La pérdida de derechos derivada de la crisis del COVID —y, sobre todo, de cómo se ha afrontado—no afecta sólo a las personas y colectivos directamente perjudicados, sino a toda la sociedad y a la misma calidad de la democracia. Una sociedad desigual es una sociedad enferma. En cierta manera, los propios derechos pierden sentido porque, cuando no son universales en la práctica, se convierten en privilegios. Echemos una mirada a cómo están quedando el panorama de los derechos humanos en la era COVID, empezando por los derechos económicos y sociales.
Los significativos recortes en políticas públicas esenciales como sanidad, educación y dependencia con que se decidió hacer frente a la crisis financiera de 2008 tuvieron consecuencias graves, que ahora han quedado patentes. No sólo hubo recortes, casi nunca revertidos cuando las cifras macroeconómicas mejoraron. Las medidas fiscales y legislativas que se acometieron tras aquella crisis castigaron de forma especial a las personas de menor renta y aumentaron la precariedad laboral. Al otro extremo de la escala social, por el contrario, le está yendo muy bien. Está ocurriendo otro tanto, como lo explica muy bien Jaime Atienza en su artículo “La pandemia dispara la desigualdad y la pobreza”.
Derecho a la salud
Si algo ha puesto de manifiesto la crisis del COVID-19 han sido las debilidades de nuestro sistema sanitario, pero los recursos no escasearon sólo por el incremento de las necesidades; también porque el sistema se había ido debilitando. El gasto público en salud se redujo un 11,21% entre 2009 y 2018, y la atención primaria (AP), primer y decisivo eslabón de la sanidad, eficaz cortafuegos para evitar el colapso de los hospitales y la propagación de enfermedades, fue también el primer afectado por los recortes. Entre 2011 y 2017, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gasto sanitario por habitante en España descendió un 13%. Amnistía Internacional (AI) denunciaba el pasado febrero que España lleva 12 años desoyendo recomendaciones internacionales sobre atención primaria y vulnera el derecho a la salud de pacientes no COVID.
El problema no es la escasez de fondos, sino las prioridades
Según el informe de AI, “En las primeras semanas de la pandemia hubo escasez de equipos de protección individual (EPI) de calidad. Como consecuencia, el personal se vio obligado con frecuencia a recurrir a protecciones inadecuadas o a reutilizar materiales concebidos para un solo uso. El personal sanitario de centros no hospitalarios, como los de atención primaria y las residencias de personas mayores, recibió los EPI con más retraso”.
El problema no es la escasez de fondos, sino las prioridades. Si algo ha evidenciado esta crisis es qué es realmente importante: los cuidados. Sin embargo, los responsables de las políticas públicas parece que no lo entienden así. Incluso se blindó en la Constitución (que se ve que sí es fácilmente reformable para según qué) supeditar el gasto social (que se debería llamar inversión) al pago de la deuda. Es decir, pagar intereses a los bancos antes que garantizar el acceso de la población a la sanidad, la educación o la atención a personas dependientes.
El presupuesto del Ministerio de Defensa se ha incrementado notablemente. España está entre los 20 países con gasto militar más elevado (además de ser el séptimo exportador mundial de armas). «Si hubiéramos utilizado criterios de seguridad humana -denuncia el Centre Delàs- para contar con una pequeña parte de los recursos asignados a la militarización y el armamento en la última década (206.745 millones de euros desde 2008), sin duda tendríamos un sistema de salud pública más robusto y eficaz». Concretando: un tanque Leopard cuesta 11 millones de euros. Un avión Eurofighter, 90. Un centro de salud: 5 millones. Con el dinero gastado en un tanque y un avión se pueden construir 20 centros de atención primaria.
Si miramos más allá de nuestras fronteras, vemos que los países ricos están acaparando vacunas muy por encima de sus necesidades. Según el Global Health Innovation Center de la Universidad de Duke, Canadá, con 38 millones de habitantes, ya ha firmado la compra de 230 millones de vacunas; es decir, más de 6 vacunas por habitante, y otro tanto ocurre con EEUU, Reino Unido o la Unión Europea.
