Personas abandonadas a su suerte en Chafarinas el pasado diciembre. Foto: Caminando Fronteras.

Se cumplen seis años de las muertes bajo las balas de goma de la Guardia Civil de 15 personas migrantes en el paso fronterizo del Tarajal (Ceuta) sin que se les haya hecho justicia ni se haya permitido a sus familiares venir a visitar las tumbas de sus hijos. La organización Caminando Fronteras, cuya voz más visible es la de la activista Helena Maleno, muestra un año más las cifras de la vergüenza en la frontera sur de Europa. En 2009 han sido 893 muertes sin reparación ni justicia.

Han pasado ya seis años desde que, en aquel 6 de febrero de 2014, 15 inmigrantes murieran cuando intentaban cruzar a nado la playa de Ceuta a causa del gas lacrimógeno y las pelotas de goma utilizadas por la Guardia Civil para intentar disuadirles. Y, aunque este hecho supuso un antes y un después a la hora de denunciar este tipo de muertes, siguen siendo muchos lo que, aún hoy, mueren en el Mediterráneo.

Según el reciente informe presentado por la ONGD Caminando Fronteras, que trabaja con inmigrantes procedentes en su mayoría de África Subsahariana en tránsito por Europa, han sido 893 personas las fallecidas durante el 2019 intentando alcanzar una vida mejor. 893 personas con nombres y apellidos, familias y sueños que cumplir que para nosotros, por desgracias, siguen pasando desapercibidos. A nadie le preocupa saber quiénes son excepto, claro está, a los familiares que se quedan en los países de origen y que para su desconsuelo ven cómo pasa el tiempo y no pueden enterrar a sus seres queridos bajo sus costumbres y tradiciones. En sus más de 90 páginas, el informe ‘Vida en la Necrofrontera’ no solo nos muestra “la crisis humanitaria que vive la frontera occidental europea, sino que hace visible cómo en la imposición, control y ampliación de las fronteras se condensa y se afianza la lógica de muerte y despojo que caracteriza al capitalismo cada vez más voraz que estamos viviendo.

Gobiernos cómplices

En el Mediterráneo, probablemente el cementerio más grande del mundo, se hace evidente cómo todos los gobiernos europeos son, en cierto modo, cómplices de la situación, con el único fin de sustentar, según el informe, “toda una industria de violencia y muerte que se beneficia de vigilar, detener, encarcelar y deportar, traficar y esclavizar e incluso rescatar y asistir a quienes intentan atravesar dicha frontera”. El Mediterráneo es, además, el ejemplo más claro no sólo de cómo Europa renuncia constantemente a su obligación de garantizar los Derechos Humanos, sino de privar y levantar falsas acusaciones contra activistas que se dejan la piel ayudando a estas personas. “Cuando la prioridad es el lucro, cuando controlar y vulnerar la vida de las personas migrantes es una fuente inagotable de riqueza y poder, los Derechos Humanos sobran, estorban, no importa cuántos tratados se hayan firmado, ni cuantos acuerdos se logren en Naciones Unidas”, escribe Marusia Lopez (miembro de Just Associates y la Iniciativa Mesoamericana para Defensoras de Derechos Humanos) en el prólogo de un informe que pretende escuchar los gritos de las personas migrantes que son silenciados por los relatos oficiales. Así mismo, también refleja las denuncias de colectivos y organizaciones que luchan contra la cultura del individualismo y la xenofobia y se han construido en redes de vida “para avisar de naufragios, para acompañar a familiares que han perdido a un ser querido o se encuentra desaparecido, para humanizar los cuerpos y las vidas migrantes, para denunciar un sistema que está destruyendo no solo las vidas sino los valores más nobles y generosos que la humanidad ha construido a lo largo de su historia”.

