Antes de que el Congreso de los Diputados constituya el nuevo Ejecutivo nos atrevemos a lanzar un posible programa de gobierno desde los retos que las distintas organizaciones y colectivos de la sociedad civil han considerado más relevantes a lo largo de la pasada campaña electoral.

La Carta al Nuevo Gobierno con los temas que importan a las organizaciones sociales

Hemiciclo del Congreso de los Diputados, Madrid. Foto: Barcex

Con el cierre del ciclo electoral se da inicio a un nuevo ciclo político. Un ciclo en el que se consolidará el nuevo parlamento multipartidista en el que el poder está más repartido que nunca antes en democracia. La habilidad para pactar y consensuar será fundamental para aquel partido que quiera asumir el gobierno de los nuevos tiempos. Por eso, y adelantándonos a la sesión constitutiva de las Cortes, proponemos una posible hoja de ruta al nuevo Gobierno.

Lo hacemos desde las propuestas que las organizaciones y colectivos de la sociedad civil lanzaron durante la campaña electoral a los partidos que se presentaban a las elecciones. Son propuestas que hablan de los grandes retos que como país y como ciudadanía global tenemos sobre la mesa a estas alturas de la Historia. Propuestas urgentes y necesarias que plantearemos desde distintos bloques en este posible programa de gobierno.

Lucha contra la pobreza

En lo que a la necesaria lucha contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país destacan propuestas como la de EAPN, que afirma que “la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en España constituyen problemas profundos y multidimensionales que requieren de una acción política decidida para ser erradicadas. Desde 2009 la pobreza ha aumentado para toda la población española en su conjunto, afectando especialmente a las mujeres (22,2% en 2017), las personas jóvenes entre 16 y 29 (28,5%), los hogares monoparentales (40,6%), la población de origen extranjero de países de fuera de la UE (52,1%), la población que está en paro (44,6%), y aquellos/as con educación primaria (26,5%).”

Para reducir estas cifras tan alarmantes proponen “conseguir un Pacto entre los partidos políticos del arco parlamentario, a fin de hacer efectivo el derecho de la población a una vida digna, en paz y seguridad.”

Esto se complementa con el análisis de Oxfam Intermon, que considera que “España es un país desigual. La crisis económica fue especialmente cruel con las familias con menores ingresos y los cinco años de crecimiento no han mejorado su situación. (…) En este contexto pedimos a los partidos políticos que apuesten por mejorar la equidad dentro y fuera de España. Solo con políticas para construir sociedades más justas todos y todas podríamos disfrutar de los mismos derechos y oportunidades”.

Bajando a un nivel de concreción, señalan que “la reducción de la desigualdad es una prioridad política de primer nivel en España y en el mundo. Necesitamos medidas ambiciosas en empleo, protección social y fiscalidad para distribuir ingresos y oportunidades de forma equitativa”.

Para conseguir esto, Cáritas propone cuatro medidas concretas.  Se refiere, específicamente, a que “el Reino de España ratifique la Carta Social Europea revisada y su Protocolo de 1995 de reclamaciones colectivas, con objeto de hacer posible que los derechos contemplados en ella –entre otros, la protección frente a la pobreza– sean una realidad para todas las personas en todo el territorio del Estado; propone un sistema de garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal para que toda persona en situación de pobreza tenga derecho a un ingreso mínimo como medida imprescindible frente a la pobreza; la adopción de políticas públicas que hagan efectivo el Derecho Humano a la vivienda para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social y una reforma legislativa que proteja a los hogares vulnerables en caso de desalojo; y realizar los cambios legislativos necesarios para que las personas empleadas del hogar alcancen la plena equiparación de derechos y tengan garantizada una protección social completa, tal y como establece la Ley General de la Seguridad Social.

