Naufragio evitable en Calabria; decenas de muertes derivadas de la política migratoria de la UE

Restos de la embarcación naufragada. Tomada de Vatican News (ANSA).

Otra tragedia frente a las costas italianas. Una más de seres humanos que intentaban escapar de la pobreza, la opresión, la guerra y otras violencias.

Esta vez han sido 63 personas las que se han ahogado, entre ellas un recién nacido, 14 niños y 33 mujeres, después de que su sobrecargado barco, procedente de Turquía, chocara contra las rocas cerca de la agitada costa de Calabria. Las víctimas mortales superarán el centenar, ya que solo han sido rescatadas 81 personas y en el barco viajaban unas 200 personas -iraníes, iraquíes, paquistaníes, somalíes y afganos- seres humanos que intentaban escapar de la pobreza, la opresión, la guerra y otras violencias.

La tragedia se produce días después de que el Parlamento italiano, a propuesta del gobierno, aprobara una ley sobre salvamento marítimo, que dificulta la acción de las organizaciones humanitarias de rescate en el Mediterráneo. La ley estipula que dichas organizaciones tienen que acudir a puerto inmediatamente después de llevar a cabo un rescate, sin que puedan realizar otros rescates que puedan surgir. También establece el desvío de los barcos con migrantes rescatados a puertos lejanos para desembarcar y contempla multas de entre 10.000 y 50.000 euros si se infringe la nueva ley; en caso de reincidencia, los buques podrían ser confiscados.

La mayoría de los barcos de las ONG tienen capacidad para socorrer a cientos de personas y, normalmente, rescatan varias embarcaciones antes de dirigirse a puerto. En 2022, por ejemplo, el barco Geo Barents, de Médicos Sin Fronteras, hizo de media más de cuatro rescates por misión, rescatando a 3.848 personas. Si hubiera tenido que cumplir la ley recientemente aprobada, solo habría rescatado a 1.033 personas… ¿Qué hubiera sido del resto?

Europa está más preocupada por evitar las llegadas que por rescatar a las personas que llegan. Desde hace años, las organizaciones humanitarias han cubierto la dejación de responsabilidades de Europa en las labores de rescate, pero se enfrentan a una estrategia de obstaculización de esa labor con multas, retenciones de sus barcos e incluso procesos judiciales contra sus responsables por supuesto tráfico de personas.

De hecho, en el momento de la reciente tragedia no había en el Mediterráneo central barcos de rescate de ninguna ONG.

Como resultado de la nueva ley, el barco Geo Barents se mantiene bloqueado por el Gobierno italiano durante 20 días. Además, se ha impuesto una multa de 10.000 euros a la organización porque “no proporcionó todas las informaciones requeridas durante la última misión”.

Las autoridades italianas, según Médicos Sin Fronteras, habían sido avisadas de la situación del barco siniestrado, pero mandaron a la zona a la Guardia de Finanzas, cuyas naves no están preparadas para el rescate. Sí lo está la Guardia Costera, pero no salió en auxilio de los migrantes.

El Gobierno italiano impide que los rescatados sean desembarcados en puertos cercanos; los desvía a puertos del centro o norte de Italia, lo que supone hasta seis días más de navegación de ida y otros seis más de vuelta a la zona de los rescates. Eso, además de la asfixia económica para las ONG, supone dejar sin socorro a quienes viajan en precarias embarcaciones.

Cuando en octubre de 2013 perdieron la vida más de 300 personas en un naufragio frente a las costas de Lampedusa, vimos a dirigentes políticos dándose golpes de pecho y asegurando que aquello no podía volver a repetirse. Sin embargo, no ha dejado de repetirse. Según la Organización Mundial para las Migraciones, 25.882 migrantes han desaparecido o perdido la vida en el Mediterráneo desde 2014, pero seguramente son muchos miles más, de los que ni hemos tenido noticias. ¿Qué hace la Unión Europea? Pone todo tipo de trabas a los migrantes. Desde hace años prioriza la militarización, el abuso de la fuerza y la brutalidad en el control de fronteras, en vez de respetar los derechos humanos y acoger a quienes buscan una vida digna. https://www.iom.int/es

Por otro lado, las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente son prácticas ilegales, violentas, sistemáticas y generalizadas por todo el territorio europeo y se realizan sin siquiera respetar los procedimientos legales para determinar si una persona puede optar al estatus de refugiado. El barco recientemente naufragado se dirigía directamente a Italia y no a las islas griegas, precisamente, para evitar las devoluciones en caliente.

La estrategia de militarización de las fronteras y de criminalización de migrantes y de organizaciones humanitarias son parte de la dinámica de la UE para impedir la entrada de migrantes pobres, estrategia aceitada por la discriminación, el racismo, la xenofobia, el clasismo y los discursos de odio, mientras se abren de par en par las puertas a inmigrantes de ciertas nacionalidades y de altos ingresos, a quienes se les facilitan permisos especiales y visados. Una política que nos abochorna.

Las ONG especializadas y organismos como ACNUR han exigido en reiteradas ocasiones la puesta en marcha de vías legales y seguras de entrada a Europa para evitar que las personas se vean obligadas a poner en riesgo su vida en el mar. La reciente tragedia es otro recordatorio de la perentoria necesidad de esas vías.

Las ONG humanitarias llaman a la solidaridad con los migrantes y a reflexionar antes de emitir nuestro voto, lo que también puede ser un acto humanitario.

Autoría

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *