El 13 de enero, el gobierno de Etiopía anunciaba el abandono del plan que intentaba expandir los límites de la capital del país, Addis Abeba, después de meses de protestas y más de un centenar de muertes.
El año pasado se presentó el llamado Master Plan para ampliar los límites de la capital ocupando parte del territorio de la tribu oromo. Finalmente, el pasado mes de octubre el plan fue aprobado. Dos millones de personas viven en el área que se iba a ocupar.
Al conocer la noticia, los activistas oromo afirmaron que, de aplicarse, ese plan supondría la expropiación forzosa de tierras que en la actualidad pertenecen a campesinos o en las que existen pequeños pueblos y ciudades donde reside gran número de individuos. Se trata de tierras ancestrales en las que estas personas encuentran su sustento. Se temía, por tanto, un desplazamiento forzoso de los campesinos y residentes que viven en esta zona.
La constitución etíope considera todas las tierras del país como propiedad del Estado y a sus ocupantes los califica de inquilinos. Los oromo defienden que solo ellos pueden ser dueños legítimos de su propia tierra, de ahí que lleven mucho tiempo enfrentados con el gobierno central.
La protesta ha vuelto a poner de manifiesto la difícil relación existente entre los oromo y el gobierno etíope desde siempre, la cual tiene sus raíces en la lucha por la identidad, los recursos y los derechos de los miembros de esta etnia. Históricamente, los oromo se han sentido marginados y discriminados por parte de los distintos gobiernos del país. Muchos de ellos son, frecuentemente, arrestados de forma arbitraria y acusados de pertenecer al Frente de Liberación Oromo (OLF), que en el pasado tomó las armas para defender su causa y la autodeterminación de su pueblo y al que el gobierno califica de organización terrorista.

Las protestas por los derechos del pueblo Oromo se dieron incluso en los centros de internamiento de Europa. Foto Reuters
Las protestas empezaron en noviembre en Ginchi, un pequeño pueblo a 80 kilómetros al suroeste de Addis Abeba, cuando las autoridades intentaron “limpiar” un bosque para implantar un proyecto de inversión. Las protestas se expandieron rápidamente por toda la región de Oromia y derivaron en grandes manifestaciones.
En un primer momento fueron los estudiantes los que salieron a manifestarse pero, desde mediados de noviembre, agricultores y otros residentes de la zona se unieron a ellos. Estas acciones se han mantenido hasta principios de enero de este año.
Son muchos los testigos que han manifestado que las fuerzas de seguridad han golpeado y arrestado a los manifestantes, muchas veces buscándolos en sus casas durante la noche. Otros hablaban de lugares donde se concentraba mucha tensión y gran despliegue de fuerzas de seguridad. Se habla de, al menos, 140 personas muertas y muchas detenidas.
Las autoridades llegaron, incluso, a cortar la cobertura telefónica, sobre todo en áreas donde se desplegaron grandes contingentes de fuerzas de seguridad, lo cual hacía más difícil conseguir información contrastada de lo que realmente sucedía en la región.
También hay sospechas de que algunos agentes policiales o militares hayan podido morir como consecuencia de los enfrentamientos. En algunos pueblos, los manifestantes ocuparon edificios gubernamentales una vez que las fuerzas de seguridad los abandonaron. En varias zonas también se levantaron puestos de control, bloqueando las carreteras para obstaculizar el acceso de las fuerzas gubernamentales a las comunidades. Igualmente hay informes de que algunas granjas, propiedad de compañías extranjeras, fueron saqueadas y destrozadas.
Finalmente, el gobierno de Addis Abeba ha parecido escuchar la voz del pueblo oromo y ha cancelado el plan para expandir la capital a costa sus tierras y derechos. Ahora se abre un tiempo de negociación para ver si es posible llegar a un acuerdo, que es lo que debería haberse hecho desde un principio, evitando así la violencia y la muerte de tantas personas.
@61chema
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