Comienzo esta reflexión con dos presupuestos de carácter personal: yo pongo tan a gusto las dos «X» en la declaración del IRPF, pero me gustaría que no las hubiera. En lo que sigue va el intento de explicar esta aparente contradicción.
Como todos sabemos, en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas se pueden marcar dos casillas, una o ninguna. En una se indica «Iglesia Católica» y en otra «Otros fines de interés social». De este modo, los contribuyentes pueden orientar una pequeña parte de sus impuestos a unos fines previamente establecidos. Menos mal que la Conferencia Episcopal logró evitar la situación inicial en la que la «X» se tenía que poner de modo alternativo y en a que la financiación de la Iglesia se encontraba enfrentada a la de «la lucha contra la pobreza». Con todo, esta situación, que tiene de bueno convertir los presupuestos en mínimamente participativos, ha dado lugar a un amplio debate, parcialmente demagógico, que convendría clarificar.
El origen de esta disposición se encuentra en unos acuerdos firmados entre la Iglesia y el Estado en el inicio de la democracia y que preveían un periodo transitorio hasta que la Iglesia pudiera autofinanciarse, partiendo del modelo franquista, en el que la Iglesia era tratada como una parte más del aparato estatal. Inspirándose en la experiencia alemana, en la que la administración tributaria presta un servicio análogo a las Iglesias Católica y Evangélica, en España se argumentó que Hacienda tenía un sistema mucho más eficaz de recaudación y que habría muchos españoles deseosos de contribuir a la financiación de las actividades de la Iglesia Católica pero que, por no frecuentar sus celebraciones litúrgicas ni mantener sólidos vínculos con las parroquias, no encontrarían un modo práctico de realizar su aportación económica. En su momento la Iglesia asumió el compromiso de dar pasos progresivos para alcanzar su plena autofinanciación y poder prescindir de esta «muleta financiera», algo que no ha ocurrido hasta la fecha y que parece que tanto ella como el Estado dan por inalcanzable.
Entre tanto, esta situación se ha vuelto polémica. Estas mismas semanas hemos asistido a propuestas de Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña o el PSOE pidiendo una modificación del status quo actual y a distintas instancias eclesiales pidiendo marcar la «X». Los términos del debate a mi me parecen sesgados.
Sin pretender agotar los argumentos podemos señalar que los opuestos a la aportación estatal suelen señalar lo siguiente:
• España es un Estado laico y debe haber una separación total entre Estado e Iglesia.
• Son las personas creyentes quienes tienen que financiar sus creencias y no el conjunto de la ciudadanía.
• Los cristianos y cristianas estarían contribuyendo menos que el resto a costear los gastos públicos generales, al detraer su parte de los ingresos totales.
• La Iglesia estaría privilegiándose del apoyo del Estado a conciertos educativos, sanitarios o sociales y por un tratamiento fiscal inaceptable (no pagar el IBI, por ejemplo).
• La crisis económica habría agravado la situación. Si estamos sufriendo tantos recortes en bienes y servicios públicos, ¿por qué no recortar a la Iglesia?
• Algunas personas, incluso, descalifican por completo a la Iglesia o al hecho religioso y se oponen a que el Estado alimente a una institución socialmente indeseable.
En el lado contrario se encuentran quienes afirman lo siguiente:
• El Estado financia numerosas actividades con orientación ideológica particular por considerar que contribuyen al bien común y no solo a la Iglesia.
• Somos libres de poner o no la «X» y, por tanto, el Estado solo realiza una función técnica que recoge el sentir de una parte de la ciudadanía.
• Lo que aporta la Iglesia al bienestar social del país es muy superior a lo que recibe económicamente por el efecto multiplicador de las personas voluntarias.
• De hecho, la Iglesia no supone una carga sino un ahorro para las arcas públicas. Si el Estado tuviera que asumir su acción social le saldría mucho más caro.
• Muchas actividades de la Iglesia no son estrictamente religiosas y contribuyen al patrimonio cultural, moral, artístico o intelectual de un país.
• El carácter de derecho internacional de los acuerdos con la Santa Sede no permite alterarlos unilateralmente.
