La madrugada del 6 de febrero de 2014 la playa fronteriza del Tarajal, en Ceuta, amanecía teñida por el luto. Tras un intento de paso a suelo español a través del mar por parte varias personas migrantes, al menos de catorce de ellas morían ahogadas y una resultaba desaparecida sin que nunca más se haya recuperado su rastro. Lo hacían bajo las balas de goma y los botes de gases lacrimógenos de la Guardia Civil. Este mes, cuando se cumplen tres años de sus muertes, sigue sin hacerse justicia.
Los hechos
Todo sucedió en las primeras horas del día 6 de febrero de 2014, antes de que amaneciera. Unas 200 personas se habían preparado para atravesar la frontera que separa Marruecos de España a través del mar aprovechando la marea baja. El punto elegido era el espigón del Tarajal, una zona concreta de la línea fronteriza ceutí en la que según se encuentre el nivel del mar no suele resultar complicado atravesarla a nado o incluso a pie en algunos tramos. Así lo hicieron menos de un año antes otro grupo numeroso de personas migrantes, logrando muchas de ellas la entrada con éxito a las playas de Ceuta.
Con lo que no contaban los jóvenes que bajaban corriendo desde los bosques de Marruecos para cumplir el sueño que llevaban persiguiendo durante meses o incluso años era con que aquella mañana de febrero la reacción que les esperaba iba a ser muy distinta a la habitual. Una vez entraron en el agua pertrechados con rudimentarios ingenios caseros fabricados para facilitar la flotación vieron con asombro cómo las unidades de la Guardia Civil desplazadas hasta la zona, en lugar de prestarles socorro, comenzaban a dispararles. En mitad de la noche, como se encontraban, era difícil identificar que lo que les estaban disparando eran balas de goma y botes de gas lacrimógeno mientras hacían esfuerzos por mantenerse en la superficie del agua. Rodeados por la patrullera naval y el grupo de antidisturbios de la Guardia Civil (GRS) por un lado y la policía fronteriza marroquí por el otro, las personas que habían logrado alcanzar el agua se amontonaban presas del pánico. Cada detonación en medio de la oscuridad aumentaba la ansiedad y, según el relato de los testigos, cada impacto de bala de goma sobre las personas que luchaban por no ahogarse las iba haciendo desaparecer una a una de la superficie del agua.
Nunca se llegó a avisar a los servicios de emergencia ni a la Cruz Roja. Para cuando terminó el intento de entrada, habían muerto a menos catorce personas y una se encontraba desaparecida.
Frontera junto a la playa del Tarajal
Reapertura del caso
Organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora de Barrios primero o el Observatori DESC después, lograron reunir las suficientes pruebas y testimonios como para llevar este caso hasta los tribunales. Políticamente se había despachado el asunto con una más que insuficiente y plagada de inexactitudes exposición del por entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en la correspondiente comisión del Congreso. A pesar de los vídeos y los audios que probaban los puntos denunciados por las organizaciones, el caso se cerraba dejando libres de cargos a los 16 guardias civiles procesados. Así, hasta hace apenas unas semanas, tras la muerte de al menos catorce personas en nuestro territorio, el suceso se había cerrado sin que hubiera supuesto la más mínima responsabilidad penal o política.
Ha sido el empeño de las organizaciones el que ha conseguido que, comenzando este año, la justicia decretara la reapertura de la causa por “la insuficiencia” de la investigación. El caso contenía las suficientes irregularidades como para que la investigación pudiera ser ampliada hasta encontrar determinadas respuestas. Entre las mayores de estas irregularidades se encuentran el uso, por primera vez, de material antidisturbios contra inmigrantes que se encuentran en el mar (no existe siquiera protocolo para estos casos), la falta de auxilio a las personas que se encontraban ahogándose o la falta de identificación de los cadáveres.
Esto último, la falta de identificación de los cuerpos, es uno de los puntos llamativos del suceso. Algunos cadáveres se dejaron flotando en el mar sin recogerlos mientras se discutía acerca de si estaban en aguas españolas o marroquíes. Otros llegaron a la playa cinco días después y fueron enterrados en menos de 24 horas. Ninguno fue identificado antes de recibir sepultura y, de ellos, cuatro siguen aún, tres años después, sin identificar. Una chapuza en toda regla que impidió unas autopsias que pudieran demostrar si los cuerpos fueron o no impactados por las balas de goma.
Silencio a las familias
Una de las cuestiones que más indignación genera entre las organizaciones que trabajan con el caso es el trato dado por las instituciones a los familiares. Desde el mismo día de las muertes hasta hoy que escribimos estas líneas el Gobierno no se ha puesto en contacto con las familias de las víctimas ni con sus países de origen. De hecho, todo lo contrario. Se les denegó el visado a España y, tres años después, aún no han podido ir a visitar el lugar donde están enterrados sus hijos ni poner su nombre sobre el nicho que les guarda. En un primer momento tuvieron conocimiento de todo gracias a las ONG que trabajan en la zona y hoy, cansadas de esperar una reparación y una justicia que no llegan, han decidido organizarse en asociación para luchar juntas.
Premio a Fernández de Mesa
Con todo -y a pesar de los avances tanto en el caso como en la movilización social- los dos mayores responsables políticos de la tragedia han logrado cerrar su ciclo sin necesidad de dimitir ni de depurar responsabilidades por el caso. El principal de ellos, Jorge Fernández Díaz, nunca necesitó mucho más que las explicaciones mencionadas antes. Otro de los más importantes, el que fuera director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha sido recientemente premiado por el Partido Popular con un cargo en el consejo de Red Eléctrica. Una información que se hacía pública a pocos días de que se cumplieran los tres años de las muertes del Tarajal para mayor indignación de las organizaciones y los familiares.
Convocatorias
Sin embargo, esta lucha por la justicia sigue adelante y que uno de los actos de homenaje y reivindicación vaya a celebrarse dentro del Congreso de los Diputados protagonizado por la sociedad civil y con una conexión con las familias en Camerún es, sin duda, un paso adelante para la esperanza.
En los siguientes meses se sabrá si existe reparación para las víctimas de la frontera más desigual del planeta, la que separa físicamente el norte del sur.
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