

Esperada desde hace años, el papa Francisco publicó el 19 de marzo, festividad de san José, a quien el papa guarda especial predilección, la nueva constitución de la curia. Titulada “Praedicate Evangelium” (Predicar el evangelio), y fruto de ocho años de trabajo, esta nueva constitución apostólica supone un auténtico cambio en profundidad de la concepción del papel del Vaticano en la Iglesia.
El revolcón comienza en su definición. Concebida en su origen como un instrumento al servicio del papa, la curia aparece, ya desde el subtítulo, como una herramienta de gobierno “al servicio de la Iglesia y del mundo”. El preámbulo abunda en ello: “La curia no se sitúa entre el papa y los obispos. Está al servicio de ambos, según las modalidades propias a la naturaleza de cada uno”. Del mismo modo, se incide que el trabajo de los dicasterios debe beneficiar a los obispos del mundo entero y no solo al papa. Una consecuencia directa de esa sinodalidad tan apreciada por Francisco.
Signo de la descentralización, las conferencias episcopales aparecen como “socios” plenos de la sede romana y no como estructuras sobre las cuales Roma tendría una autoridad jerárquica. Hasta el punto de que el texto precisa que “los documentos de mayor importancia deben tener en cuenta a las conferencias episcopales”. Pero esta “sana descentralización” va aliada a un refuerzo del poder papal. El pontífice, a partir de ahora, debe aprobar la inmensa mayoría de los documentos de los organismos de la curia.
La nueva constitución persigue la descentralización del gobierno de la Iglesia.
El objetivo es la evangelización
El objetivo de la curia no es ser un órgano administrativo, sino contribuir a una evangelización activa más eficaz, señala la constitución. Para ello, se crea un nuevo dicasterio para la evangelización, que estará presidido por el propio pontífice. Este dicasterio, además, aparece como el primero, en el nivel más alto del organigrama, desplazando a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El mensaje es claro: la evangelización es más importante que los dogmas.
En línea con la lucha contra el clericalismo, otro de los ejes de este pontificado, la constitución establece que cualquier creyente, clérigo o laico, hombre o mujer, puede ser nombrado prefecto de un dicasterio u otro organismo de la curia. Los “ministerios” romanos dejan así de ser el dominio de los cardenales. A partir de ahora, los cargos serán elegidos por el papa en función de sus competencias. La excepción se convierte en regla.
Además, los superiores de la curia – prefectos y secretarios – tendrán un mandato de cinco años. Si se trata de religiosos, a su término deberán volver a sus diócesis o congregaciones.
La nueva constitución clarifica considerablemente el organigrama vaticano. De los actuales 12 consejos pontificios y 9 congregaciones, se pasa a 16 dicasterios (la noción de “congregación” desaparece). Se podrán crear asimismo “comisiones pontificias temáticas”.
Cualquier bautizado, religioso o laico, hombre o mujer podrá presidir un dicasterio u organismo administrativo.
Entre las novedades, destaca la creación de un nuevo dicasterio para el servicio de la caridad, que en realidad da más peso a lo que ahora era la limosnería apostólica. Este dicasterio es “una expresión particular de la misericordia y, a partir de la opción por lo pobres, los vulnerables y los excluidos, lleva a cabo obras de asistencia y ayuda en cualquier parte del mundo en nombre del pontífice romano que, en caso de necesidad, se ocupa personalmente de la ayuda que se aporta”.
Finalmente, hay que remarcar también el refuerzo de la comisión pontificia para la protección de los menores y la significativa pérdida de peso de la casi omnipotente en los últimos decenios Secretaría de Estado. La primera, a partir de ahora, no sólo tendrá labores sobre todo de sensibilización, como era el caso, sino que podrá dar instrucciones a los obispos y a los institutos religiosos en la lucha contra los abusos. Aunque el texto habla en realidad de “asesoría”, puesto que ya no existiría esa relación “jerárquica” entre Roma y las conferencias episcopales.
En cuanto a la Secretaría de Estado, queda definida como el “secretariado papal”, con la misión de elaborar los grandes textos del magisterio pontificio y coordinar el trabajo entre los distintos dicasterios. Por lo demás, seguirá ocupándose de las “relaciones internacionales”, en estrecho contacto con el papa, pero, tras haber perdido hace unos años la gestión del presupuesto vaticano, se queda ahora también sin la gestión del personal, que pasa a ser competencia de la Secretaría para la Economía.
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