: la más importante es, desde luego, la falta
de perspectivas de un futuro mejor en los países
de origen, pero es también importante la diferencia
de ingresos entre el país de origen y destino.
Las entradas irregulares son una de las características
más destacables de la actual oleada migratoria
mundial: se calculan 11 millones de migrantes en situación
administrativa irregular sólo en los EEUU, el país
más duro con las entradas ilegales, y el que más
medios destina a ello. Pero la migración es predominantemente
irregular en el siglo XXI en Asia, en América Latina,
en África o en Europa. Fronteras comunes de miles
y miles de kilómetros lo hacen posible, y la carencia
de políticas efectivas de gestión de los
flujos explican el porqué.
La reacción de los países que reciben a
los inmigrantes es, a su vez, diversa. En el caso español
ha venido teniendo prioridad lo humanitario: lo primero
ha sido alcanzar las embarcaciones, atender de urgencia
a los viajeros, que llegan en condiciones extremas, y
luego iniciar los procesos establecidos bien de entrega
de una orden de expulsión y posterior puesta en
libertad, o bien de repatriación, de existir acuerdos
en la materia con los países de origen.
El respeto a los derechos humanos implica que no se deberían
hacer repatriaciones sin garantías de una acogida
digna en el país de origen.
En lo político, hubo críticas del Gobierno
canario, nervioso, y del principal partido opositor, hallando
un terreno de desgaste fácil. Con algunas propuestas
chocantes –prohibir la regularizaciones por ley,
cuando no son sino un mecanismos de reacción a
las malas leyes y políticas que hemos tenido- y
otras sencillamente inmorales –no otorgar ayuda
al desarrollo a los países que no luchen contra
la migración irregular, una propuesta que Aznar
ya trasladó a la Unión Europea en 2003,
fue ampliamente rechazada.
El Gobierno se puso nervioso y comenzó a endurecer
su discurso, dando la razón a sus rivales en lugar
de afinar su propia acción. Sin entender que las
rutas migratorias son como minas: se descubren, se explotan
aceleradamente y establecidos los mecanismos de control,
pasan a dar rendimientos mínimos en cuestión
de meses.
Resulta obvio que crisis como ésta no las corrigen
las leyes: hay que saber llevarlas sin perder el Norte
de que nuestra condición de país civilizado
nos obliga a anteponer los derechos y a evitar las muertes
por encima de cualquier otra consideración.
Lo que no es cuestión de meses sino de décadas
es una apuesta decidida por el desarrollo de África,
que requiere esfuerzos notables de la Comunidad Internacional,
y sobre todo, acompañamiento y apoyo a los procesos
de puesta en marcha o reconstrucción de los estados
de aquellos países. Los ajustes del Fondo Monetario
Internacional de los 80 y 90 cayeron sobre estructuras
muy frágiles, y destruyeron su escasa capacidad,
y coincidieron con el mantenimiento del interés
de las empresas extractivas en el continente, y del poder
de decenas de gobernantes sin escrúpulos ni compromiso
con sus pueblos. Han sido décadas de desarrollo
perdido, con una gran responsabilidad internacional y
también con importantes responsabilidades locales.
Y ello exige seguir apostando por el desarrollo -incluyendo
medidas contra la deuda y privilegios comerciales e incentivos
a la diversificación productiva para la región-
y por la cooperación, y no dejarse llevar por el
rumor de las encuestas y por la necesidad de ofrecer respuestas
de corto plazo a la opinión pública.
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