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Los derechos humanos, la lucha contra la pobreza
y la defensa del medio ambiente deberían
constituir valores esenciales de nuestra sociedad.
Introducirlos en el debate electoral, y en la posterior
acción de gobierno, ha sido el objetivo de
Amnistía Internacional, Intermón Oxfam
y Greenpeace al presentar a los partidos políticos
y a la sociedad en general un decálogo que
plantea unos compromisos básicos para afrontar
algunos de los retos globales a los que nos enfrentamos,
dentro y fuera de nuestras fronteras. Unos compromisos
que deben formar parte de la acción de gobierno,
pero que también pueden guiar la participación
de ciudadanos y ciudadanas para lograr juntos una
sociedad más justa y solidaria, basada en
valores compartidos. |
Compromisos para afrontar retos globales,
dentro y fuera de nuestras fronteras
Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón
Oxfam somos organizaciones internacionales que afrontamos,
desde nuestros respectivos ámbitos de trabajo a
favor de los derechos humanos, en defensa del medio ambiente
y contra la pobreza, retos de naturaleza global que los
Estados deben abordar dentro y fuera de sus fronteras.
Las tres organizaciones compartimos una visión
del mundo basada en el respeto a los derechos humanos
de todas las personas, a su dignidad y al medio ambiente
en el que desarrollan su vida. Los principales problemas
que nos preocupan tienen impacto en la vida de millones
de personas y no son ajenos entre sí.
El cambio climático, la mayor amenaza medioambiental
a la que se enfrenta la humanidad, ya tiene y tendrá
efectos catastróficos e irreversibles para millones
de personas que en los países más vulnerables
verán aumentar su pobreza.
La pobreza –una violación de derechos
humanos que no es inevitable y que es el resultado de
la negligencia y discriminación de los gobiernos
y de quienes están en el poder–, sumada
a los conflictos armados, a la inseguridad y a otras
violaciones de derechos humanos, empuja a las personas
a abandonar sus lugares de origen y buscar refugio y
seguridad en otros países.
Quienes buscan protección internacional o huyen
de la pobreza se encuentran con políticas de
control migratorio que socavan la protección
de sus derechos humanos y se enfrentan a actitudes racistas
en los diferentes ámbitos de la vida.
Y en el contexto global de “guerra contra el
terror”, en nombre de la seguridad se detraen
recursos de la lucha contra el cambio climático
y la pobreza, y se producen recortes de libertades que
se anteponen a la seguridad humana.
De cara a las próximas Elecciones Generales
en España, pedimos a los partidos políticos
que incorporen en sus programas electorales estos desafíos
globales y que incluyan propuestas para abordarlos,
y pedimos a los candidatos que concurren a las elecciones
que se comprometan a situar estos retos en su agenda
electoral y a defenderlos e impulsarlos tanto si alcanzan
responsabilidades de gobierno como si ejercen sus funciones
desde la oposición.
Decálogo para la nueva
legislatura
1. Reducir las emisiones de CO2 para que en 2012 no
superen en más de un 15% el nivel de 1990, y
cumplir así el Protocolo de Kioto. Igualmente,
exigir en las negociaciones internacionales un compromiso
de reducción de emisiones de los países
industrializados del 30% sobre los niveles de 1990 para
el año 2020.
2. Aprobar una Ley de Energías Renovables que
garantice que en 2020 la mitad de la demanda eléctrica
es de origen renovable, con el objetivo de poder alcanzar
un escenario energético 100% renovable en 2050.
3. Exigir en las negociaciones internacionales que
los países industrializados asuman compromisos
obligatorios para financiar la adaptación de
los países pobres al cambio climático,
y aportar para este fin, al final de la legislatura,
1.000 millones de euros anuales adicionales a los compromisos
de Ayuda Oficial al Desarrollo.
4. Comprometerse con una política exterior que
apoye los mecanismos internacionales de derechos humanos,
que se abstenga de cualquier complicidad en la “guerra
contra el terror” y que incluya en las relaciones
bilaterales acciones claras de promoción y protección
de los derechos humanos, impulsando acuerdos concretos
y mecanismos de evaluación periódicos
sobre las mejoras conseguidas.
5. Promover en la UE una política migratoria
que garantice los derechos de los inmigrantes, respete
el acceso al derecho de asilo y refleje un compromiso
serio con la migración legal. La misma deberá
abordar desde una perspectiva de derechos políticos,
económicos y sociales las causas por las que
las personas abandonan sus países.
6. Firmar y ratificar la Convención Internacional
de Naciones Unidas sobre la Protección de todos
los Trabajadores Migratorios y sus familias, y en todo
caso, asegurar información adecuada sobre sus
derechos a las personas extranjeras que intentan llegar
a territorio español, garantizando en todo el
proceso asistencia letrada, de intérprete efectiva
y la identificación de quienes requieran protección
internacional.
7. Elaborar y poner en marcha un Plan Estatal contra
el Racismo y la Xenofobia que incluya medidas para luchar
contra el racismo en todos los ámbitos de la
sociedad (trabajo, sanidad, educación, justicia,
etc.) y para hacer frente a los casos de tortura de
índole racista.
8. Establecer un compromiso firme con la protección
de civiles en conflictos armados. Para ello, entre otros,
deberá impulsar activamente un Tratado Internacional
de Comercio de Armas que prohíba las transferencias
de armamento y munición a destinos donde puedan
utilizarse para cometer graves violaciones de derechos
humanos, y realizar una aplicación rigurosa de
la nueva Ley de Comercio de Armas española.
9. Crear un Ministerio de Cooperación Internacional
para el Desarrollo que asuma el liderazgo y coordinación
de todas las intervenciones en materia de cooperación,
garantice la autonomía de la Ayuda Oficial al
Desarrollo e interactúe con el resto de ministerios
para asegurar una actuación coherente del gobierno
español en la lucha contra la pobreza.
10. Elaborar una Ley de Acceso a la Información
Pública, en la que se garantice el derecho de
libre acceso por parte de todos los ciudadanos a toda
la información de los poderes del Estado, las
entidades públicas y aquellas entidades privadas
que realicen funciones públicas o reciban dinero
público.
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