Feminismo

En el ámbito de la lucha por los derechos de las mujeres, destacamos el análisis realizado por la plataforma de organizaciones feministas, el cual señala que “desde las pasadas elecciones de 2016 ha habido tímidos avances institucionales en relación con la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país: se ha alcanzado un Pacto de Estado contra la Violencia de Género (de mínimos) y aumentado sus presupuestos, se han recuperado las competencias en igualdad para los Ayuntamientos … Sin embargo, son todavía muchas las brechas que hay que cerrar para conseguir una igualdad real y efectiva”.

En concreto sus reivindicaciones para lograr cerrar esas brechas son “la lucha contra la violencia de género, generar más empleos de calidad y reversión de los recortes que aumentan la desigualdad, cobertura suficiente de la educación infantil de 0 a 3 años y de la atención por dependencia, generar mecanismos institucionales para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres,  la aprobación de una ley integral contra la explotación sexual de mujeres en prostitución y trata, ecofeminismo como forma de entender la producción y el consumo y  educación para la igualdad”.

Lucha contra el cambio climático

La lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad del Nuevo Gobierno

Foto: Petter Redwall at Unsplash

El que sin duda es uno de los mayores retos que tenemos sobre la mesa como país y como humanidad, el cambio climático, protagoniza las propuestas lanzadas por Ecologistas en Acción y para Greenpeace. Los primeros, en su diagnóstico, señalan que “hay un cúmulo de estudios y evidencias científicas que indican con nitidez que el camino que sigue nuestro modelo socioeconómico capitalista financiero nos conduce a situaciones muy adversas para la mayor parte de la humanidad y el resto de seres vivos que habitamos el planeta (…) Aunque en ciertos ámbitos aumenta la conciencia sobre estos problemas y también los discursos sobre la necesidad de atajarlos, lo cierto es que los grandes indicadores muestran que vamos a peor. Sin ir más lejos, el último y reciente estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de marzo de 2019 deja claras dinámicas muy negativas en lo referido a la disponibilidad de agua, la contaminación química de suelos y aguas, la acumulación de plásticos y residuos en los mares, la sobrepesca, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de suelos o el rápido avance del cambio climático. Son tendencias globales, pero en las que el Estado español está plenamente inmerso”.

Por eso, desde Greenpeace apuntan las siguientes medidas como posibles soluciones: “La apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética, la implantación de servicios de transporte eficientes e inteligentes y de sistemas de gestión de residuos modernos y sostenibles, la defensa de la calidad del aire y de la salud de la ciudadanía, el abandono de proyectos desarrollistas agresivos con el medio ambiente, la agricultura de calidad, la gestión sostenible de los recursos naturales y la fiscalidad verde forman parte de la solución”.

Acogida de personas migrantes

Es necesario potenciar la acogida de personas migrantes

Foto Katie Moum at unsplash

El otro gran tema por el que nos recordará la Historia a las gentes que vivimos en estos tiempos confusos es por cómo estamos acogiendo y recibiendo a las miles de personas migrantes que llegan huyendo desesperadas de sus lugares de origen. Ante lo nefasto de la política europea, que ha convertido el Mediterráneo en una inmensa fosa común, desde CEAR señalan como prioridad “adoptar medidas para poner fin a la criminalización de la solidaridad hacia las personas migrantes y refugiadas y garantizar el respeto de los derechos humanos en la gestión de las políticas migratorias, impidiendo la pérdida de vidas humanas. Para ello, es fundamental facilitar la labor que realizan las organizaciones de rescate incrementando al mismo tiempo los recursos públicos destinados al salvamento de vidas humanas y garantizando, en todos los casos, un desembarco seguro. El gobierno español debe promover la aprobación a nivel europeo de un protocolo de desembarco seguro y predecible por el cual ninguna persona migrante pueda ser devuelta a un país en el que su vida pueda correr peligro en cumplimiento con el principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra”.

Desde un análisis del momento político y social, recuerdan que “la incertidumbre política y la utilización de las personas migrantes y refugiadas como elemento de campaña electoral han marcado la agenda en los últimos tiempos en España”. En este contexto, la organización reclama a los líderes políticos que “actúen con responsabilidad y renieguen de aquellas narrativas que dañan la dignidad y criminalizan a las personas migrantes y refugiadas, amenazando gravemente la cohesión social y la convivencia intercultural”.

