Por Oswaldo Lazo. Médico especialista en salud pública y administración
La epidemia producida por la Covid-19 ha generado un explicable y generalizado temor en la población mundial y ha puesto en tensión a los sistemas de salud de todos los países. Es sin duda una clara manifestación de la globalización en el campo de la salud. Se ha globalizado una enfermedad que por sus características produce problemas de salud de cierta severidad en 5 a 8 % de la población, 2 a 3 % de los cuales requieren atención en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según los estimados de diversos estudios a nivel mundial. La atención de este último grupo de personas requiere de tecnología compleja incluyendo respiración asistida que, si además es demandada masivamente, son requerimientos de atención que por su complejidad y demanda, probablemente no puedan ser proporcionados por ningún sistema de atención a nivel mundial. Esta situación se empeora en los países latinoamericanos, particularmente en el Perú.
La respuesta sanitaria a cargo del gobierno y las organizaciones de salud, parte con un enorme déficit, producto de la deplorable situación de atención de la salud del país. En efecto, estamos frente a servicios públicos de salud “condenados a cien años” de abandono, producto de la implementación de políticas neoliberales y que hoy la pandemia pone en evidencia. El personal de salud de común atiende desprovisto de recursos esenciales y carente muchas veces de condiciones mínimas de higiene, frecuentemente con servicios de agua y alcantarillado inoperantes, pero también históricamente postergados en sus condiciones remunerativas.
De otro lado, las medidas de distanciamiento social que se han dispuesto, primero, como suspensión de toda concentración de personas, luego, el aislamiento obligatorio (cuarentena) y finalmente la inmovilización social obligatoria (toque de queda) nocturno, si bien son adecuadas y son cumplidas mayoritariamente, generan diversas consecuencias.
La respuesta poblacional es diversa, lo que expresa la heterogeneidad social, económica y cultural de un país tan complejo como es el Perú. En los sectores altos y medios, luego de los primeros días de pánico, que ocasionaron la afluencia masiva a los supermercados en busca de víveres y otros artículos, se ha instalado gradualmente cierta tranquilidad respecto del encierro obligado, lo que ha concentrado en la familia toda la preocupación y se vive un mal disimulado temor al contagio. En estos sectores se percibe incertidumbre y temor ante el futuro. Muchos son pequeños y medianos empresarios de servicios, obligados a cerrar intempestivamente sus negocios, viendo la merma de su economía. Algunas de las medidas económicas de urgencia dictadas por el gobierno, están dirigidas a mitigar el impacto económico y social en estos grupos. A su vez, los empleados públicos y los privados que laboran en las grandes empresas a menudo han logrado acuerdos laborales. Los de las pequeñas y medianas empresas son presionados a renunciar a un porcentaje de su remuneración o simplemente son despedidos. Por lo general, la mayor parte de este amplio y variado segmento social, si bien ha modificado sus rutinas diarias, no ha visto afectado de manera significativa su nivel de vida en el corto plazo.
La situación es muy diferente en los sectores populares. Somos un país con algo más de 20% de pobres[1], conformados en hogares que viven del “día a día”, con muy escasos recursos adquiridos por el jefe de hogar que en muchos casos es una mujer, a través de actividades informales de las más variadas: vendedores ambulantes de alimentos, de ropa, útiles de uso personal, transportistas, entre otros. Estamos en una sociedad donde se estima que la economía informal abarca al 70% de la población económicamente activa[2]. En este sector confluyen pobreza e informalidad, pero, a la vez, marginalidad y muchas veces exclusión social, a ellos la política social de un estado subsidiario generado por el neoliberalismo llega tarde, mal o nunca.
Todo eso se expresa en la percepción popular sobre la epidemia. No es raro escuchar frases como “de qué nos preocupamos, es la enfermedad de los ricos, de aquellos que se van a Europa de vacaciones”. Pero, igualmente pesan factores culturales muy acendrados en el mundo popular. Es una suerte de “seguridad” que surge de la experiencia que tiene el vencedor de mil batallas en la guerra cotidiana por la sobrevivencia que se refleja en frases como “a mí no me va a pasar nada” o “de cuantas me he salvado”. Con frecuencia estos grupos sociales han tomado la cuarentena como días festivos, se reúnen en la vecindad, hacen deporte, ingieren alimentos y bebidas alcohólicas, entre otros. En las personas de la tercera edad, se esboza con mayor frecuencia un discurso de resignación frente a un problema sobre el cual poco se puede hacer y, por lo tanto, se deja al “designio de la providencia”: “ya soy viejo, ya viví lo suficiente”.
El problema crucial en estos sectores es el económico. La subsistencia del día está determinada por los ingresos obtenidos ese día o el anterior. No existe la menor capacidad de ahorro para tiempos de vacas flacas y, si bien algunas de las medidas del gobierno están dirigidas a paliar la situación con la entrega de un bono de 110 dólares por familia, aproximadamente, este no llega a todos los que realmente lo necesitan. A ello se debe agregar la incapacidad operativa del Estado, lo que genera que esta ayuda llegue tarde o nunca.
Desde una visión externa y poco comprensiva de la situación, el gobierno, la prensa y los sectores altos y medios critican fácilmente la falta de solidaridad ciudadana o conducta irresponsable que quienes favorecen la propagación de la epidemia, sin percatarse, muchas veces, qué razones subyacen en esta conducta. Es un claro ejemplo de como la pobreza entra en conflicto con la solidaridad social, estableciéndose la disyuntiva entre la solidaridad ciudadana y la obligación de velar por la sobrevivencia familiar.
Me pregunto finalmente, si es posible transformar esta crisis en la gran oportunidad de despertar en la sociedad peruana la conciencia de que el bienestar de la persona es la razón de ser del Estado y, por lo tanto, su primera y mayor obligación. Esto implica garantizar un nivel de vida digno que asegure alimentación, vivienda, salubridad y salud universal, eficaz y de calidad que aún les es negada a millones de peruanos.
[1] INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), 2019
[2] Linares N. Informalidad laboral en el Perú: la gran problemática y sus posibles soluciones. Publicaciones Económica, 2019.
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