La OMS, junto a varias organizaciones internacionales de salud pública, ha puesto en marcha un programa llamado COVAX, cuyo objetivo es que, a finales de 2021, el 20% de la población de los países más pobres esté vacunada. De lo contrario, podríamos llegar al absurdo de que sobrasen vacunas en los países más ricos, mientras personal sanitario o personas mayores de los países más pobres estuviesen sin vacunar.
Que las vacunas –cuya investigación ha sido financiada en un 80% con dinero público- estén sujetas a patentes en medio de una pandemia mundial tampoco ayuda. Además de ser un hecho escandaloso, como muchas organizaciones denuncian.
Derecho a una vivienda digna: Gente sin casas, casas sin gente
Según el Consejo General del Poder Judicial, más de 16.000 familias fueron desalojadas de sus casas durante el primer año de la pandemia. En principio durante el estado de alarma no se podían ejecutar, pero sólo hay que consultar la hemeroteca para saber que no fue así (sigue sin ser así).
Un informe publicado recientemente por la Fundación Arrels constata que la edad media de los sintecho ha bajado de los 44 a los 41 años del 2016 al 2019; el 13% tienen entre 16 y 25 años frente al 8% del 2016. De este grupo, el 95% son migrantes y un 56% ha vivido en un centro de acogida de menores. Sólo en Barcelona, al menos 15 personas sin techo han muerto en los tres primeros meses de 2021. Pero en todo el Estado no se les considera colectivo prioritario para ser vacunado.
Una vez más, es el resultado de especular con necesidades básicas, sometiendo a la lógica del mercado (en realidad, de los mercaderes) los derechos humanos. La situación ha empeorado, en cantidad y calidad, con la entrada de nuevos actores de inversión y gestión inmobiliaria, grandes empresas que no conocen fronteras, los fondos buitre, que buscan en el alquiler su nuevo modelo de negocio. En muchas zonas urbanas, los alquileres superan ampliamente la mitad de los ingresos de la familia, cuando no deberían superar el 30%.
“Si la vivienda es un derecho, acumular viviendas vacías debería ser delito”
La Relatora Especial de la ONU sobre una vivienda adecuada advierte en su informe Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada de marzo 2020 que la fórmula para resolver la crisis de la vivienda es “una respuesta basada en los derechos humanos”. Las directrices que recomienda son: regular el precio de los alquileres, sancionar la vivienda vacía y prohibir los desahucios sin alternativa. En algunos países se ha limitado el precio de los alquileres y limitado el uso turístico de las viviendas, pero en España, traicionando promesas electorales y compromisos firmados, se han descartado ambas medidas.
Más corto lo escribía Javier Gil en Twitter: “Si la vivienda es un derecho, acumular viviendas vacías debería ser un delito”.
Derecho a un trabajo decente
Las consecuencias de la pandemia (sobre todo, insisto, de cómo se le hace frente) en el mundo laboral son muy relevantes y se han dejado sentir de manera desigual. La peor parte se la llevan quienes ya estaban en situación más precaria, mujeres, jóvenes y trabajadores de baja cualificación. En los sectores más afectados por la destrucción de empleo, el 73% de las personas trabajadoras corresponden a grupos de cotización bajos. Los ingresos de los trabajadores con salarios bajos se han reducido casi un 10% durante este año pandémico, mientras que entre aquellos con mejores sueldos el porcentaje apenas llega al 2%.
Diversas modificaciones legales, especialmente la reforma laboral de 2012, ya empeoraron considerablemente las condiciones laborales. Siete de cada 10 despidos ocurridos durante el inicio del confinamiento fueron a contratos temporales. La tasa de temporalidad sigue siendo muy elevada. Las condiciones de temporales y fijos se han igualado por un empeoramiento de las condiciones de los fijos.