Ante este fuego cruzado de argumentos unilaterales no me siento cómodo. Creo, por ejemplo, que no es honesto publicitar la «X» a la Iglesia apelando a su acción social, ya que buena parte de ésta se financia, sobre todo, a partir de los recursos de la otra «X» (la de otros fines de interés social), además de por la generosidad de las comunidades cristianas y particulares. Ciertamente, el grueso de la partida destinada a la Iglesia se destina al mantenimiento de su infraestructura estrictamente religiosa. Aunque sí que resulta cierto que difícilmente podrían realizarse muchas acciones sociales sin la existencia de esa estructura organizativa.
En sentido contrario quienes se oponen a todo apoyo público a la Iglesia olvidan que otras muchas instituciones sociales. como los partidos, los sindicatos, las fundaciones culturales, los clubes deportivos, los periódicos o numerosas actividades artísticas son, de un modo u otro, subvencionadas y, con frecuencia, de modo más intenso. Yo creo legítimo y conveniente que el Estado apoye a las entidades que contribuyen a vertebrar la sociedad, mientras esta aportación sea minoritaria en sus presupuestos. La subvención mayoritaria tendría sentido para las actividades consideradas de bien común por un alto consenso ciudadano y que puedan desarrollarse mejor desde el sector social que desde el publico. Una sociedad que entre los individuos y las administraciones públicas tiene una gran variedad de organizaciones intermedias es más rica, libre y dinámica.
Pero, si lo que he señalado hasta ahora se refiere a mi conciencia ciudadana, mi conciencia creyente me lleva a ir más lejos por exigencia interna. No porque piense que el Estado debiera negar todo apoyo económico a la Iglesia -ya que puede haber muchos campos de mutua colaboración-, sino para que ésta pueda aproximarse a los criterios económicos evangélicos, para ganar credibilidad ante la sociedad y para mantener su libertad e independencia ante el poder político. Tres condiciones imprescindibles para la evangelización en nuestros días.
En concreto, yo distinguiría tres necesidades económicas de la Iglesia. La primera sería el mantenimiento del personal e instalaciones dedicados al culto y demás actividades de la vida comunitaria del Pueblo de Dios. Estas necesidades deberían ser de completa autofinanciación. La segunda se refiere a las actividades de promoción de la solidaridad y lucha contra la pobreza (salud, educación, voluntariado social, apoyo a los sectores sociales más débiles, etc.). En este terreno la Iglesia debería tener idéntico trato que las fundaciones, asociaciones y ONG sin ánimo de lucro, sin discriminación alguna por su identidad. La tercera tiene virtualidades que no poseen ni las empresas privadas ni las instituciones públicas. Por último tendríamos los gastos derivados de un patrimonio artístico que tiene un valor incalculable -por lo que alimenta el tópico de la riqueza de la Iglesia- y cuyo mantenimiento resulta muy oneroso. En este caso yo propondría su donación al Estado con derecho de usufructo en el caso de que las comunidades cristianas lo utilicen para las actividades religiosas y mientras esto ocurriera. Los bienes tendrían un uso cultural general, la Iglesia haría un gesto real de desprendimiento y su mantenimiento sería compartido.
Este planteamiento, unido a una transparencia completa sobre la economía eclesial, tendría un efecto muy positivo en la sociedad. Pero, en un contexto de envejecimiento y reducción numérica del catolicismo español, que, por desgracia, no ha acabado de asumir el criterio de la autofinanciación, obligaría a practicar una administración aún más austera (creo sinceramente que el clero cobra poco y que el despilfarro no es la tónica de la institución eclesial) y a repensar cómo el ejercicio de los ministerios eclesiales a tiempo completo debe dar paso a situaciones en las que muchos de los ministros deberán serlo a tiempo parcial, en semivoluntariado o teniendo otro oficio.
Puede que los obispos prefieran la asignación del Estado a la autofinanciación porque ésta puede dar a los fieles un peso en la marcha de la Iglesia que hasta ahora no han tenido. Hay que seguir generando conciencia en los creyentes en el sentido de que tenemos que pagar los gastos de la comunidad para poder prescindir de la «X», evitando, eso sí, errores aberrantes como la campaña «Como Dios manda» en la que se sugería que Dios quería que pusiéramos la dichosa «X». Un poquito “de por favor”. Que se sepa, lo que Dios quiere es un mundo de paz, de libertad, de justicia y de amor.
