No hay salud sin justicia y solidaridad

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Hasta el 1 de septiembre el Estado español era, junto a Bélgica, Francia e Italia, uno de los países europeos cuya legislación protegía la gratuidad de la atención sanitaria para las personas migrantes en situación irregular. Aunque en la práctica dicho acceso no era siempre real, el sistema sanitario español permitía que, conociendo recursos y recovecos, una parte de este colectivo accediera a los servicios.

No obstante, al “calor” del ajuste estructural y con la excusa de la crisis económica, el Gobierno ha decidido anular la universalidad de la gratuidad en la atención, excluyendo a las personas extranjeras mayores de 18 años no registradas ni autorizadas como residentes en España. Estas personas solo serían atendidas en caso de embarazo, parto y puerperio y recibirían atención de urgencia en caso de enfermedad grave o accidente.

pag4_temadeportada1_web-9.jpgCon esta decisión, el Gobierno de Mariano Rajoy ha eliminado de un plumazo uno de los aspectos más dignos, destacables y solidarios del sistema de protección social de este país.

El ejecutivo ha planteado dos tipos de argumentos para justificar la medida. Un argumento es que el sistema sanitario es deficitario y, por tanto, hay que recortar gastos para hacerlo sostenible. No obstante, en opinión de diversos colectivos y organizaciones sociales, compartimentar el presupuesto nacional pretendiendo que servicios básicos como la salud no tengan déficit niega los cimientos de la protección social. Lógicamente, es deseable reducir gastos que son innecesarios en el sistema sanitario, pero si se trata de alcanzar el déficit cero en el presupuesto general del Estado, ¿no tiene más sentido reducir los gastos en partidas más grandes y cuestionables como las destinadas a armamento? Por el contrario, en un contexto de crisis, el gasto en salud debería mantenerse o incluso aumentarse, según se anticipe que puedan aumentar las necesidades. Eliminar el déficit en salud es una opción política y no una alternativa ineludible, como se intenta transmitir.

El otro argumento es que hay personas que se aprovechan del sistema puesto que no cotizan a la Seguridad Social y, por tanto, no merecen recibir una atención gratuita, como el resto de residentes en el país. Sin embargo, el hecho de que existan personas que migraron a España para realizar un proyecto de vida y que actualmente no acceden a un puesto de trabajo o están fuera del sistema de Seguridad Social, ¿debe ser considerado un fracaso de esas personas individualmente, o lo es del conjunto del Estado al no haber podido vincular la gran necesidad de cuidados y productividad en el país con las capacidades de las personas nativas o extranjeras que buscan un empleo? La política de “chivo expiatorio” en este caso es evidente, además de basarse y alentar discursos xenófobos inaceptables en un país que se llama a sí mismo democrático.

Vulneración de derechos

Diversos sectores de la sociedad han respondido ante la medida. En general hay consenso en que una reforma sanitaria –así como otra reforma fiscal y otras más estructurales– es necesaria. No obstante, ni la forma en que ha sido elaborada, ni el resultado final recogen el sentir del gremio médico, de los colectivos de profesionales sanitarios, ni de organizaciones sociales, incluidas las de inmigrantes. De esta manera, la reforma, aun sin haber entrado en vigor, afecta a uno de los principios del Estado de Derecho y los Derechos Humanos: el de la participación.

Entre los planteamientos más destacables de los actores sociales que se han manifestado en contra de la medida está que supone una ruptura de uno de los sellos distintivos del sistema sanitario español hasta el momento y de un importante sector de la sociedad española: la solidaridad.

Con esta decisión el Estado español estará desoyendo las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas e incumpliendo sus obligaciones en materia de protección del derecho a la salud, pues dejaría desprotegido a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad: las y los migrantes en situación irregular. En concreto, pasaría por alto la recomendación explícita que el Comité remitió al Estado español en mayo de 2012, sobre la erradicación de la discriminación que sufre la población inmigrante en relación a sus derechos económicos, sociales y culturales.

