Por Grupo de Voluntarios de la Parroquia San Carlos Borromeo

Ante los acontecimientos acaecidos la mañana del 25 de septiembre en el poblado de El Gallinero, día en el que se produjo el desmantelamiento del asentamiento, el Grupo de Voluntarios de la Parroquia San Carlos Borromeo queremos poner de manifiesto nuestro punto de vista y nuestra denuncia acerca de cómo se ha realizado este proceso de realojo.

El Gallinero fue desalojado sin el respeto a la intimidad de las familias realojadas

Uno de los momentos del desmantelamiento de El Gallinero. FOTO: JAVIER BAEZA.

Estamos en absoluto y radical desacuerdo con la exposición mediática a la que los responsables del Ayuntamiento de Madrid han sometido a los vecinos del Gallinero y la rentabilidad política que, una vez más, como ya ocurrió el pasado 9 de julio, se pretendieron sacar de un acto como éste.

Las familias que viven en El Gallinero tienen derecho a que su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen sean respetados en todo momento, y entendemos que el Ayuntamiento de Madrid, en el acto del pasado 25 de septiembre, ha sido el principal promotor de una exposición pública que ha provocado la vulneración y menoscabo de estos derechos.

La extensa convocatoria realizada a la prensa, generó que tanto niños como adultos salieran en los medios en contra de su voluntad (especialmente grave es el caso de menores que aparecieron en televisión con la cara descubierta y sin pixelar, abandonando las que hasta ahora eran sus viviendas), y que las familias no pudieron contar con la privacidad necesaria para recoger sus cosas y despedirse del lugar que ha sido su casa durante tantos años. Todo se realizó con la presencia de personas ajenas a su proceso y de medios que trataron de captar y hacer público este momento, que pertenece a su intimidad personal y familiar.

Además de estar en juego el respeto de derechos fundamentales, estas familias deben llegar a sus nuevas viviendas sin la enorme desventaja que puede suponer para ellos la identificación pública de su procedencia, que puede generar reacciones importantes de rechazo, hacia sus personas en los lugares a los que lleguen, y hacia el propio realojo en el conjunto de la sociedad. Tienen también derecho a aprovechar esta oportunidad de la mejor forma posible, y para ello es extremadamente importante que sean reubicados sin etiquetas ni tarjetas de presentación poco deseables para su inclusión social.

Especialmente perjudicial fue la organización de un inexplicable “acto de presentación del derribo” en el que debían estar presentes autoridades del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. De forma que, aunque de la demolición se podría haber iniciado a las 11.00 de la mañana, se terminó retrasando para ajustarlo a las agendas políticas: acto público y posterior paseo por el poblado, – paseo que realizaron sin dirigirse siquiera a los vecinos por lo que no tenía más finalidad que la mediática-. Este retraso provocó que los derribos coincidieran justo con la hora de regreso de los niños del colegio. Al llegar las rutas escolares, los menores se encontraron con los derribos a medias, con el consiguiente riesgo para su integridad física y psicológica.

Cifras de realojados

No son ciertas las cifras de familias que van a ser realojadas que se han facilitado a los medios. En algunos casos se ha hablado de 36 familias, y en otros de 25.

Los datos son inexactos: tanto si se contabilizan las unidades de convivencia totales (ya que hay padres e hijos mayores de edad que van a ser realojados juntos), como si se contabiliza cada unidad familiar por separado, los datos no son reales.

Computando las unidades de convivencia (que van a convivir juntos ) el total es de 17, y contabilizando unidades familiares hacen un total de 23.

El proceso no se ha realizado conforme a las normas internacionales sobre acceso a vivienda en procesos de desalojos forzoso. No es cierto que se haya procedido al realojo de todas los vecinos del poblado: hay una parte importante de las mismas que accede a un recurso temporal tutelado que no implica seguridad en la tenencia (uno de los requisitos mínimos exigidos a nivel internacional para las alternativas que se ofrecen a las familias en caso de desalojo), y que resulta más cercano a la institucionalización que al realojo.

Derecho a la educación

El planteamiento y cronograma final del realojo se ha realizado sin priorizar adecuadamente el ejercicio del derecho a la educación de los niños del poblado. Debido al modo en que se ha planificado, los niños han tenido que empezar el curso escolar en los centros a los que acudían mientras han vivido en el Gallinero, para ser trasladados de vivienda apenas tres semanas después.

Esto es especialmente grave porque el traslado de vivienda no va a implicar el traslado simultáneo a un centro escolar de la zona en la que está ubicada su nueva casa, de modo que, hasta que se gestionen esas plazas, tendrán que desplazarse todos los días hasta sus colegios “antiguos”. Por poner un ejemplo, tres de los niños realojados hoy tendrán que hacer desde mañana un recorrido de entre 45 minutos y una hora en transporte público hasta su centro escolar, con el coste de todo tipo que esto supone, y cambiar más adelante (no se sabe cuándo) a un nuevo colegio.

El proceso de realojo, tal y como se está llevando a cabo, va a perjudicar, claramente, su desempeño escolar por el cambio de centro extemporáneo al que van a tener que hacer frente los niños. El bienestar de los niños del Gallinero debería ser el primer criterio a tener en cuenta en cada gestión que se realice y, nuevamente, ellos vuelven a ser los más perjudicados, viendo afectado seriamente su derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, poniéndose en riesgo, de forma absurda, un largo proceso de motivación e integración escolar.

Lamentamos constatar que una vez más para el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, los últimos se hayan quedado para lo último.