En Guatemala se vive una grave situación respecto a los derechos humanos y a las personas que luchan por éstos, especialmente en la zona minera de La Puya. El Gobierno detuvo en junio a los líderes campesinos del Comité de Desarrollo Campesino Mauro Vay Gonón, Blanca Julia Ajtun Mejía y Mariano García Carrillo en Chiantla después de que fueran denunciados por la empresa energética Energuate. El 1 de julio, este mismo gobierno citó a dos voluntarios de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) para comunicarles que les retiraban su residencia y que tenían hasta el 10 de ese mismo mes para abandonar el país. Esta drástica decisión supone la defensa de los megaproyectos mineros antes que la de los derechos humanos.
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