Guatemala es uno de los países que más ha sufrido a lo largo de su historia antigua y reciente. Un lugar en el que es difícil imaginar que se pueden cambiar las cosas; mucho más difícil que en España, desde luego. Un país con una mayoría de población indígena, que vive en condiciones sociales muy difíciles en el medio rural, en su mayoría en zonas de selva y montaña, que sufre casi cada año situaciones de emergencia alimentaria recurrentes. Un país que ha vivido la segregación social y racial desde hace cientos de años y que vivió la guerra más sangrienta del continente en el siglo XX, con 200.000 personas asesinadas de una población que no llega a los diez millones no hace ni 30 años.

Y un país en el que los acuerdos para el final de la violencia no trajeron la paz o la justicia social, el país de la región con más armas por habitante y en el que las muertes y la violencia son, desgraciadamente, parte de la vida cotidiana. Además, sigue siendo el país en el que menos impuestos se pagan y, por lo tanto, menos recursos se dedican a políticas públicas para integrar a las poblaciones excluidas, en especial la población indígena en el medio rural. Un país de ricos y pobres, de familias con todo y mayorías con muy poco y sus derechos sin verdadero reconocimiento.

Y un país cuyo presidente es, en la actualidad, Otto Pérez Molina, un general retirado del ejército (de ese ejército responsable de la mayoría de esas 200.000 muertes hace tres décadas).

Las injusticias y atropellos que se producen contra la población indígena son muchas. Me detengo en una: 769 familias, unas 4.000 personas, fueron expulsadas con violencia de las tierras en que vivían desde tiempos ancestrales y llevan tres años viviendo en las cunetas, en el Valle del Polochic. No había títulos formales de propiedad y se autorizó a que, en la tierra en que vivían, una empresa desarrollase una explotación agraria. Como si no fueran personas, como si no existieran. Se les expulsó con violencia, hubo muertes, se les despojó de todo lo que tenían y se rompió su vínculo con la tierra en que nacieron.

Las familias se organizaron. Denunciaron lo ocurrido al tiempo que se organizaron para sobrevivir. Acudieron a organizaciones nacionales (como el Comité de Unidad Campesina, CUC) a denunciar su caso e impulsaron una marcha campesina para demandar atención al Gobierno, que prometió, hace dos años, una solución.

Pero no pasaba nada y, ante la desesperación, decidieron buscar nuevos apoyos; en este caso se tejió una red de trabajo y apoyo internacional, con el CUC y Oxfam Intermon, una ONG internacional. Se trabajaron piezas de comunicación, documentales, se estableció una estrategia de activismo -107.000 personas de 55 países apoyaron su causa, la mayoría desde España- demandando al Gobierno que cumpliera su palabra y entregase a las familias tierras para vivir.

Tras muchas tensiones, por fin llegó el acuerdo y el 19 de octubre se produjo la primera entrega de tierras a 140 familias. Lloraban de emoción por los años de lucha, las pérdidas humanas y al ver que, por fin, se hacía justicia. El propio presidente, en un acto en el medio rural en territorio indígena, asumió la responsabilidad por su lentitud y se comprometió a la reparación a todas esas familias.

Las organizaciones recordaron que este es solo un caso y se deben resolver otros muchos, pero su victoria demuestra que, hasta en las condiciones más extremas, con trabajo en red, con apoyo y solidaridad internacional entre organizaciones y personas, se puede cambiar la realidad. Es el «Sí se puede» más difícil… ¿Cuántos más están por conseguirse?