Dignidad esencial

Alandar ha otorgado uno de los premios de este año a los promotores de impulsar la campaña Esenciales, en favor de conseguir las 500.000 firmas que exige la Constitución para debatir en el Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en favor de la regularización de las personas migrantes. Y sólo restan menos de 40.000 firmas para conseguirlo.

La regularización es un imperativo ético, no sólo por el gran número de personas en situación irregular, más de 500.000, sino para disminuir la pobreza y explotación en la que se encuentran, devolviéndoles a una situación ciudadanía digna. Es de justicia, además, tras una pandemia devastadora donde ha aflorado la vulnerabilidad extrema de los inmigrantes en situación administrativa irregular, pero también su papel insustituible en sectores de la sociedad como la agricultura, la hostelería, los repartos a domicilio o los cuidados de nuestros mayores. Porque es paradójico y obsceno a la vez que, según los datos de empleo, la mayor parte de las personas adultas en situación administrativa irregular están trabajando.

Los datos que ofrece el informe Esenciales, coordinado por Gonzalo Fanjúl e Ismael Gálvez Iniesta (Fundación por Causa) son demoledores. Una de cada tres personas extranjeras está en riesgo de exclusión social severa, una proporción tres veces más alta que la de los nacionales. Y se ceba especialmente en mujeres y menores. Para cerca de 125.000 niños y niñas que viven en España, la irregularidad conculca derechos como el acceso a la educación, disponer de acceso a la salud o a una vivienda digna.

También, aunque para Alandar no sea la razón más importante, con la regularización, esas personas afloran desde la economía sumergida, contribuyen al sistema fiscal y participan del estado social y económico. La propia sociedad sale beneficiada con la inclusión. Europa y España se convierten en páramos debido al «invierno demográfico» y ello supone un riesgo para la sostenibilidad de las pensiones, la productividad y otros aspectos de cohesión social. La inmigración con derechos contribuiría a paliar estos retos.

El Gobierno va arrastrando los pies y promueve una reforma que sólo abarca aspectos jurídicos y sobre todo económicos. Tiene miedo a que en año electoral el caladero de votos teñidos por la demagogia de las derechas extremas les pase factura entre los votantes. Argumentan que la UE no permitiría una regularización masiva, aunque lo hayan hecho en 2020 los Gobiernos de Italia y Portugal.

La alternativa es perpetuar la distorsión moral de la inmigración sin papeles; o embarcarse en deportaciones masivas y brutales que ponen en entredicho la humanidad de los gestores de las instituciones y de nuestra sociedad. Una regularización no supone el fracaso de una democracia, sino de las políticas que ignoran a las personas.

Difundamos las firmas, lleguemos a debatirlo en el Parlamento, y consigamos la regularización ya. Estamos a menos de 40.000 voluntades de lograr mayor justicia social en nuestro país. 

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