La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, los indígenas de la Sierra Norte de Puebla, mejor conocidos como Los Defensores del Agua, que fueron encarcelados injustamente por defender el derecho de su comunidad al agua. Ambos estaban en la cárcel desde enero de 2010. Amnistía Internacional y otras organizaciones de México han contribuido a su liberación. Durante su declaración y el resto del proceso, los indígenas no pudieron ser asistidos por un intérprete de su lengua, el náhuatl. La Suprema Corte ha entendido que las pruebas de cargo y las de descargo no fueron ponderadas con el mismo estándar y que los testigos habían incurrido en inducción debido a sus omisiones.
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