Ya basta de juegos

Inmigrantes Canarias. Campamento Las Raíces. Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife

“Han hecho todo por impedir que yo esté aquí…, pero ahora que he llegado no quiero que me entretengan con juegos, quiero mi libertad para decidir lo que quiero hacer, y lo que quiero es salir de este encierro y trabajar para poder mantener a mi familia” me increpa Amin (nombre ficticio) cuando le pregunto por qué está enojado. “Ya basta de juegos” me dice, en sentido literal.

El juego principal, que consiste en abrir y cerrar el grifo que permite a las personas llegadas en patera desde la costa africana a la isla de Lanzarote acceder al continente europeo, lo lidera y ejecuta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de ACCEM, la organización contratada para su acogida y asistencia.  El otro juego, el que se practica a diario en el Centro de Acogida para entretener a las personas migrantes y en busca de asilo, en su frustrante espera por el traslado a la península que les permitirá continuar su camino, lo regula la propia organización, financiada por el Ministerio. Para ello, ACCEM emplea a profesionales técnicas de integración social para llevar a cabo todo tipo de funciones, algunas propias y muchas impropias de esta profesión, quienes después de asistir con ropa, comidas y demás tareas de intendencia, incluyendo ejercer funciones obligadas de “vigilante” del comportamiento de los hombres, todos mayores de edad, acogidos en el Centro, tienen el cometido de entretenerles con juegos y talleres.

El entretenimiento es la norma, como lo es el trato paternalista y condescendiente. Quienes no entran a ese juego pueden ser cuestionados por no colaborar, así como sancionados por desobediencia si llegan tarde a comer o consumen substancias como hachís o alcohol, obviando el hecho de que sean personas mayores de edad con pleno derecho sobre sus cuerpos y sus vidas. En la justificación de todo esto están los argumentos que componen el fenómeno que el escritor nigeriano americano Teju Cole denomina como “el Complejo Industrial del Salvador Blanco”, que no va de hacer justicia sino de validar el poder y privilegio del Salvador sobre los que aún esperan por la descolonización de sus territorios, cuerpos y vidas[1].

El tema de la infantilización de las personas migrantes y en busca de asilo, así como del control y la penalización a las mismas por parte de las organizaciones subsidiadas por los gobiernos para hacer el trabajo que deberían asumir los sistemas públicos, es endémico. Podríamos estar en cualquier otra isla del Atlántico o del Mediterráneo. Algunas de estas organizaciones sin ánimo de lucro (o mal llamadas no gubernamentales debido a su dependencia del gobierno) se doblegan a exigencias claramente contrarias al concepto de acogida humanitaria, faltando al deber de cuestionamiento a las mismas, cuando lo que está en juego son los derechos humanos de las personas que se han comprometido a defender.

Mientras escribo, en el campamento de acogida de las Raíces, en Tenerife, atendido por la misma organización, un grupo de migrantes está en huelga de hambre por lo que describen como condiciones indignas, comida en mal estado y trato racista.

Mientras tanto, la organización calla. El secretismo en cuanto a lo que está sucediendo en los centros de acogida de Tenerife y Lanzarote que, seguramente, se justifique como imposiciones del Ministerio, como se hace con todo lo demás, es a todo punto inaceptable. En la página web de ACCEM se puede leer información sobre la atención a las personas refugiadas de la guerra de Ucrania y sobre el contexto general de la experiencia acumulada de la organización, pero nada en referencia a la atención en las islas Canarias donde llevan trabajando desde que el gobierno los contrató a finales de 2020, tras la vergonzosa vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes en busca de asilo hacinadas en el improvisado campo de Arguineguín, denominado por sus condiciones “muelle de la vergüenza”.

Actos por los que en 2022 la justicia española no ha visto delito, atribuyendo “las carencias” a la “falta de recursos” a la que siempre se alude como un mantra cuando se trata de la atención a las personas que llegan del continente africano o a las personas pobres en general.

La vulneración de los derechos de quienes sobreviven a las travesías más mortales del mundo, del Atlántico o de la valla de Melilla, se sigue soportando hoy en día en un país y continente que se arroga la defensa de los derechos humanos, sin que se haga justicia. En el concepto de hacer justicia hace falta tanto de respeto a la ley internacional de derechos humanos como de voluntad y coherencia política.

No se trata de hacer limpieza de “manzanas podridas” dentro del Sistema (que también) sino, fundamentalmente, del Sistema en sí mismo, de un estilo institucional colonial que permite el abuso y el crimen porque quien manda, manda, y que fomenta por otro lado unos comportamientos del orden de lo narrado por parte de las organizaciones contratadas. En la base están las personas empleadas que, o bien soportan unas exigencias laborales propias de otros tiempos dictatoriales por temor a perder el trabajo que tanto escasea, o se van, como hizo, entre muchas otras, quien escribe este relato.

Ya basta de juegos, sí, porque eso es lo que se está haciendo con las personas que migran buscando un lugar seguro y una vida digna. Un juego en muchos casos letal, como vemos impotentes, cada día, en las fronteras de los países expoliadores (desde Europa a Estados Unidos) de los lugares de donde sale la gente en busca de refugio y vida digna.

Es necesario crear una cultura que se oponga activamente al lenguaje y las prácticas racistas, discriminatorias y prejuiciosas. El reconocimiento de que existe un racismo estructural sería un primer paso hacia un cambio esencial en las actitudes que perpetúan prácticas coloniales. Se trata de un reconocimiento que no implique rechazo ni culpabilizaciones individuales, como tampoco desestime lo bueno del trabajo realizado, sino que tome responsabilidad en abordar un problema que no se puede seguir obviando.

Las organizaciones de desarrollo que trabajan para los gobiernos y afirman defender los derechos humanos tienen la responsabilidad de cuestionar la mano que les da de comer cuando ésta exige lo inaceptable o no provee lo necesario para garantizar los derechos de las personas a las que se ha comprometido a asistir. Y, por su lado, los gobiernos y las instituciones donantes deben asumir prácticas acordes con el siglo XXI y aceptar que se cuestionen sus estrategias y su poder. Parece una historia de David contra Goliat, pero Goliat depende de David porque no está dispuesto a reforzar los sistemas públicos para que sean éstos los que asuman la atención a las personas migrantes y en busca de refugio en la situación de igualdad contemplada en la Constitución del Estado Español.

Como expresó Teju Cole, “Si vamos a interferir en la vida de los demás, un poco de diligencia debida es un requisito mínimo.” Y claro, casi mejor hacerlo después de plantearnos la pregunta que se hace David Owen, “¿qué debemos a los refugiados?[2]… a la que tenemos la obligación moral de dar respuesta.


[1]Teju Cole, “The White-Savior Industrial Complex. The Atlantic. 2012.

[2]David Owen (2020). What do we owe to refugees? Polity Press.

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