Cualquiera podría pensar que, normalmente, elegimos todo lo que comemos. Hacemos la compra o vamos al restaurante, sabemos lo que nos gusta y lo que no, tenemos nuestras marcas preferidas, nuestra frutería de confianza… Pero es importante caer en la cuenta de que, en ocasiones, esta elección no es posible.
¿Cuándo? Fundamentalmente se dan dos casos: los comedores escolares y los hospitales. Cuando nuestros hijos e hijas pasan por allí, no tenemos ninguna capacidad de controlar el origen de sus alimentos, al igual que cuando tenemos que pasar por una etapa de hospitalización o tiene que pasarla algún familiar. Aunque también se podría hablar de otros casos, como las residencias de personas ancianas, las cárceles… En todos esos lugares es una instancia pública quien decide qué alimentos se compran, a quién y a qué precio.
Ante esta realidad, la organización VSF Justicia Alimentaria Global ha puesto en marcha la campaña “Cortocircuito” para promover frente a las administraciones públicas la compra de proximidad. La iniciativa llama a la implicación de los entes públicos como impulsores de los mercados alimentarios locales, por una alimentación sana, por la revitalización de las áreas rurales, por la protección del medioambiente y la biodiversidad, así como por la promoción de un sistema alimentario justo.
Las administraciones públicas destinan entre 2.000 y 3.000 millones de euros a las compras alimentarias (colegios, hospitales, centros penitenciarios, bancos de alimentos). Así, la compra pública tiene una gran capacidad para orientar los mercados hacia un modelo económico más justo y sostenible, debido al gran poder de compra de las administraciones públicas, aproximadamente un 17 % del PIB en el ámbito europeo (13 % en España).
Sin embargo, esta compra está, en cierta, manera “privatizada”. Grandes corporaciones transnacionales del catering han encontrado un nuevo mercado donde expandirse. La restauración colectiva y social ha experimentado un rápido proceso de concentración empresarial. Actualmente solo dos empresas, Serunión y EurestCompass controlan en España una de cada cuatro comidas servidas en hospitales y escuelas.
Ahora pocos colegios tienen cocina, de manera que los centros están prácticamente obligados a recurrir a estas empresas. La mayoría de caterings ofrecen menús de línea caliente, es decir, que se cocinan por la mañana y se envasan en recipientes isotérmicos para mantenerlos a una temperatura de 65 grados.
La expansión de estas empresas de catering de primero y el abandono de las cocinas de segundo son los platos del menú que caracterizan el estado de la restauración colectiva en nuestro país. Y de postre, ¿sabemos de dónde proceden y qué implicaciones sociales y económicas tienen los alimentos que se compran destinados a estos servicios públicos?
Ante esto, la campaña puesta en marcha por VSF Justicia Alimentaria Global señala que es imprescindible y urgente la puesta en marcha de políticas públicas que impulsen y favorezcan las iniciativas de compra pública de alimentos basada en una producción local y familiar. Que los alimentos con los que se cocinan esas comidas provengan de un radio corto de kilómetros a la redonda no solo favorecerá un ahorro en los costes de transporte y en las emisiones de CO2, sino que apoyará el desarrollo económico de las empresas españolas. Sería una excelente oportunidad para un sector agrario en crisis, ya que los mercados locales son clave para viabilidad de las actividades agrarias y para el mantenimiento de una agricultura y un medio rural vivos.
La compra pública alimentaria es una acción multiplicadora, de aquellas que, como las fichas de un dominó, provocan cambios en cascada.
Para más información sobre la campaña «Cortocircuito»:
http://vsf.org.es/cortocircuito
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