“Algunos gobiernos se han convertido en maltratadores sociales y hay que juzgarlos”

Diego Cañamero Valle, jornalero, sindicalista agrario, ex alcalde de El Coronil (Sevilla), protagonista de ocupaciones de fincas y acciones reivindicativas en favor de los más necesitados, fue elegido diputado por Unidos Podemos en Jaén y, dos días después, volvió, con otros compañeros, a ocupar la finca de Somonte, de la Junta de Andalucía. Ofreció una charla en el Foro Gogoa sobre “La Democracia y la Economía al servicio de la Mayoría. Experiencias de lucha en el medio rural andaluz”. Unas 500 personas acudieron a escucharle.

El sindicalista Diego Cañamero dialogó en el Foro gogoa

Cañamero posando para una entrevista tras clausurar el curso en el Foro Gogoa. Foto: Iban Aginaga

¿Cómo actúa el Sindicato de Trabajadores de Andalucía?

Somos un sindicato de cooperación entre trabajadores y de acción directa, que no recibe subvenciones y que reivindica la reforma agraria que nunca llega. Porque pensamos que la tierra no pertenece a nadie, es un patrimonio de la comunidad al servicio del ser humano y es fundamental que la cuidemos entre todos. La tierra es un don de la naturaleza –o de Dios, para los creyentes- como el agua, el sol y el aire, y tiene un fin social. En nuestro sindicato convivimos comunistas, anarquistas, cristianos y nacionalistas andaluces que coincidimos en proyectos y acciones, que pensamos, debatimos y llevamos a cabo en común.

¿Cómo ven la situación actual de Andalucía?

A nosotros nos tocó la suerte de nacer en el sur, en Andalucía, que tiene ocho millones y medio de habitantes, representa el 17% del territorio del Estado y es una tierra riquísima, donde la mitad de sus ocho millones de hectáreas agrícolas está en manos de un 2% de propietarios, terratenientes, señoritos feudales, que utilizan la tierra para su provecho particular, para recibir millonarias ayudas de la Unión Europea y que no tienen ningún compromiso con el desarrollo económico de la sociedad. A eso acompaña en Andalucía una cultura de control y de dependencia, de folklore y pandereta. Y no se presta atención a la Andalucía profunda, que tiene medio millón de jornaleros sin tierra y sin perspectivas, sufre un 35% de desempleo y un 56% de paro juvenil. Han roto todo el litoral con construcciones especulativas, pero hay un millón de viviendas vacías. Mientras, en los últimos diez años, 90.000 familias –este es un dato de la Junta de Andalucía- han padecido desahucios o no tienen casa. Dos millones de andaluces han dejado su tierra y, a menudo, lo han hecho de noche por la vergüenza de no poder pagar deudas en la tienda o de dejar deshabitada ante sus convecinos la casa familiar de su pueblo.

Su sindicato SAT se ha hecho famoso por las ocupaciones de fincas. ¿Cuál es su pretensión?

Suscitar debate, producir alimentos, ofrecer empleo y cuidar la tierra. Mostrar que es un bien común, cuya titularidad debería ser municipal. Cuando ocupamos grandes fincas, de terratenientes, de la Junta de Andalucía o del Ejército, recordamos y cantamos el himno de Andalucía, que escribió Blas Infante: “¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad!”. Algunos, que cantan también ese mismo himno, desaprueban y [quote_right]»Con las ocupaciones de fincas reclamamos la reforma agraria, producimos alimento y empleo y cuidamos la tierra”[/quote_right]se oponen a nuestra acción. Y nosotros nos preguntamos: ¿quiénes tenemos que levantarnos y pedir tierra?, ¿los mismos que la tienen ya?, ¿los herederos de la Duquesa de Alba?, ¿o los trabajadores y los jornaleros? En otros países de Europa la tierra no está tan mal repartida como en Andalucía. Aquí no ha habido ninguna reforma agraria. Durante la Segunda República casi un millón de hectáreas estuvieron a punto de volver a manos de los trabajadores, pero vino el golpe de Estado y una terrible represión. Nosotros comenzamos a reivindicar tierras y hemos creado cooperativas importantes. La más significativa, la de Marinaleda, con 1.800 hectáreas, 200 de ellas de olivar, que ofrece 60.000 jornales, muchos más que los que da la Casa de Alba con sus 34.000 hectáreas. Allí hemos desarrollado la economía social de la comarca y hemos creado valor añadido con una fábrica de conservas que embota alcachofas, pimientos y habas. Esa finca era del Duque del Infantado y la conseguimos después de ocho años de ocupaciones, detenciones y multas y la intervención de la junta de Andalucía. Hemos creado pequeñas cooperativas en Sevilla, Málaga y Cádiz, pero son insignificantes respecto a los latifundios de terratenientes.

¿A quiénes alcanzan los subsidios agrarios?

De los 500.000 jornaleros en paro, unos 200.000 cobran un subsidio de 426 euros mensuales. Ese es el famoso PER de Andalucía. Pero cada vez se piden más requisitos para acceder a ese subsidio. Y es una ayuda que alcanza solo al 40% y resulta insignificante, porque los propietarios de tierra están recibiendo cada año 1.600 millones de euros de la Política Agraria Comunitaria Europea. Más de mil millones se los lleva un 2% de propietarios. Solo entre siete terratenientes cobran 30 millones (los hermanos Gómez Figueroa cinco millones; la Casa de Alba, tres millones), nada más que por tener tierras, no por dar trabajo o mejorar su explotación.