El teletrabajo apareció como una especie de panacea, pero la realidad es que durante el confinamiento tuvo –y sigue teniendo– “víctimas colaterales”. Según la EPA (Encuesta de Población Activa) de agosto pasado, en el segundo trimestre de 2020 los asalariados españoles llegaron a trabajar gratis 3.798.700 horas semanales. Además, muchos de estos empleados, especialmente mujeres, trabajaron desde casa, con sus propios medios, mientras se hacían cargo de sus hijos -las escuelas se cerraron durante el confinamiento duro- y de personas mayores dependientes.
El teletrabajo , que apareció como panacea, genera “víctimas colaterales”
Los colectivos más perjudicados son las mujeres y las personas migrantes en situaciones administrativas diversas, cuya situación reclama a voces una regularización, como vienen reclamando, junto a los afectados, un gran número de organizaciones defensoras de los derechos humanos y amplias capas de la sociedad. Se calcula que la probabilidad de perder el empleo para la población inmigrante es de un 149% sobre la autóctona.
En cuanto las mujeres, en febrero se ha registrado un incremento de 31.404 paradas más hasta alcanzar 2.304.779, mientras que el desempleo masculino subió en 13.032, situándose en 1.704.010; un crecimiento de más del doble, que ensancha una brecha la salarial que, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), está por encima del 23 %, retrocediendo a los niveles del 2013. Harán falta 121 años para cerrar esta brecha en España, según cálculos de los Técnicos de Hacienda (Gestha). Si se toman medidas, claro está.
Mención aparte merecen las camareras de piso en hoteles, conocidas como las kellys (’las que limpian’), un colectivo que ha visto agravadas sus ya precarias condiciones laborales. “Calculamos que unas 70.000 kellys en España han sido despedidas ilegalmente por los hoteles a través de las subcontratas, sin carta de despido, con baja en la seguridad social, y ya te llamaremos”, se quejan en su cuenta de Twitter.
Con objeto de “no dejar a nadie atrás” en la crisis, el Gobierno implementó medidas como la flexibilización de los ERTES, las ayudas a autónomos, la moratoria en el pago de alquileres o el subsidio para las trabajadoras de hogar, así como el Ingreso Mínimo Vital (que no es lo mismo que Renta Básica), aunque el retraso con el que se produjeron hizo que muchas familias sin capacidad de ahorro se vieran con el agua al cuello durante semanas, incluso meses.
Hablando de autónomos: la caída de ingresos, aumento de gastos y merma o desaparición de la capacidad de ahorro se da de una manera más intensa entre este colectivo, el 70% de los cuales ha visto cómo su facturación se reducía, según un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufín). «En enero –señalan- se perdieron los 14.000 autónomos que se habían ganado en 2020”. El resultado es que, siempre según la misma fuente, se están viendo obligados cada vez con mayor frecuencia a hipotecar sus casas y negocios para seguir vivos.
Puesto que todos los colectivos citados están formados por seres humanos, los impactos emocionales y psicológicos se dejan sentir
Puesto que todos los colectivos citados están formados por seres humanos, los impactos emocionales y psicológicos se dejan sentir. En un especial de Público sobre las repercusiones de la pandemia, la psicóloga del trabajo Isabel Aranda advierte que las consecuencias psicológicas pueden ser realmente graves si no se toman medidas inmediatas, ya que muchos trabajadores están viviendo situaciones de estrés prolongado.
“Las personas están absolutamente agotadas. Hay gente que lleva un año trabajando sin parar y se encuentra desbordada de trabajo, como el personal sanitario. El impacto social es brutal, nos estamos encontrando entre un 20 y un 40% de incidencia muy severa, de personas que han enfermado por depresión y otras patologías”, explica.
Quienes ni siquiera tienen empleo aún lo tienen peor. Explica la psicóloga que “si una persona está en búsqueda activa de empleo, el cómo se sienta psicológicamente pasa a un segundo plano porque lo más importante es encontrar trabajo”. Estas personas se ven abocadas a “la inseguridad, la ansiedad y el estrés” al constatar la altísima dificultad que van a tener para encontrar trabajo. “Esto va a derivar en un problema social importante, ya no laboral sino social, de salud psicológica”, concluye.
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