La Cañada: el no y la aporofobia como únicas respuestas

Por Paz Núñez Martí

Desde hace meses, las noticias sobre Cañada Real se suceden en periódicos, redes sociales y opinión pública tanto a nivel nacional como internacional. Es como el agua hirviendo que burbujea y esparce su vapor sobre la olla a presión. ¿La causa? La reivindicación social y política para que se devuelva el suministro eléctrico a las familias afectadas de la zona.

Empecemos por el principio. 

La Cañada Real Galiana es una antigua vía pecuaria del siglo XIII, que serpentea de norte a sur la Comunidad de Madrid a lo largo de 16 km surcando los municipios de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid. Esta zona periurbana que comenzó siendo un lugar de esparcimiento vecinal a mediados del siglo XX, con pequeños huertos para los recién llegados a la capital en busca de oportunidades, se ha convertido en una ciudad lineal precarizada de propiedad pública (Comunidad de Madrid) y, según se mire, altamente preocupante.

Pero lo relevante no son los orígenes históricos ni la propiedad del suelo. Lo realmente importante son las condiciones en las que vive el 80% de las 2.700 familias (unas 6.700 personas) de la Cañada. Según ONU HABITAT, estaríamos hablando de un asentamiento autoconstruido, con edificaciones precarias, sin planeamiento urbano, sin título de propiedad, al margen de la ciudad, con una tasa de hacinamiento por encima de los límites establecidos, con redes de suministro (agua, luz y saneamiento) informales, y todo ello en un marco de ilegalidad.

Una situación crítica que ha llevado a vertebrar un tejido de entidades sociales, culturales y vecinales que trabajan conjuntamente para mejorar la situación y reducir la brecha de desigualdad. Un tejido al que, durante la legislatura 2015-2019 con Manuela Carmena como alcaldesa, se unió la Administración pública mediante la creación del Comisionado para Cañada, un órgano autónomo integrado en la estructura del Ayuntamiento, para gestionar, coordinar y buscar soluciones efectivas. El mundo político que, hasta este momento, había sido una piedra en el camino, se convirtió en una oportunidad excepcional como agente de transformación social. 

Visto con perspectiva, lo que permitió el Comisionado para la Cañada fuera efectivo fue la confianza que construimos entre todos, de manera que el objetivo común fuese la erradicación de la pobreza 

El primer hito fue en 2017 con la firma del Pacto Regional por la Cañada. Fue un hecho histórico por el consenso que supuso que todas las administraciones implicadas, los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid y entidades sociales redactasen la hoja de ruta para una intervención consensuada y coordinada, sobre tres principios básicos: el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda y la legalidad.

Y se implementó con una serie de resultados nada desdeñables: desde el convenio de realojo de las familias más vulnerables del sector 6 (Vallecas, Madrid) hasta asegurar una serie de medidas para dignificar las condiciones de vida de los habitantes de Cañada en materia de inclusión social e infraestructuras (transporte, correos y suministros de agua y de luz, entre otros).

Durante los 3 años que duró el Comisionado, seguimos una línea estratégica: permanecer en el territorio para conocer de primera mano la realidad de las familias y colaborar con el tejido social en el planteamiento de soluciones viables, efectivas y dignas. Visto con perspectiva, lo que permitió que estos años fueran efectivos fue la confianza mínima y estable que construimos entre todos nosotros, de manera que el objetivo común fuese la erradicación de la pobreza y la posibilidad de un proyecto de vida para las familias, y no la disputa política entre ayuntamientos, entidades o vecindario. 

Cambios para mal

En 2019, tras el cambio del equipo de gobierno del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el rumbo político cambió y la estrategia social, como hermana menor que va de la mano, también. Primero fue nuestra destitución, la de Pedro Navarrete como comisionado y la mía como asesora técnica. Pero lo grave ha sido el desmantelamiento del órgano autónomo del Comisionado del Ayuntamiento de Madrid, con nefastas consecuencias organizativas, de gestión y toma de decisiones. No hay un interlocutor visible en el lugar, no hay a quien dirigirse de manera clara, que pueda tomar decisiones resolutivas. 

