La infancia también sufre

Hace unos días le explicaba a un amigo cómo mi cambio profesional iba a implicar trabajar en torno a la sensibilización y reivindicación de los derechos de la infancia en España, y quedé enormemente sorprendida ante su reacción. Se trata de una persona sensible, concienciada ante los problemas sociales, que dejó un año su trabajo en un despacho de abogados para irse a vivir a Guatemala… y me miró con cara de sorna para decirme “pero Marta, en España los problemas de la infancia son mínimos”. Tal vez yo misma, hace unos meses, hubiera contestado lo mismo, pero a medida que voy estudiando nuevos documentos quedo más sorprendida ante los datos que descubro. Datos que indican que, como consecuencia de la crisis, en torno al 25% de los menores en nuestro país se encuentran en grave riesgo de caer en la pobreza. Según un informe de Cáritas de este mismo año, “la crisis ha cambiado el perfil de las personas que se acercan a pedir ayuda. Aumentan las familias jóvenes con niños pequeños, en primer lugar”.

Lamentablemente, no parecemos estar muy bien preparados para afrontar esta situación. Según las encuestas realizadas a nivel europeo, la situación de España en términos de “riesgo de pobreza” en menores de 17 años era de las peores de la UE a 15, semejante a los datos de Italia y Portugal. Frente a esto, el nivel de ayudas sociales a las familias con hijos también se encuentra entre los más bajos de nuestro entorno, mientras ostentamos el triste récord de ser el país que menos prestaciones sociales dedica a los menores de 18 años.

Ciertamente, no estamos hablando aquí de los niveles de mortalidad o malnutrición infantil del Africa subsahariana, ni existen perspectivas de que nos acerquemos, pero después de unos años de crecimiento económico como los que hemos experimentado, parece mentira que hayamos descuidado a nuestros menores hasta llegar a este extremo de vulnerabilidad. La inversión (y nótese que se habla de inversión a propósito, nunca de gasto) en infancia debe ser una prioridad de todos los gobiernos, sean ricos o pobres. Cada uno en la medida de sus posibilidades, con mayor o menor ayuda externa, pero ningún gobierno puede permitirse el lujo de descuidar a sus generaciones futuras. Y nosotros no podemos ignorar un problema que debería cuestionarnos en profundidad nuestro supuesto bienestar.

Además, la Convención sobre los Derechos del Niño (que el próximo mes de noviembre cumplirá 20 años de vigencia) plantea otros muchos temas que deberían hacernos reflexionar. Habla del derecho a participar, del interés superior del niño, de la situación especial de los menores refugiados, discapacitados, separados de sus familias, objeto de violencia, explotación sexual… Insisto, no estamos hablando en nuestro caso de cifras inmensas, pero cada niño que es apartado de su familia (25.000 menores se encuentran sometidos a tutela en nuestro país), cada uno que sufre algún tipo de violencia (en su casa, en el colegio, etc.), cada menor inmigrante que es abandonado a su suerte, cada niña inmersa en redes de explotación sexual, supone un fracaso colectivo de nuestra sociedad. Y nuestra indiferencia, ignorancia o desinterés no hacen sino aumentar las posibilidades de que estas circunstancias se sigan produciendo.

Sigamos por supuesto colaborando para apoyar a la infancia que padece extremas violaciones de sus derechos más elementales en los países del sur. Pero no lo hagamos a base de presumir que aquí tenemos todos los problemas resueltos. Los menores en España necesitan todavía de nuestra atención, y no sólo cuando son ellos los que cometen un delito.

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