Estado de alarma y derechos civiles: la tormenta perfecta

«Los sistemas democráticos viven a escala internacional un repliegue que pone los intereses de los agentes económicos transnacionales, la industria armamentística o la defensa, por parte de los Estados, por delante de la preservación del sistema de derechos y libertades fundamentales, incluidos los derechos civiles y políticos, los derechos sociales o el derecho de los pueblos a su libre determinación».
Xavier Antich

Los estados de emergencia, alarma, etc. no autorizan a los gobiernos a suspender ningún derecho fundamental, aunque sí a establecer alguna limitación, por ejemplo, la circulación de personas y vehículos. Sin embargo, el Estado de Alarma ha dejado muchos interrogantes relacionados con derechos civiles.

Expertos y expertas de las Naciones Unidas, en un comunicado emitido el 16 de marzo de 2020, instaron a los Estados a establecer mecanismos para hacer frente a la pandemia con un enfoque basado en los derechos humanos, advirtiendo que “las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID-19 no deben usarse como base para atacar a grupos particulares, minorías o individuos. […] Las restricciones tomadas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deben usarse simplemente para acallar la disidencia.”

Sin embargo, parece que las cosas no han ido en ese sentido. Amnistía Internacional, en un informe publicado en diciembre de 2020, denunciaba que las respuestas de los Estados a la pandemia de COVID-19 ha provocado más de 1,5 millones de muertes. “En al menos 60 países en los que Amnistía Internacional ha documentado casos, las autoridades han adoptado medidas punitivas y coercitivas que no sólo han dado lugar a violaciones de una serie de derechos humanos, sino que también han dividido a las sociedades y no han abordado la crisis de salud”, señala. 

Durante el estado de alarma numerosas multas de dudosa legalidad fueron impuestas a inmigrantes. Foto: Caminando fronteras

Como señala Marta Peirano, «el coronavirus ha sido la tormenta perfecta para el control social». Numerosos datos avalan la afirmación. Durante el Estado de Alarma, las fuerzas policiales pusieron en España más de un millón de multas (muchas de dudosa legalidad) por presuntas violaciones del mismo, en muchos casos, a empleadas domésticas de camino a su trabajo, lo que remite a que estas medidas han castigado con especial virulencia a personas racializadas. 9.173 personas fueron detenidas por el mismo motivo y las situaciones de abuso, sobre todo policial, fueron frecuentes, como numerosas imágenes registradas por la ciudadanía atestiguan

Los colectivos más vulnerables han sido quienes han visto atropellados en mayor medida sus derechos. “¿Quién multará o castigará a los gobiernos que, repetidamente, no satisfacen los mismos tratados de derechos humanos que han firmado?”, se pregunta Joan Tamayo, del Institut de Drets Humans de Catalunya. Como reclamaba una manifestación con este motivo, “desconfinemos derechos y libertades”.

Género: la sobrecarga de las «mujeres sandwich»

Las mujeres, a las que la actual división del trabajo atribuye los cuidados, juegan un papel esencial en la pandemia: limpieza de hospitales, atención en comercios de alimentación, auxiliares de enfermería, etc. Pero han visto como retrocedían sus derechos. Muchas se han visto obligadas a renunciar a sus trabajos para cuidar a los niños y a los ancianos, haciendo malabarismos para hacer la cena, a la vez que los deberes de los más pequeños. Gemma Pascual las llama “las ‘mujeres sándwich’, atrapadas, como el queso y el jamón entre dos rebanadas de pan, entre el cuidado de los hijos y de los padres ancianos. En el mejor de los casos, teletrabajan con los hijos en la falda”.

Muchas mujeres se ven atrapadas en el callejón sin salida de los cuidados y, en el mejor de los casos, trabajan con los hijos en la falda. Foto: Marcin Jozwiak 

Y la situación más terrible de todas: las de las que duermen con su enemigo. Para miles de mujeres de todo el mundo, las medidas de confinamiento contra la COVID-19, conllevan un peligro implícito: reforzar el aislamiento de quienes ya son víctimas de violencia de género y separarlas de casi todos los recursos para defenderse. El Consejo de Europa denunció el pasado marzo que «los confinamientos y otras restricciones por la pandemia han provocado un récord de aumento de abusos domésticos». 

Prisiones: el doble encierro 

Como es sabido, a quienes están en la cárcel sólo se les puede privar de su derecho a la libertad; el resto los conservan. Sin embargo, si en la situación que llamamos “normal” son una población vulnerable, aún más en la excepcionalidad que ha sido el Estado de Alarma. Personas en tercer grado o con permiso para trabajar unas horas fuera de prisión han visto cómo se les revocaban, o no les dejaban cumplir el confinamiento en sus casas, a pesar de que todo ello es perfectamente legal.

No han autorizado video-llamadas cuando no estaban permitidas visitas. Las denuncias por malos tratos han aumentado en todo el mundo, como denunciaron expertos de varias agencias de la ONU el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Migrantes: la culpabilización irracional

Las personas migrantes constituyen uno de los grupos que han sufrido los atropellos más graves. Llegaron en época de recogida de la fruta, y trabajan en régimen de semiesclavitud por sueldos míseros, viven y duermen en la calle, no tienen acceso a medidas preventivas y, hayan contraído o no la enfermedad, se les señala como culpables de la transmisión.

