Bolivia es un país rico en minerales, gas y petróleo pero con grandes y profundos problemas de pobreza, desigualdad y segregación racial. Desde hace décadas la lucha por la recuperación de los hidrocarburos para la población ha sido un tema importante. El presidente Evo Morales, al argumentar su política de nacionalización en una reunión con el presidente Zapatero le explicó que mientras en su pueblo morían de frío –incluidos dos de sus hermanos- por la carretera pasaban los camiones llevando el gas para la exportación, que ellos no podían pagar.

Desde mediados de los ochenta se inició en Bolivia el proceso para que el gas y el petróleo pasaran a manos privadas, primero vaciando la empresa estatal de capital –año a año se transfería la mayor parte de su beneficio al presupuesto del estado- y luego aprobando en 1996 una ley que dejaba el sector al completo en manos privadas, con un insólito reparto de la renta del petróleo y el gas del 18% para el estado y el 82% para las compañías.

Si las industrias extractivas son a lo largo y ancho del mundo un sector duro, difícil y controvertido, en que no hay reglas preestablecidos para el reparto de las ganancias, Bolivia se subió al escalón del reparto más favorable al sector privado. Las riquezas no renovables entonces aceleraron su salida al mercado exterior dejando al país andino muy bajos beneficios. Esos acuerdos entre el Gobierno y las empresas fueron deliberadamente ocultados a la opinión pública, y se evitó incluso el obligado trámite de aprobación en el Congreso de los contratos.

Estos hechos fueron descubiertos por investigadores independientes y organizaciones sociales, denunciados ante la opinión pública, objeto de una amplia campaña de educación popular con el lema “nuestro gas ya no es nuestro”. La indignación popular por un nuevo contrato de exportación de gas con ingentes beneficios para la empresa y muy bajos para el país, desató las iras de los sectores populares en la llamada guerra del gas de 2004. El Gobierno ordenó una sangrienta represión con el terrible coste de decenas de muertos en las calles, pero también el cadáver político de su presidente Sánchez de Lozada, expulsado por el pueblo y hoy vergonzantemente fugado del país.

Cambiaron las reglas: el pueblo boliviano votó en referéndum en un 92% a favor de la recuperación de los hidrocarburos, y primero se subieron los impuestos –del 18% al 50%- y después, ya bajo el Gobierno de Evo Morales, se inició el proceso de “nacionalización sin expropiación”, pasando las empresas de propietarias del gas y el petróleo de los bolivianos, a prestadoras de servicios al estado, aceptando todas ellas –incluidas REPSOL, TOTAL o BP- tras una dura negociación, las nuevas condiciones.
Compañías y Gobiernos extranjeros reclamaron airadamente por el perjuicio a sus intereses –confundido, mezclado, lo privado y lo público- y apelaron a la necesidad de seguridad jurídica para los inversores, aludiendo al necesario mantenimiento de aquellos contratos contrarios al ordenamiento jurídico local y que les ofrecían elevadísimos beneficios.

En su vecino país, Ecuador, el presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta se refirió al tema con motivo de una discusión acerca de una norma sobre minería, señalando que “ahora habrá seguridad jurídica para las compañías, pero también para el estado, para la ciudadanía y para la naturaleza, que será sujeto de derechos en nuestra nueva Constitución”.

Esa seguridad jurídica pensada también para el estado y su sostenimiento, la ciudadanía en el ejercicio de legítimo control de sus recursos, y la naturaleza, nunca más un mero objeto de explotación, nos ofrece una nueva mirada a ese manido concepto, que ojalá se profundice en los años venideros.