La última semana del mes de octubre de 2020, recibí una llamada de una vecina de Cañada, en concreto del sector 6 (Vallecas Villa) comentándome que llevaban un par de días sin luz. Inmediatamente la remití al cargo correspondiente, al actual comisionado de la Comunidad de Madrid, el único existente. Se tranquilizó al saber que la solución no era complicada. Durante los años de mi trabajo en Cañada la población también sufría cortes de luz por los picos de demanda eléctrica.

Era relativamente fácil detectar dónde se producía la sobrecarga de consumo: nuestra presencia constante en la zona, el control social del vecindario y, en última instancia, las cámaras termográficas nos indicaban qué edificaciones tenían una temperatura por encima de los valores habituales. Si se daba esta situación, iniciábamos una intervención coordinada con el entonces comisionado de la Comunidad de Madrid, Policía Nacional y Municipal para la investigación y, en el caso de plantaciones de marihuana, incautación y derribo de la construcción. 

Por el contrario, hasta el momento no ha habido ninguna acción efectiva por parte de alcaldía ni del gobierno regional al respecto. Tras más de 125 días sin luz, sin calefacción, sin neveras, sin lavadoras, sin cocinas, sin microondas, sin… las familias han perdido por completo el amparo gubernamental. Es más, en diciembre apareció un estabilizador de media tensión en el sector 5 que reduce aún más la demanda de la tensión necesaria por hogar. Nadie sabe quién la colocó ni con qué fin. 

Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, última responsable de la situación, como el alcalde de la capital insisten en que los cortes se deben a la alta demanda de las plantaciones de marihuana que existen en el territorio. Cierto que hay construcciones que albergan esta actividad, pero no lo justifican. Ante ello, resulta evidente la falta de voluntad política para solucionar el problema. Los últimos datos de los que dispongo indican que, de las 561 parcelas (1.264 edificaciones), en torno a 10 podrían albergar este tipo de actividad ilícita. Un número asumible para ser intervenido si hubiese una orden superior. 

Los habitantes de los sectores 5 y 6 están con una pandemia a cuestas, un temporal de nieve y frío excepcionalmente cruento, sin electricidad y con un tejido social roto por el maltrato al que se ven sometidos por parte de los dirigentes políticos. 

Desde los grupos políticos de la oposición se ha pedido una y otra vez en el pleno del Ayuntamiento de la capital, de las Juntas de Distrito y de la Asamblea de la Comunidad de Madrid la restauración de la electricidad en Cañada Real. La negativa y la aporofobia son las únicas respuestas. Se han pedido generadores. Respuesta: No. Placas fotovoltaicas. Respuesta: No. Las vecinas y vecinos quieren pagar la luz. Respuesta: No. Regularizar la situación. Respuesta: No. Alguna solución. No.

Y el final de la historia es que los habitantes de los sectores 5 y 6 de Cañada están con una pandemia a cuestas, un temporal de nieve y frío excepcionalmente cruento, sin electricidad y con un tejido social roto por el maltrato al que se ven sometidos por parte de los dirigentes políticos. Atravesando la desconfianza en las administraciones públicas, la criminalización de la pobreza de la extrema derecha y el asistencialismo paternalista.

Tras denunciar esta situación a instancias superiores, ni las respuestas contundentes e inculpatorias del Defensor del Pueblo, ni de los 8 relatores de Naciones Unidas, ni la del relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, ni las declaraciones de los partidos de la oposición, ni los ingresos hospitalarios por inhalación de CO₂ (por la combustión de leña o gas para calentarse), ni la muerte de un vecino por hipotermia, ni las vecinas y vecinos de Cañada con sus manifestaciones, apariciones públicas y reivindicaciones logran transformar el corazón de piedra en un corazón de carne de los responsables de esta situación: la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid y Delegación de Gobierno, con el consentimiento de Naturgy (empresa suministradora de la energía)

Hasta que no nos demos cuenta de que la construcción del Reino depende de nuestras manos y de nuestra libertad, la sinrazón continuará y el bien común se escapará dejando un hueco de individualismo inevitable. Al menos aún nos queda el grito estremecedor (y esperanzador) del profeta Isaías ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!