Ecuador ha elegido al que será su noveno presidente
en diez años, el economista Rafael Correa el 26
de noviembre pasado. Se trata del primer Gobierno que
se declara abiertamente de izquierdas en 27 años
de vida política en el Ecuador. El partido elegido
para gobernar, Alianza País, existe hace apenas
un año, cuando el actual presidente dimitió
de su cargo de ministro de economía por discrepancias
políticas con el jefe del Gobierno. Correa recibió,
acompañado por Hugo Chávez y Evo Morales,
el bastón de mando, en una ceremonia indígena
en la sierra ecuatoriana, donde Correa había sido
catequista con los padres salesianos hace años
y aprendió el uso de la lengua quechua.
En su discurso de investidura –con la presencia
del Príncipe de Asturias, Lula, Michelle Bachelet,
Alan García, Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel
Ortega y Álvaro Uribe entre otros- Correa expresó
una vocación profundamente transformadora de la
realidad del país, aludiendo con emoción
a sectores habitualmente olvidados en actos sociales y
políticos formales -presos, jubilados, niños
de la calle, enfermos terminales- marcando así
el tono de lo que será su período de gobierno.
El discurso estuvo cargado de referencias y expresiones
de compromiso ético desde el humanismo cristiano.
Correa confirmó la reducción al 50% de su
sueldo –que queda en 4.000 dólares-, y afirmó
con contundencia que saldrá del poder con lo mismo
con lo que llegó, con poco, expresando un visceral
rechazo a la opulencia, que opuso a la dignidad para su
país, e hizo extensiva para su propia familia.
Su mandato tendrá cinco ejes: (i) la celebración
–ya aprobada por el Congreso- de una consulta popular
para convocar una asamblea que elabore una nueva Constitución,
(ii) poner la economía al servicio del hombre y
de la creación de empleo con una apuesta crítica
en el tema de la deuda externa, (iii) la lucha contra
la corrupción en un sentido muy amplio, acentuando
la transparencia en el ejercicio del Gobierno, reduciendo
los salarios más altos, y promoviendo las veedurías
ciudadanas, (iv) profundizar y apostar por las políticas
sociales, considerando en especial la participación
y presencia de los migrantes, y (v) una apuesta decidida
por la integración sudamericana.
Por primera vez en muchos años se respira un ambiente
de optimismo y de fe en el nuevo Gobierno: se espera que
pase algo importante y hay una esperanza en la recuperación
de un sentido de la ética y de la dignidad en la
construcción del país, con la seguridad
de que se trata de una apuesta para la inclusión
de todos los sectores sociales. La popularidad del presidente
supera el 70% en un país acostumbrado a que ese
índice esté situado por debajo del 10%.
El Gobierno cuenta con el aval de tener algunas figuras
destacadas por su compromiso ético y social unido
a su capacidad técnica e intelectual. El nuevo
ministro de energía y hombre fuerte del Gobierno,
Alberto Acosta, es el mejor ejemplo, pero están
también otros colegas de Gabinete que responden
a ese perfil, como Ricardo Patiño, hoy ministro
de economía y fundador a fines de los noventa de
Jubileo 2000 Guayaquil.
Sin embargo, las buenas intenciones y el sobresaliente
equipo de ministros y ministras nombrado no esconden que
hay una dura batalla por cambiar el poder en el Ecuador.
Ello implica la reforma constitucional propuesta por Correa,
para modificar los sistemas de elección de varios
órganos –órganos de gobierno de la
justicia, diversos consejos de regulación, hoy
en manos de los partidos tradicionales- y las atribuciones
de Congreso y presidente. Y también afecta a la
agencia tributaria ecuatoriana –el Servicio de Rentas
Internas- un órgano jurídicamente débil,
pues la ley parece proteger a los evasores de impuestos
en lugar de defender el interés del estado. El
tema de la deuda, y la protección de la amazonía
ecuatoriana renunciando a ciertas explotaciones energéticas
pero recogiendo apoyo social e internacional para sostenerla,
serán apuestas del nuevo Gobierno en los próximos
meses.
La tarea será muy compleja, pues el entorno económico
internacional no va a mejorar, y la oposición de
los sectores políticos tradicionales ya es muy
fuerte –el partido en el Gobierno no tiene diputados;
no presentó candidatos para expresar con claridad
su apuesta profundamente reformista- pero en la medida
en que la popularidad del nuevo Gobierno se mantenga alta,
no parece que nada pueda impedir que se lleven a efecto
las reformas prometidas, pese a todas las dificultades.
El freno a la migración que también el país
necesita sólo será posible como reacción
ante una recuperación de la autoestima colectiva,
de las posibilidades de empleo e ingreso, y de la esperanza
de tener un país mejor para mañana.
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