En Alandar, no nos duelen prendas a la hora de reconocer nuestras faltas. El pasado mes de febrero, pocos días después de que la Conferencia Episcopal Española anunciase el encargo de una auditoría externa al bufete de abogados Cremades&Calvo Sotelo acerca de cómo la Iglesia española había afrontado los casos de abusos sexuales a menores en su seno, publicábamos un editorial titulado Definitivamente, las cosas se mueven.
Hoy, casi tres meses después, tenemos que reconocer que pecamos de optimistas. Tristemente, el alcance de dicha auditoría está lejos de quedar claro, y las dudas acerca de si la iniciativa podrá proporcionar a las víctimas la verdad, justicia y reparación que demandan y merecen son muchas.
El contrato firmado entre el bufete y el presidente de la Conferencia Episcopal, hecho público por Religión Digital, indica que el trabajo se va a centrar en los aspectos jurídicos de la cuestión y no específica el nivel de acceso que el equipo de Cremades&Calvo Sotelo tendrá a los archivos de la Iglesia ni la atención que proporcionará a las víctimas -si es que las atiende de alguna manera-. Las mayoría de las víctimas ya han mostrado su rechazo a la auditoria, encomendada a un bufete en la órbita del Opus Dei, una organización que ha intentado tapar vergonzosamente casos de abusos en su colegio de Gaztelueta (Vizcaya).
Esas dudas nos llevaron a un grupo de colectivos cristianos de base formado por Alandar, el Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP), Red Miriam de Espiritualidad Femenina Ignaciana, Redes Cristianas y Revuelta de Mujeres en la Iglesia a entregar en el registro de la Conferencia Episcopal la Carta Abierta a la CEE que promovimos a principios de febrero, antes de conocerse la noticia de la auditoría externa, y que ha sido respaldada por un centenar de colectivos y organizaciones y más de 1.200 personas.
Lo hicimos el 25 de abril, el día en que comenzaba la 119 Asamblea Plenaria de Conferencia Episcopal, convencidos que la misión de Alandar no es solo la de publicar noticias sino la de activar y movilizar todas las energías de la Iglesia española para que se aleje de rancios esquemas feudales y se acerque a la idea de Pueblo de Dios que impulsó el Concilio Vaticano II.
Al término de una Asamblea Plenaria en el que el tema de los abusos sexuales a menores no figuraba oficialmente en el orden del día, pese al impacto que la cuestión está teniendo en la sociedad española, el portavoz de la Conferencia Episcopal anunció que el despacho de Cremades&Calvo Sotelo tendrá acceso a los archivos eclesiásticos. De nuevo, sin especificar ni cuándo, ni cómo, ni en qué medida.
No podemos dejar de señalar aquí el triste hecho de que a nadie se le ocurriera invitar a las víctimas a hablar ante el conjunto de los obispos, en lugar de ser recibidas una tarde de forma casi clandestina por el presidente de la Conferencia Episcopal, en una especie de remake malo de Solo ante el peligro. Quizás, la clave de todo esto, es la palabra peligro, que parece ser que es como la jerarquía eclesiástica de nuestro país tiene catalogada a las víctimas.
Por otra parte, es muy triste -sí, hemos repetido mucho este adjetivo en este editorial- constatar que, dos meses después de que el Congreso de los Diputados encargase al Defensor del Pueblo formar una comisión de investigación sobre el tema, no tengamos noticias de la misma. No sabemos nada de los miembros de la comisión, de la metodología que va a adoptar… Literalmente, nada.
Después de todo el ruido y la expectación generada por el esta comisión sería demoledor para este país que la comisión del Defensor del Pueblo quedase en agua de borrajas y no fuese una oportunidad para el reconocimiento, la justicia y la reparación que las víctimas exigen y merecen.