¿Qué sucede con las acciones que ustedes realizan?

El pasado 1 de junio dictaron una orden de desalojo de la finca “Somonte” de la Junta de Andalucía en Palma del Río. Tiene 400 hectáreas que habíamos labrado, sembrado de cereal y estábamos a punto de recolectar. ¿Para quién serán nuestro esfuerzo y los recursos que habíamos invertido? Si no trabajamos, no podemos cobrar el PER cuando quedamos en desempleo. Pero cuando vamos a los tajos a pedir empleo o promover huelgas nos responden enviando a la guardia civil. Es lo mismo que pasó, tras el escándalo de las preferentes y el fraude de las hipotecas, cuando ocupamos oficinas de bancos, cajas e inmobiliarias. Hay una mafia bancaria cobrando sueldos blindados y retiros altísimos y manejando fondos que no son suyos, sino de los ahorradores e impositores, gente angustiada llorando y, sin embargo, se decide ayudar a la banca y actuar contra el pueblo. Nuestro sindicato sufre una fuerte represión: en este momento tenemos 688 imputados -para los que piden 416 años de cárcel- y nos están friendo a multas. Hemos pagado 140 mil euros en los dos últimos años, porque si no lo hacemos nos embargan la casa o el coche. La ley mordaza ha empezado con nosotros; nos multan para inmovilizarnos. Este sistema inicuo se refuerza con leyes, jueces y tertulianos mentirosos. Quieren apagar nuestra rebeldía. Pero nosotros repetimos que no hay cambio posible si el pueblo no se mueve. Y quien no se rebela contra la injusticia es cómplice de lo que sucede.

Grupos de sindicalistas del SAT fueron a hipermercados y se llevaron alimentos. ¿Eso es robar?

En 2012 fuimos a ocupar dos hipermercados, no a robar. Fuimos a expropiar ocho o diez carros con artículos de primera necesidad, ninguno caro, para entregarlos a unas pocas familias. Porque, ahora, hay en Andalucía unas 400.000 familias que no tienen nada y hace cola en comedores solidarios, en Cáritas y en oficinas de Servicios Sociales de los Ayuntamientos. Aquella acción pretendió y logró suscitar un debate necesario sobre las causas de esa pobreza y desigualdad. Claro que algunos tertulianos bocazas nos llamaron ladrones. Pero no dicen lo mismo de los que roban “legalmente” o estafan grandes cantidades. Ni critican al sistema capitalista donde mandan el mercado, la Troika y los ejecutivos del Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que no han sido elegidos democráticamente.

[quote_right]“No hay justicia sin movilización. Tampoco si no cambia nuestra manera de vivir»[/quote_right]

¿Qué pasa en Andalucía después de 38 años de democracia y autonomía?

Hemos intentado abrir caminos y hacer que la gente despierte. Porque perviven la pobreza, mucho desempleo y una cultura caciquil que inmoviliza a la gente y la hace dependiente. Se ha ofrecido una política de “la Sopa Boba y la Limosna” que una buena parte del pueblo ha aceptado. El gobierno que tenemos en Andalucía es un aparato de enchufados, al que afecta la corrupción y que ahora mismo tiene 197 antiguos cargos imputados, pero la mayoría de los condenados que pasan por el trullo tienen influencias, pagan fianzas y salen pronto a la calle. El gobierno que tenemos en España no es mejor; le sale la corrupción por el cogote, por todas partes. Son partidos viejos, dinosaurios a los que hay que apartar. La propaganda dominante en los medios quiere hacer ver que los que se les oponen “o son de la ETA o son violentos o son de Venezuela”.

¿Qué piensa usted de la economía y de los modos de vida actuales?

[quote_left]“Debemos seguir organizados y buscar caminos que nos relacionen, porque la justicia tiene un nombre: unidad”[/quote_left]No basta con un cambio político, que no llegará solo con los votos sino con.la movilización constante. Es preciso, además, un cambio en la actitud de cada persona. Porque uno no es lo que dice, sino lo que hace. Y porque creemos que la felicidad está en los bienes materiales y no en lo espiritual. Este modelo de producir, tener, consumir y dominar es perverso. La economía y la democracia no deben estar en manos de un 10%, sino de todas las personas. Algunos gobiernos se han convertido en maltratadores sociales a los que hay que juzgar y pedir cuentas. Nuestras plazas y calles son nuestro parlamento. Debemos seguir organizados y buscar caminos que nos relacionen, porque la justicia tiene un nombre: unidad.

¿Qué hará usted una vez que le han elegido diputado?

Yo soy un jornalero y sé, desde niño, lo que es una vida dura. A los ocho años tuve que trabajar, porque mi familia era pobre y no pude ir a la escuela. He tenido responsabilidades intermitentes como alcalde y fui el que más bajo salario cobraba en el ayuntamiento. A los cargos políticos hay que ir a servir, no a medrar. Pensaba ya retirarme de responsabilidades políticas. He aceptado ser candidato por solidaridad. En nuestra sierra de Jódar hay un 58% de paro. No dejaré de actuar con compañeros del sindicato.

 

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