El alto índice de paro y la precarización sin fin del empleo supone uno de los más graves atentados que, en nombre del mercado y del pago de los intereses de la deuda, se están cometiendo hoy en día en nuestras sociedades. Millones de personas carecen en nuestro país de los ingresos y la seguridad que proporciona un trabajo remunerado. Otros millones más viven angustiados ante la posibilidad de engrosar las filas del paro y se ven obligados a aceptar rebajas de salarios, modificación de horarios, traslados y degradaciones de categorías.
El cambio de gobierno no está sirviendo, precisamente, para cambiar un sistema económico y un modo de hacer política que cada vez condena a más gente a la exclusión y la precariedad. Tampoco la elección de un nuevo papa va a suponer un alivio inmediato en las condiciones de vida de tantas gentes del mundo. La lucha contra la pérdida de derechos y el empobrecimiento de la población sigue siendo uno de los grandes retos que ante sí tiene la humanidad
En Extremadura, las cosas no van mucho mejor, por más que el gobierno autonómico saque pecho a cuenta de la contención del déficit de la administración. El paro, que en España se sitúa en torno al 26%, en la región llega al 34%. Un 27% de los niños y niñas vive bajo el umbral de pobreza en España, mientras que en Extremadura llega al 40%.
El pasado 20 de febrero, decenas de personas decidieron acampar en Mérida y Plasencia para denunciar la situación y pedir soluciones reales. Sus propuestas son tres: un plan de renta básica universal, la exigencia de 25.000 empleos públicos y la paralización de todos los desahucios a familias desempleadas.
“Desde las asambleas de la acampada se están poniendo en marcha acciones y nuevas iniciativas, como movilizaciones para evitar los cortes de agua a algunas familias u otra frente al banco BBVA para apoyar a una familia desahuciada”, explica Manuel Cañada, del «Campamento Dignidad» de Mérida, que se ha convertido «en una oficina permanente alternativa al INEM y está sirviendo además para aglutinar movimientos muy diversos”.
En la madrugada del 28 de febrero, la policía local de Plasencia, sin altercados, desalojó a los «acampados» de la Plaza de los Naranjos. Acabaron entrando en la cercana catedral, donde negociaron con sus responsables para instalarse en unas dependencias anexas al claustro. Los responsables eclesiásticos, esta vez y en esta diócesis, han encontrado la manera de acoger el clamor de quienes pretenden rebelarse contra esta injusticia.
Julia Sánchez, una mujer divorciada con tres hijos bajo su responsabilidad, dos mayores de edad, pero que no trabajan, dispone de un ingreso de 415 euros al mes. La letra de su hipoteca es 442. El banco ya le ha advertido del inicio de un proceso de desahucio. Ahora pasa las noches en la catedral «para que se nos escuche y nos den una solución porque yo ya no sé qué hacer. Tengo esperanzas de conseguir algo porque, como no te muevas, desde luego no consigues nada». A su lado está Valen Rodríguez, de 40 años, casado y con dos hijos. Leva en paro ya nueve meses, en abril se quedará sin la ayuda del paro. «Yo en Plasencia no encuentro trabajo y echo a todo lo que se mueve. Me gustaría trabajar cerca de casa, pero he pedido trabajo hasta en Brasil y, si me cogen, me tendría que ir». Este desempleado dice que “ha habido algunos que han llegado a amenazar con quemarse a lo bonzo».
Felipe García, párroco de Santa María de La Esperanza, en el Polígono de La Data y Consiliario de la HOAC y de la JOC acudió al encierro de la catedral en cuanto pudo. «Es una reivindicación justa y lícita y, por tanto, como no puede ser de otro modo, la Iglesia la respalda y la respaldará de forma indefinida». En 1993, al calor de un conflicto laboral, la catedral ya había abierto sus puertas a los trabajadores afectados. De entre las 15 de personas que permanecían esta vez en las dependencias catedralicias hay hijos de aquellos trabajadores.
«Es una respuesta lógica de la Iglesia de Jesús, que es la que siempre he conocido: acogedora, abierta y cercana con los más empobrecidos, con los que menos tienen; es la Iglesia samaritana en acción», opina el sacerdote. El párroco detalla que «solo en nuestra parroquia, gracias a la ayuda que reciben por la solidaridad de los vecinos, pueden comer 31 familias desde hace ya nueve meses». Abundando un poco más, añade que, desde hace meses, diversas comunidades parroquiales de la zona, incluida la iglesia de La Data, ofrecen asesoramiento jurídico y psicológico a personas en situación evidente de vulnerabilidad dado que, en palabras del párroco, «ya hemos tenido cuatro casos de intento de suicidio».
Los militantes de la Juventud Obrera Cristiana y de la Hermandad Obrera de Acción Católica de la Diócesis de Plasencia que participan en las actividades de los acampados y encerrados hicieron público un comunicado en el que tras afirmar que «muchos de nosotros sufrimos las mismas situaciones en nuestras propias personas y en nuestros familiares», en referencia al desempleo y las dificultades para pagar las facturas, querían manifestar su solidaridad con las reivindicaciones «por considerarlas justas y necesarias para la dignidad de la personas y de las familias».
Ante esta realidad, nos sentimos animados a testimoniar nuestra fe en Jesucristo, que nos pide poner en el centro de la vida las necesidades de las personas más empobrecidas, comprometiéndonos desde lo más profundo de nuestro ser a seguir luchando por la justicia y la dignidad del ser humano “creado a imagen y semejanza de Dios” y a hacerlo como “levadura en la masa y granos de mostaza en el mundo”.
Se antoja difícil que las administraciones den satisfacción a las reivindicaciones de estos parados, al menos en un corto plazo, pero su ejemplo de dignidad y coraje, a buen seguro, removerá muchas conciencias. Tal vez pueda despertar la creatividad y sensibilidad de tantas comunidades cristianas enraizadas en la dura realidad que vivimos. Quién sabe si la conjunción de esfuerzos entre creyentes y no creyentes llegará a alumbrar músculo, mente y corazones nuevos que escuchen el clamor de las personas excluidas.
