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El miércoles 6 de febrero, un juez de la
Audiencia Nacional española, Fernando Andreu,
procesó a 40 militares del actual Gobierno
de Rwanda por delitos de genocidio, crímenes
contra la humanidad y terrorismo cometidos entre
1990 y 2002. Se trata de una ventana abierta en
los tribunales españoles, una oportunidad
para que se haga justicia sobre los muchos crímenes,
violaciones y masacres cometidos por el actual gobierno
y ejército de Rwanda para llegar al poder
y mantenerse en él. |
Al frente de esta estructura militar y política
que gobierna el país, conocida por las siglas APR
y FPR, está Paul Kagame, el actual jefe del Estado
del país africano, elegido en 2003 después
de ocho años al mando del país, que no puede
ser juzgado por las jurisdicciones europeas porque su
condición presidencial le ofrece inmunidad.
Según el auto judicial, las víctimas
de estas masacres llegan a ser cuatro millones de personas,
asesinadas o desaparecidas a lo largo de los años
90, y no sólo en Rwanda, sino también
en los países limítrofes, especialmente
en la República Democrática del Congo,
el antiguo Zaire, donde intentaron refugiarse millones
de personas huyendo de la crueldad del APR. El auto
responde a la querella planteada ante la Audiencia Nacional
por el Forum Internacional por la Verdad y la Justicia
en los Grandes Lagos, cuyo portavoz, Joan Carrero, considera
que esta acción del Juez Andreu sitúa
a España 'en la vanguardia de la Justicia universal'.
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