Abriendo Mundos se esfuerza en España por mejorar la realidad de las mujeres migrantes que trabajan en el sector del empleo de hogar y el trabajo de cuidados, ya que estas mujeres son el paradigma de cómo el régimen migratorio global actual, cada vez más restrictivo y unilateralmente impuesto por los países de destino, lejos de promover una migración regular, ordenada y segura, fomenta la irregularidad, la precariedad y la vulneración sistemática de derechos.
Los países de destino de la población migrante siguen empecinados en primar el control férreo de sus fronteras a la integración de los nuevos ciudadanos y ciudadanas migrantes, anclados en políticas migratorias restrictivas sin percatarse aún de que las variables que rigen las migraciones escapan al control de los gobiernos.
En la última década, la llegada de hombres y mujeres migrantes andinos a España ha aumentado considerablemente debido, principalmente, a una época de bonanza económica con multitud de puestos de trabajo que no podían cubrirse con la población española. Entre 2001 y 2009 la población migrante procedente de Bolivia se multiplicó treinta y cuatro veces, la de Perú cuatro y las de Ecuador y Colombia tres veces, superando hoy en día el millón de migrantes andinos residentes en España. Los flujos migratorios andinos no han sido ajenos a la creciente feminización que ha caracterizado en las últimas décadas el fenómeno migratorio a nivel mundial. El 53,4% de la población migrante procedente de estos cuatro países andinos es mujer. En los cuatro países es la mujer la que más presencia tiene en España: un 57’6% en Bolivia, 55’5% en Colombia, 50’6% Ecuador y 50’7% en Perú.
La mujer andina no solo migra más que el hombre, sino que además logra que su proceso migratorio genere un impacto mucho mayor en su país de origen aportando más remesas que el hombre y con mayor regularidad. En el país de origen es otra mujer la que recibe y administra las remesas recibidas y se queda a cargo de los cuidados familiares.
El proceso migratorio de estas mujeres surge mayoritariamente por la combinación de factores de empuje y atracción. La feminización de las estrategias de supervivencia de los hogares en los países de origen -donde es la mujer la que se responsabiliza de la alimentación, educación, salud y cuidados de la familia-, sumada a la falta de oportunidades para satisfacer estas necesidades familiares en los países de origen, u otras motivaciones como huir de una historia de violencia o escapar de un conflicto, empujan cada día a miles de mujeres a migrar en busca de una vida mejor.
Por otro lado, la demanda de trabajo en los países europeos -y especialmente en España- se centraba en un nicho de mercado fuertemente feminizado, como es el sector del empleo de hogar y trabajo de cuidados, lo que atrajo una migración con presencia mayoritaria de mujeres. La incorporación de la mujer al mercado laboral, el envejecimiento paulatino de la población y consiguiente aumento del número de personas dependientes, la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral unida a la mayoritaria concepción de la conciliación como una necesidad específica de las mujeres y la persistencia del reparto de cuidados conforme a ejes de poder, de género, etnia y clase social fundamentalmente, nos colocó en un dilema clave. ¿Debíamos abrir un debate social sin precedentes que derivase en la asunción de sus responsabilidades de cuidados por parte de Estado, empresas y hombres, u optamos por mercantilizar los cuidados sacando esta necesidad al mercado laboral?
Se escogió la segunda opción, pero España no contaba con población suficiente para satisfacer esta demanda: precisábamos trabajadoras y trabajadores extranjeros. Pese a ser conscientes de esa necesidad no se establecieron cauces migratorios regulares y ordenados para la población migrante, sino que se flexibilizaron los accesos aeroportuarios permitiendo la entrada a visados de turista que venían a trabajar y exponiendo a estas mujeres migrantes a riesgos innecesarios. Lejos de fomentar la migración regular y prevenir situaciones de abuso y explotación, la política migratoria europea actual fomenta la irregularidad y la indefensión de la población migrante.
Una vez en España, estas mujeres son víctimas de una triple discriminación que es preciso erradicar:
• Discriminadas por ser mujeres que sufren la desigualdad de género que impera en la sociedad patriarcal actual.
• Discriminadas por ser trabajadoras del hogar y quedar por ello bajo el paraguas de una regulación laboral especial discriminatoria que reconoce derechos laborales inferiores a los del resto de sectores, y los pocos derechos que otorga apenas se respetan en la práctica. Trabajan en un sector invisibilizado, precarizado y marcado por un profundo aislamiento y altos niveles de economía informal, excesivamente flexible en cuanto a horarios, tareas y descansos, con indemnizaciones por despido y tiempos de preaviso inferiores a los del resto de trabajadores, que permite el despido libre a través de la figura del libre desistimiento del empleador/a, que mantiene la remuneración en especie y el tiempo de presencia no remunerado, que no reconoce derecho a prestación por desempleo ni a la baja por enfermedad hasta el vigésimo noveno día, que presenta numerosas dificultades a la inspección de trabajo y que cuenta con dificultades para demostrar la propia existencia de la relación laboral, en tanto en cuanto este régimen legitima el contrato verbal.
• Discriminadas por tener la condición de migrantes y estar por tanto sujetas a una legislación de extranjería que les niega, anula o limita sus derechos fundamentales y que constriñe especialmente a las empleadas de hogar migrantes.
Para revertir la situación de estas mujeres es preciso incidir sobre dos aspectos fundamentales. En primer lugar, es necesario equiparar de una vez por todas los derechos laborales de las empleadas de hogar a los del resto de trabajadores y vigilar el proceso muy de cerca para garantizar su cumplimiento. En segundo lugar, hay que corregir la miopía de los dirigentes europeos en la gestión de los flujos migratorios. Las migraciones son hoy por hoy una pieza clave en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. A pesar del potencial que un régimen migratorio más flexible y seguro tiene para el desarrollo de los países de origen de los y las migrantes, el régimen actual está perdiendo la oportunidad de transformar las vidas de las comunidades más pobres de un modo nunca visto.
El programa “Abriendo Mundos. Mujeres migrantes, mujeres con derechos” es una iniciativa de Oxfam Gran Bretaña financiada por la Unión Europea que pretende mejorar la realidad de las mujeres migrantes andinas que residen en la Unión Europea, especialmente en España. Abriendo Mundos desarrolla un trabajo en red transnacional a través de ocho organizaciones (Fundación Esperanza en Ecuador y Colombia, Corporación Humanas en Colombia, Coordinadora de la Mujer y Colectivo Cabildeo en Bolivia, Flora Tristán en Perú, Intermón Oxfam en España y Cotidiano Mujer en la plataforma virtual) presentes en cinco países (los cuatro países de la región andina -Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador- y España).