Testimonios y nombres

Los testimonios directos acerca de esta guerra silenciada sobre expulsiones ilegales, desapariciones, violencia o tumbas sin nombre de cientos de hombres, mujeres y niños en los cementerios de Canarias o Andalucía, son lo que hacen de este informe algo diferente. Se aleja así del discurso tan generalizado hoy en día en occidente y que reduce al migrante a tópicos de victimización y cosificación (sobre todo en lo referente la situación de las mujeres en movimiento y cuyo discurso está marcado por la búsqueda de derechos) cuando no, a la clara criminalización debido al uso de palabras como avalancha, asalto o invasión, tanto por parte del Gobierno como de algunos medios de comunicación. En definitiva, son historias narradas en primera persona, acompañadas de datos escalofriantes sobre las barbaridades cometidas contra estas personas. “Cuando miro a mis hijas me duele el pecho, cuando pienso que tengo que esconderme de las redadas me duele el pecho, cuando veo la frontera me duele el pecho, cuando me prostituyo me duele el pecho. Siento como la presión de la injusticia en ese sitio, no sé cómo explicarlo”, relata una congoleña. “Ahí estaban los cuerpos. No había sitio en la morgue de Nador. Agradezco que me dejaran entrar a ver el de mi hermana, pero era horrible. Estaban puestos en el suelo, no tenían sitio para otro lugar. No sé cuántos eran, pero veinte al menos. La reconocí de inmediato. Llevaba puesto un jersey que le gustaba mucho, y aún tenía el chaleco salvavidas. Pedí hacer fotos para mandarlas a la familia y hacer el duelo en Guinea, no podíamos pagar el traslado del cuerpo que son 40.000 dirhams” cuenta el familiar de esta guineana. “Ayer vi el cuerpo de mi mujer, es ella el cadáver que está en la morgue. No pudieron salvar tampoco al bebé. Ahora vendrá Cruz Roja a buscarme y esperamos la decisión del juez. Quiero irme de Almería lo más rápido posible porque si me quedo aquí solo más tiempo me voy a volver loco. Tengo que estar al lado de mi familia que está en Francia. No puedo hacer nada más por ella y me estoy volviendo loco poco a poco” cuenta el marido de la víctima ahogada en el mar de Alborán en noviembre de 2018.

Seis años de impunidad en el Tarajal

Por eso, una año más, el recuerdo de las víctimas de la tragedia del Tarajal y de tantas otras, se hace imprescindible. Más aún tras conocer que la Fiscalía ha archivado el caso de los 16 guardias civiles procesados por la muerte de los 15 inmigrantes de 2014 alegando, entre otras cosas, que las pelotas de goma fueron utilizadas como medida disuasoria y que “en ningún caso se lanzaron con la finalidad de alcanzar a los inmigrantes”. Así, el próximo 8 de febrero se realizará en Ceuta la VII Marcha por la Dignidad. Bajo el lema “frente vuestros muros, creamos puentes”, se pretende, no sólo exigir justicia y mantener viva la memoria de los migrantes fallecidos, sino también visibilizar que hay cientos de personas dispuestas a seguir defendiendo los principios básicos de cualquier democracia: la justicia, la igualdad, la solidaridad o el respeto. El manifiesto de la convocatoria lleva, al cierre de esta edición, la adhesión de más de 150 organizaciones y plataformas de todo el Estado.

En Madrid, como eco de las reivindicaciones de Ceuta, la Coordinadora de Barrios junto a Sercado, la Asociación El Olivar o la Red Solidaria de Acogida entre otras, organizarán un acto de silencio por las víctimas de las fronteras el mismo 6 de febrero a las 12:00h. del mediodía en el Congreso de los Diputados y un acto de memoria por las víctimas del Tarajal a las 19:00h. frente a la Fiscalía General. A estos actos simbólicos y reivindicativos se sumará la mesa redonda ‘Tarajal: claves jurídicas’ en la que participará Patricia Fernández Vicens –Patuca-, abogada del caso. Será a las 16:00h. en el Aula Polivalente de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Mantener vivo el eco

La sociedad civil representada tanto en la marcha de Ceuta como en los actos de Madrid y otras ciudades del Estado buscan, en el inicio de esta legislatura que quiere ser progresista, no solo que se reivindique la memoria de las víctimas sino que se adopten medidas para evitar que sigan sucediendo estas muertes cotidianas. Su lucha a lo largo de estos años por mantener vivo el eco de una injusticia tiene una oportunidad ahora de verse reflejado en medidas concretas desde las instituciones. De lo contrario, seguirán convocandose en las calles y los juzgados para que las familias recuperen los cuerpos de sus hijos y para que no haya más cuerpos evitables que recuperar.