Hace más de seis años que Victoire Ingabire, defensora ruandesa de derechos humanos y líder del partido de la oposición FDU-INKINGI, fue detenida y acusada de negación del genocidio. Tras un juicio plagado de irregularidades y carente de las mínimas garantías judiciales, fue condenada a ocho años de prisión. Tras el proceso de apelación ante los tribunales ruandeses, su pena aumentó a 15 años.

Un nuevo varapalo que, no por ello, le han hecho rendirse. Así, el pasado 22 de marzo tuvo lugar el juicio de apelación contra el gobierno ruandés ante la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Sin embargo, el estado ruandés ha bloqueado de forma sistemática este proceso; de hecho, ni siquiera ha estado presente en la vista pública. Así, tras muchos “tiras y aflojas”, la Corte admitió la presentación de un informe por parte de la Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio (CNLG) que apoyaba las tesis del gobierno, rechazando, en cambio, el informe presentando por siete organizaciones internacionales de derechos humanos apoyando la defensa de Victoire. Además, el gobierno ruandés consiguió que una de las tres juezas que condenaron a Victoire, Thérèse Mukamulisa, ocupase una de las plazas vacantes en el Tribunal.

Sin embargo, las constantes denuncias de las organizaciones de derechos humanos, del Parlamento Europeo y de las Naciones Unidas, provocaron que el gobierno ruandés decidiera retirarse del caso ante la Corte y no presentarse al juicio, alegando que los jueces habían sido corrompidos por algunas de las agencias internacionales de cooperación que les dan financiación o por algunas ONGS internacionales de derechos humanos. La intención del gobierno es clara: no aceptar en ningún caso la sentencia emitida por los jueces de la Corte y cuestionar su legitimidad. Esta decisión tendrá graves consecuencias que repercutirán negativamente en las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Ahora las partes deben presentar sus conclusiones. El caso entra en fase de deliberación. Victoire continúa encarcelada en Kigali desde donde sigue luchando por su libertad.

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