En los días en los que este número de nuestra revista llega a imprenta multitud de líderes europeos han salido a la palestra para reivindicar los Derechos Humanos. Ha sido, claro, con motivo del autonombramiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela y mientras se daba un ultimátum a Nicolás Maduro para que abandonase el poder y convocase, otra vez, elecciones.
Sin embargo, la efusión por este desborde de invocaciones a los Derechos Humanos por parte de nuestros líderes ha durado más bien poco. Tan poco como el tiempo que se tarda en girar la cabeza del televisor (o de las redes) y mirar hacia el Mediterráneo.
A la vez que estas declaraciones solemnes se multiplicaban, se prohibía al último barco de rescate que quedaba en activo que volviera a salir al mar para realizar sus imprescindibles labores. Hoy, mientras escribimos estas líneas, no queda un solo barco en el Mediterráneo atendiendo a la que es la mayor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial.
En España son dos las embarcaciones a las que se ha prohibido salir, el Aita Mari y el Open Arms, bajo las más rocambolescas excusas. Les reprochan el no querer dejar a las personas migrantes rescatadas en el puerto de Libia (lo que es tanto como dejarles en manos de la violencia segura). También que no son barcos seguros y que los refugiados corren riesgo si se suben (¿más que en sus balsas de plástico en medio del mar?).
Según Open Arms, a estas horas que escribimos nuestro editorial van 313 muertos por omisión de socorro en el mar. ¿Y exigimos Derechos Humanos?
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