El Colectivo Caminando Fronteras se han dado cita personas que han puesto sus habilidades profesionales y su sensibilidad social al servicio de la defensa de los derechos humanos. Su papel tras los sucesos en la playa del Tarajal, la borrosa frontera hispano-marroquí, en la que murieron 15 personas africanas cuando intentaban llegar a Europa, fue clave para conocer la lamentable actuación de las autoridades españolas.
La vida en la frontera de Melilla, el último impedimento para muchos africanos y africanas que abandonan sus lugares de origen con la esperanza de conquistar una vida mejor, es dura. Las autoridades marroquíes no ponen facilidades a estas personas en tránsito por su territorio y actúan a golpe de cálculos geopolíticos, mientras que la administración española las considera casi como una fuerza enemiga que debe ser repelida a toda costa. Miles de seres humanos quedan atrapados así en un limbo jurídico donde el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia.
Cuando el 6 de febrero un grupo de estas personas intentó burlar los controles fronterizos de Melilla en grupo, los agentes de la Guardia Civil no ahorraron en medios para frenarles y se negaron a auxiliar a quienes en la refriega quedaron en el agua, sin fuerzas, para salir a flote. Los activistas de Caminando Fronteras lograron hacer llegar a los medios de comunicación pruebas y testimonios que contradecían el relato del Gobierno español. A través de declaraciones de los testigos directos, de partes médicos, de fotografías y de vídeos acabaron desmontando las declaraciones de los altos responsables gubernamentales. No solo hubo dejación en la prestación de auxilio a personas en riesgo manifiesto de perder la vida, como efectivamente ocurrió, sino que se utilizaron balas y botes de humo, además de maniobras de embarcaciones oficiales poco amistosas, para frustrar el empeño de los migrantes.
Caminando Fronteras lleva en Marruecos desde 2002, como red informal de apoyo a migrantes, aunque hasta 2008 no se constituyeron jurídicamente en el Estado español, fundamentalmente en busca de un paraguas legal, para poder aguantar las presiones de aquellos con poder que no ven precisamente con buenos ojos su implicación. Son un ramillete de profesionales de distintas ramas y de distintos países que trabajan en red por los derechos humanos en contextos de frontera. Algunos se conocen desde la época del instituto, otros han coincidido en la militancia por los derechos humanos. Dada su cercanía con las comunidades de migrantes, recibían demandas de asistencia de todo tipo, incluso en procesos de repercusión política.
En la actualidad son unos 25 activistas repartidos por Madrid, Algeciras, Málaga, Nador, Rabat, Oujda y Tánger, que compatibilizan sus trabajos remunerados con su presencia en Caminando Fronteras, cuyo presupuesto se financia con aportaciones de particulares o entidades pequeñas pero muy concienciadas, como CVX de Málaga, el Comité Óscar Romero de Burgos, Coordinadora de Barrios o las religiosas Adoratrices… Cuentan con simpatizantes y voluntariado en un número difícil de precisar que se suman a las iniciativas puntuales o aparecen cuando más se les necesita. Entre ellos, hay personas de Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Camerún, Nigeria…
Una de los miembros de este colectivo, Helena Maleno explica en declaraciones a esta revista que en el caso de las muertes en la frontera de Melilla se limitaron a “contar la otra parte, a dar datos de la parte que quedó al otro lado, a acompañar a las víctimas, identificar a los muertos y a encontrar a los familiares”, sin contar con una estrategia especial de comunicación e, incluso, evitando sumarse al circo mediático tan frecuente ante los dramas ajenos. Sus denuncias públicas les han servido para recibir amenazas y presiones por parte de la administración española y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
Particularmente desagradable le resulta a Maleno, periodista de formación y experta en el fenómeno de la trata de personas, notar “el odio en la cara de los policías, que me consideran como si fuera una tratante de personas”. Pero sus razones son bien distintas: “Creemos que el respeto de los derechos humanos es clave en cualquier contexto y que si permitimos que en la frontera no se respeten los derechos humanos, la democracia se deteriora”, asevera esta activista. Desde su punto de vista, la actuación en la frontera de Melilla parece la de una zona “en guerra”, cuando “son otros quienes crean las guerras para obtener beneficios”. Como ocurre en otras partes del mundo, la frontera es defendida como si fuera legítimo exterminar al que viene de la otra parte, denuncia esta hija de jornaleros andaluces de El Ejido (Almería) y buena conocedora de lo que supone el deseo de escapar de la pobreza y las violaciones de los derechos humanos. Por eso, Caminando Fronteras ha elegido los confines de los estados, donde parece que la legalidad y el respeto a la dignidad humana quedan suspendidos por oscuras razones, para documentar lo que allí pasa y rescatar a las víctimas de la insensatez de las políticas inhumanas.
Más información:
http://caminandofronteras.wordpress.com/
