La eterna injusticia de la tierra en Paraguay

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Foto. Amnistía Internacional. Paraguay es un país en el centro de Sudamérica del que se sabe poco a nivel internacional. Podría decirse que es el gran desconocido latinoamericano, fuera de las grandes rutas turísticas y fuera del foco de los medios de comunicación. Con una extensión similar a la de España, tiene poco más de 6’5 millones de habitantes, es decir, tiene kilómetros y kilómetros de tierras que son codiciadas por las multinacionales agroalimentarias acaparadoras de recursos.

Gran parte de estos terrenos pertenecían tradicionalmente a los pueblos indígenas paraguayos, que han sido expulsados y obligados a salir de su hogar. La falta de reforma agraria agudiza los conflictos sociales en un país en donde más del 85% de la tierra está en manos del 2% de la población. La desigualdad en la distribución de tierras y el aumento de familias que no tienen terrenos para cultivar hacen cada vez más difícil el acceso a los alimentos en un país donde, paradójicamente, la agricultura es una actividad clave para el crecimiento económico.

Décadas de inclumplimiento

Un ejemplo es el centenar de familias de la comunidad sawhoyamaxa, de etnia exnet, que durante más de dos décadas se han visto obligadas a vivir en condiciones deplorables al lado de una carretera muy transitada, que une las ciudades de Pozo Colorado y Concepción, debido a que sus tierras ancestrales –ubicadas en el desierto del Chaco– están en manos privadas.

Desde 2006 existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a Paraguay a restituir sus tierras tradicionales a la comunidad en un plazo de tres años. El plazo venció el 19 de mayo de 2009. Sin embargo, pese a las repetidas reclamaciones del pueblo sawhoyamaxa, las autoridades paraguayas no han cumplido con la sentencia. Ante esto, a finales del pasado mes de marzo, las familias sawhoyamaxa entraron de vuelta, por sus propios medios, al lugar donde históricamente residían.
Foto. Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA.
La ONG Amnistía Internacional ha pedido repetidamente al gobierno paraguayo que solucione de manera urgente y definitiva las reclamaciones territoriales indígenas. “La entrada de los miembros de la comunidad a las tierras que reclaman se debe a la falta de actuación de las autoridades de Paraguay”, explica María José Eva, investigadora de América del Sur de Amnistía Internacional. “Al no cumplir con su obligación, las autoridades han condenado a los sawhoyamaxa a la desesperación de ver que sus derechos son repetidamente ignorados”.

Para la comunidad, la recuperación de su tierra ancestral es fundamental para su supervivencia. “Sin estas tierras, corremos el riesgo de desintegrarnos como comunidad”, aseguraron las familias sawhoyamaxa en un comunicado emitido justo después de acceder a sus tierras. Según Amnistía Internacional, el actual propietario de las tierras habría ya presentado una denuncia por invasión de inmueble ajeno. “Confiamos en que las autoridades garanticen la integridad física de la comunidad en todo momento a la vez que priorizar una solución que permita la restitución de las tierras ancestrales”, afirma la representante de la ONG.

Pero no solo son los pueblos indígenas y las organizaciones no gubernamentales quienes se enfrentan al gobierno. Hace algunas semanas, el Estado paraguayo fue sometido a revisión ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Durante la sesión, varios miembros de este Comité exhortaron a Paraguay a demostrar con hechos concretos su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo medidas concretas para la restitución de las tierras a esta comunidad.

También, recientemente, la ministra de Justicia y Trabajo, María Lorena Segovia, visitó a las familias indígenas y anunció la conformación de una comisión negociadora para llegar a un acuerdo con el propietario sobre la venta de las tierras. “Sin embargo, los distintos gobiernos que han dirigido el país en los últimos años han desatendido estas demandas”, señala María José Eva, “ya no se puede aplazar más una solución definitiva a este asunto”.

Las comunidades indígenas saben que tienen el respaldo de las leyes vigentes y de gran parte de la opinión pública de Paraguay. Los organismos internacionales también están pendientes de las acciones del actual gobierno, que también empiezan a adherirse a la pregunta que persigue a la comunidad: ¿por qué Paraguay vende tierras de indígenas?

Sin tierra y sin miedo

Foto. Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA.

En el país de los y las guaraníes la tierra lleva vendiéndose y usurpándose desde hace décadas, incluso siglos. Para misiones, para colonias de menonitas (Iglesia cristiana de origen ruso que lleva cerca de 90 años en asentamientos en el Chaco paraguayo), para grandes haciendas y, más recientemente, para establecer grandes cultivos de soja. El problema de la tierra, su acaparamiento o su venta ilícita, ha sido una constante.

Y esto se sigue haciendo hoy por hoy, incluso desde instancias públicas. Tal y como reveló el diario paraguayo ABC Color, el Instituto del Indígena (Indi), bajo el mando de Rubén Quesnel, vendió las 25.000 hectáreas de tierras históricas del pueblo ayoreo a una ciudadana vinculada estrechamente a un poderoso grupo empresarial productor de soja. Tierras que acaban deforestadas y arrasadas. “Yo no quiero ver ningún guaraní [la moneda paraguaya] sobre esas tierras, yo quiero las tierras”, repitió insistentemente Unine Cutamoraja, líder de la comunidad Cuyabia, al ser consultado sobre su posible interés en parcelar el territorio y vender partes de él. Visiblemente ofendido, Cutamoraja explicó que ahí vivían sus ancestros y es ahí donde ellos prefieren seguir viviendo.

Definitivamente, si Quesnel hubiera consultado a la comunidad antes de vender las tierras, la negativa del grupo no hubiera permitido que la venta se llevara a cabo. Sin embargo, al no realizar la consulta, Quesnel violó el Artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece claramente que los pueblos indígenas “tienen el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra” y se prohíbe “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.

El grupo de indígenas, con la asesoría de un despacho de abogados de la organización Tierraviva, es consciente de sus derechos y quiere pelear por ellos. No tienen miedo y continuarán su lucha para recuperar definitivamente la tierra que les pertenece.

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