Consecuencias y respuestas

pag4_temadeportada2_web-8.jpgDesde una perspectiva más integral, la reforma afecta, además, a los principios de universalidad, progresividad, equidad y participación, así como al derecho a la vida. Además, se agudizará la particular vulnerabilidad de la salud de las mujeres migrantes. Los únicos servicios a los que las migrantes en situación irregular podrían acceder sin coste son los de emergencia y la atención al embarazo y el parto. Con esas limitaciones, ¿qué pasará con la atención frente a la violencia de género? ¿Tendrán que esperar las mujeres hasta tener lesiones físicas graves para recibir atención sanitaria? ¿Cómo podrán ejercer estas mujeres su derecho a decidir sobre el número de hijos que deseen tener?

Si bien la medida se ha lanzado con el pretexto del déficit cero, varios análisis han coincidido en anticipar su escasa aplicabilidad al tiempo que pobres resultados en términos presupuestarios. La reforma afecta a casi un millón de personas migrantes que generan apenas el 5% del gasto sanitario. Por otro lado, las posibilidades de que los sistemas sanitarios de los países de origen de las y los migrantes en situación irregular se hagan cargo de los gastos de sus ciudadanos y ciudadanas en España son remotas, dada los limitados recursos de los que generalmente disponen y la escasa atención que dichos colectivos suelen recibir de sus gobiernos en general. ¿Se propone el Gobierno español embargar embajadas? ¿Nos tocará ver desahucios en estos casos?

La reforma sanitaria, además de inaceptable e ineficaz, acarrea riesgo para la salud pública. De manera directa, para las personas migrantes en situación irregular, pues habrán perdido el acceso a la atención primaria de salud y solo serán atendidas en momentos de emergencia, para luego ser “dadas de alta”, aunque no estén recuperadas. Para quienes sufren enfermedades crónicas, es un golpe muy serio a su bienestar y a su entorno directo, pues el deterioro de su salud acarreará más necesidades de cuidado que muy probablemente serán resueltas finalmente por las mujeres de sus familias, en menoscabo de sus proyectos personales. En el caso de las enfermedades infectocontagiosas, el riesgo es aún más amplio porque se sumaría la expansión de dichas enfermedades a otros sectores de la sociedad. Considerando que la población nativa no necesariamente dispone de las defensas necesarias para sobrellevar determinadas enfermedades –por no haber recibido vacunas o por cuestiones ambientales– el riesgo es muy importante.

Como bien ha transmitido el Gobierno, la reforma sanitaria no es una medida aislada, sino un paquete de ajuste estructural, similar a los que se llevaron a cabo hace dos décadas en varios países de América Latina, la región del mundo más desigual hoy por hoy, más allá de los aparentemente alentadores indicadores macroeconómicos. Dichos ajustes son introducidos de manera sistemática por actores como el FMI en diferentes países del mundo y responden a una ideología capitalista neoliberal que está también en el origen de la denominada crisis económica. Así, la salud, entre otros bienes sociales, se vuelve moneda de cambio y pasa a ser objeto de las “leyes” de la oferta y demanda, de la especulación y de los intereses de las industrias farmacéuticas, compañías de seguros y de las operadoras privadas de salud. Todo un retroceso en materia de solidaridad y derechos humanos.

En este difícil escenario, resulta alentadora la respuesta que se ha estado dando a la reforma sanitaria desde la sociedad civil.

Comunicados, campañas de recolección de firmas para su modificación, denuncias ante instancias nacionales y locales, campañas de objeción de conciencia por las y los profesionales sanitarios, manifestaciones, acampadas, entre otras, son contundentes acciones no violentas, mediante las cuales muchas personas han evidenciado que no están dispuestas a permitir el avance de esta reforma.

Dado que estas iniciativas han tenido un eco limitado en las decisiones del Gobierno, será importante que el conjunto de la sociedad se siga pronunciando y se implique tanto en las acciones de incidencia para cambiar la reforma sanitaria como en las que pretenden responder a las necesidades directas de la población afectada de manera solidaria. Entre las propuestas en marcha, son especialmente alentadoras las que se orientan a aprender a gestionar colectivamente la salud y los servicios sanitarios para responder con justicia y equidad a las necesidades de todas las personas.

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