Cuidado de la Infancia

La gran olvidada de entre las promesas electorales tiene su hueco relevante también entre las reclamaciones de las organizaciones. Como señala la Plataforma de Infancia, “la pobreza infantil continúa siendo un problema estructural en nuestro país. Más de 2,4 millones de niños y niñas, 1 de cada 3, están en riesgo de pobreza y exclusión social en España”.

Desde ahí, reclaman a los partidos políticos “un compromiso claro en sus programas electorales con la lucha contra la pobreza infantil”. En concreto, “un compromiso con la Proposición No de Ley de Pacto de Estado por la Infancia que se aprobó con el apoyo de todos los grupos políticos la pasada legislatura. La PNL recoge, entre otras propuestas, la necesidad de incrementar de manera progresiva la inversión en infancia del 1,4% del PIB que dedica España actualmente al 2,4% de la media Europea. Este incremento de la inversión en infancia beneficiaría a unos 2.485.000 niños y niñas y reduciría las tasas de riesgo de pobreza infantil en un 18%”.

Personas con discapacidad

Una de las propuestas más contundentes en este ámbito lo encontramos defendido por la Plataforma del Tercer Sector, la cual reclama “una reforma de la Constitución Española para dotar de rango de derecho fundamental – máximo grado de protección y garantía– a los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía española, comprendidos los de las personas con discapacidad (y sus familias), que aseguren su inclusión en la comunidad y la vida independiente, mediante la no discriminación y la acción positiva”.

En la misma línea, exigen también que se modifique el artículo 49 “para configurar la igualdad y la inclusión como derecho fundamental, actualizando el enfoque y la terminología al paradigma de derechos humanos de la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006”. Bajan, del mismo modo, a un detalle relevante y novedoso cuando reclaman “la modificación de la Ley Orgánica del Régimen General para introducir la obligación de que se incluya en las listas electorales candidatos y candidatas con discapacidad, uno al menos por cada diez, o si el número total es menor, uno por fracción”.

Cooperación internacional

No queríamos terminar esta carta al nuevo Gobierno sin compartir lo que proponen las organizaciones en materia de cooperación internacional. Es uno de los grandes medidores de la salud democrática y solidaria de un Estado y los anteriores gobiernos la han hecho morir de inanición hasta casi hacerla desaparecer. Como señala la Coordinadora de ONGD, “es necesario recuperar una política pública de cooperación fortalecida, estable, innovadora, de calidad, en la que participen los actores de la cooperación y que consiga superar los años de recortes y que deje atrás la situación de absoluta excepcionalidad dentro de los países de la Unión Europea”.

Para ello, proponen que “España deberá recuperar y situar en el centro de su acción exterior una Cooperación ambiciosa, transformadora y conectada con una ciudadanía -que ha demostrado ser comprometida y solidaria. De ese modo, se reforzará la dimensión internacional de la Agenda 2030; y se fomentará nuestro liderazgo en el seno de la Alianza Global para fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible desde el enfoque de género y de derechos humanos”.

Porque, ante los retos que vienen, “es fundamental garantizar que España asume un liderazgo, propositivo y ambicioso, en asuntos como el clima, equidad de género, migraciones, fiscalidad, derechos humanos y paz. Una apuesta que ha de realizarse desde el multilateralismo, la solidaridad y la garantía de que todas las políticas contribuyen coherentemente con el desarrollo sostenible”.

Para que no se nos olvide

Se quedan muchos temas relevantes fuera de esta carta que no ha querido abordar las luchas entre patrias de nailon. Juventud, participación democrática, sanidad, educación o empleo se escapan de los párrafos del artículo. Es consciente. Hemos querido posicionarnos desde las realidades más vulnerables. Para que no las olviden al pactar el Gobierno. Para que no se nos olvide