Los derechos fundamentales no admiten suspensión en estados de alerta. Un informe reciente de Liberties y Greenpeace denuncia, no obstante, que, desde el inicio de la pandemia, «los gobiernos de la UE han impuesto restricciones desproporcionadas a las libertades cívicas, obstaculizando el activismo y la participación democrática». En España, además, nos ha pillado bajo la Ley Mordaza (oficialmente, de seguridad, pero no está claro de quién ¿o sí?), que ha facilitado que durante esta época rara haya habido cientos de miles de sancionados y miles de detenidos, con criterios dispares y arbitrarios. Siempre con el argumentos de proteger el derecho a la salud.
Sin embargo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU afirma que «El derecho a la salud está fuertemente relacionado con la eficacia de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad, la vida, la no discriminación, a la igualdad, a la prohibición de la violencia y la tortura, la intimidad, el acceso a la información y la libertad de asociación, reunión y circulación».
El COVID-19 se ha convertido en la tormenta perfecta para el control social. Las gentes que han hecho estas pintadas en los puentes de la AP-7 lo han visto claro: faltaba agregar «84»: COVID 1984.
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