En la aciaga madrugada del 24 de marzo de 1976 el pueblo argentino comenzó a padecer una atroz dictadura cívico-militar que, durante más de siete años, provocó la desaparición forzada de 30.000 hombres y mujeres.
Algunos de los civiles beneficiados en aquellos tiempos fueron los miembros de la familia del actual presidente argentino, Mauricio Macri. Tal vez por esta razón el mandatario, rememorando viejos tiempos, implementa políticas sociales y económicas semejantes a las que sumergieron en la pobreza a millones de argentinos en los años 70.
Por tal motivo es que, seguramente, no destina los recursos necesarios para que los comedores de los barrios populares puedan palear la emergencia alimentaria de sus habitantes; tampoco propicia la realización de obras de infraestructura suficientes para mejorar las condiciones de vida de los sectores más carenciados; y eliminará aproximadamente 30.000 planes de trabajo que beneficiaban a militantes de diferentes movimientos sociales argentinos.
También a la vieja usanza de la dictadura, procura “flexibilizar” el mercado laboral intentado hacer desaparecer algunos derechos conquistados por los trabajadores. Así, por ejemplo, a través de un decreto intenta eliminar la paritaria nacional docente, que es un derecho de los educadores que está explicitado en la ley argentina. Sin este recurso, a partir del cual los gremios junto con el gobierno acordaban cuestiones vinculadas con el salario docente y diseñaban políticas educativas para todo el país, las provincias argentinas con menos recursos económicos no podrán pagar a sus docentes un sueldo digno ni destinar recursos suficientes para garantizar una educación de calidad.
Asimismo, recientemente destacó la tarea de un policía que mató por la espalda a un joven de 18 años que le había robado a un turista. Esta ferviente defensa del policía, que fue procesado por la justicia por homicidio, abre las puertas del horror que conduce a los argentinos a recordar la siniestra realidad vivida en la última dictadura militar, en donde las fuerzas de seguridad creían tener la potestad de quitarle la vida a una persona en cualquier momento.
Todo esto sucede en el marco de una Argentina en la que, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, «cada 23 horas el Estado asesina a una persona… la mayoría de las muertes corresponden al conjunto de las policías provinciales», quienes -literalmente- ejecutan a sus víctimas a través el llamado gatillo fácil, que es una forma de represión selectiva en la cual los que son sistemáticamente perseguidos y asesinados son pibes de los barrios pobres.
En este este escenario marcado por la propagación de la pobreza, la desaparición de políticas sociales y educativas y el auge del gatillo fácil, semanas atrás el obispo Pedro Olmedo -de Huamahuaca, Jujuy- mientras celebraba una misa en la que estaba Macri, le pidió que «deje de gobernar para los ricos y perseguir a los pobres”. Por su parte los movimientos sociales, a puro corazón y movilización, le reclaman al gobierno que implemente políticas sociales que tengan como horizonte el respeto de la dignidad humana y el acceso para todos los argentinos a “Tierra, Techo y Trabajo”.
En gran medida de la sabiduría que tenga el gobierno para escuchar el creciente clamor popular, que le pide cambios en sus políticas económicas y sociales, depende que la Argentina tenga estabilidad y paz social. Aunque las expectativas de que exista un cambio de rumbo son pocas, la esperanza es lo último que se pierde.
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