En los campos de Huelva, unas 3.500 personas de origen migrante viven hacinadas en chabolas sin las mínimas condiciones higiénicas. Muchas no tienen ni agua donde lavarse las manos. En Lleida, el futbolista Keita Baldé se ofreció a pagar el alojamiento de los temporeros de la fruta y los hoteleros se negaron a alojarlos. No se respetan las distancias de seguridad en los tajos y las empresas no garantizan ni mascarillas ni guantes. Ocho ONG han denunciado a España ante la ONU por violar los derechos humanos de las temporeras marroquíes en Huelva

Durante el Estado de Alarma se cerraron los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), auténticas cárceles ilegales donde se confinan personas que no han cometido ningún delito (su falta, en todo caso, es administrativa: carecer de papeles). Se cerraron porque se quedaron vacíos, pero se volvieron a abrir. Mientras, también, se acusa de traficar con seres humanos a los activistas de derechos humanos, como Helena Maleno, por intentar salvar vidas.

Estas políticas, y los consiguientes comportamientos, tienen mucho que ver con el racismo, que suele castigar a los pobres. Más de 3.500 inmigrantes, éstos ricos, habían obtenido del Gobierno español en el primer mes de Alerta las «tarjetas de oro» que les permiten entrar en la España regularizada.

En plena crisis del coronavirus estallaron en Estados Unidos las protestas antirracistas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minnesota. En distintas ciudades españolas se convocaron también manifestaciones impulsadas por organizaciones afroamericanas, colectivos racializados, antirracistas, de manteros y sinpapeles. Además de denunciar el asesinato de Floyd, se quería evidenciar que aquí también hay racismo institucional, una discriminación que pesa sobre distintos colectivos: afrodescendientes, magrebíes, árabes, gitanos, latinoamericanos, y otros. Querían sacar a la calle que aquí también tenemos “nuestras Minnesotas”, como denunciaba Cristina G. de Andoain en El Salto.

Algunas autoridades pusieron el grito en el cielo por algunas imágenes que mostraban que no siempre se guardaban las distancias de seguridad. Pero no fueron al fondo de la cuestión. Sí lo hizo el epidemiólogo que durante el confinamiento fue portavoz oficial del Gobierno belga. “Si el racismo no existiera, 10.000 personas no tendrían que haber recordado en Bruselas que todos somos iguales”, escribió en Twitter.

“Ley mordaza”, patente de corso para la violencia institucional

Muchos de estos atropellos se han hecho al amparo de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como ”ley mordaza”, y de la última reforma del Código Penal. En la moción de censura que le llevó a La Moncloa en 2018, Pedro Sánchez calificó de “urgente” su reforma, pero ya ha cumplido cinco años sin cambios y ha sido más utilizada que nunca en este periodo de excepción. Durante los primeros 75 días del confinamiento se pusieron a su amparo 1.089.917 multas, lo que supone un incremento del 42% sobre el total de sanciones de los primeros tres años y medio de la norma. 

Un caso más de que “la culpa no es del COVID”, sino que la gestación es larga, al menos, desde la llamada crisis financiera del 2008, y de cómo se afronta. Ha sido “la tormenta perfecta” para usar la Ley Mordaza. Su uso político ha sido criticado por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos. Greenpeace lo califica como el mayor recorte de libertades de la historia democrática de nuestro país” al considerar “la protesta pacífica como una amenaza, y no como una parte consustancial a la convivencia democrática”. La “auténtica seguridad ciudadana”, tal como está demostrando la reciente crisis del COVID-19, sostienen desde esta organización, “tiene más que ver con otros aspectos, como poder acceder a servicios públicos de calidad o tener cubiertas las necesidades básicas. Por ello resultan tan necesarias las voces críticas que salen a las calles a señalar las debilidades de nuestro actual sistema y a exigir medidas de justicia social y ambiental”.

La “vacuna”

Las consecuencias de la pandemia no han sido ni son exclusivamente sanitarias. Ha monopolizado el espacio público, el imaginario colectivo. Otras noticias más actuales, tan relevantes como la declaración de la OMS declarando erradicada la polio de África, han pasado inadvertidas.

Como pasa casi inadvertida la securitización de la crisis, naturalizando la omnipresencia de los militares en una emergencia de la que no nos salvarán cañones ni drones. Como no nos salvan las grandes corporaciones, los poderosos, los ejércitos o las policías, sino lo profesionales encargados del mantenimiento de la vida. Los cambios que es urgente abordar se resumen en lo que tantos movimientos sociales y políticos —feminismo, ecologismo, defensores de DDHH, etc.— y tantas corrientes de pensamiento vienen diciendo desde hace tiempo: poner los cuidados en el centro como eje de las políticas, la organización y la ética social. 

La gran esperanza contra la pandemia se centra en las vacunas. Foto: Steven Cornfield

En el reverso de la moneda, se nos presenta la oportunidad de revertir el proceso, de tal manera que esa tan cacareada “nueva normalidad” sea una sociedad más justa y más democrática. Como señala Joan Tamayo, ”es necesario un sistema alternativo derivado de la misma lógica humana, con valores humanos básicos y una distribución de la riqueza, los derechos humanos como motor. Los derechos son la única hoja de ruta. Los derechos humanos no se dan, se tienen, y debemos luchar para recuperarlos”.

La gran esperanza contra la pandemia se centra en las vacunas. La “vacuna” social y política contra esta crisis tendrá que atender a todo eso, a lo que aflora y a lo que surge. “Cada uno y cada una de nosotras —sostiene Casielles— tenemos la responsabilidad de comprender que, igual que en la pandemia, el ‘sálvese quien pueda’ no sirve de nada: también cuando todo esto termine, la posibilidad de salir adelante dependerá de que hagamos lo necesario para el bien común, cuidando particularmente de quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Lo bueno es que, para este medicamento, para esta vacuna, no tenemos que esperar a que la encuentre ningún laboratorio. La inventamos entre todas y todos, en colectivo. Y tenemos muchas pistas sobre los ingredientes. Así que venga, manos a la obra, para que las próximas fiebres no nos hagan tanto daño”.

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