Mal están las cosas en Centroamérica cuando las personas que se preocupan por los problemas de sus comunidades, quienes buscan que se haga justicia cuando algo no va bien, aquellas que están pendientes de los más vulnerables, tienen que unirse para ser más fuertes, para defenderse de los más poderosos; por el derecho a defender los derechos.
En Guatemala, el proceso de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos está llegando a tal punto que las organizaciones sociales han pedido el apoyo de la comunidad internacional para acudir a los procesos penales donde se les acusa, para presionar y luchar por la transparencia judicial ante las presiones de las grandes corporaciones empresariales. Si hace años era el conflicto armado quien desplazaba a la población de sus territorios, hoy es el interés comercial de unos pocos con el auspicio de un gobierno insensible quien hostiga a las gentes a salir o resistir en sus comunidades.
UDEFEGUA es la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala y en la región mesoamericana. Esta organización aglutina a esas personas para darles acompañamiento, asesoría jurídica y de seguridad porque, según el último informe realizado, en 2014 las amenazas constantes y la difamación de estas personas se han convertido en una media de dos agresiones diarias.
En año pasado en Guatemala se denunciaron 805 agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos. El 82% fueron contra personas que promulgan el derecho de consulta previa sobre el territorio, el derecho a la tierra y al ambiente sano. Las mujeres defensoras fueron víctimas de 436 agresiones: son por tanto, el 52% del total, demostrando una vez más la doble condición de marginalidad por razón de género.
En los procesos de criminalización contra defensores y defensoras se suelen apreciar diferentes acciones y etapas, desde el señalamiento negativo y la difamación por autoridades y en medios de comunicación y la divulgación de rumores dirigidos a poner en duda la legitimidad y honradez personal o profesional hasta la acusación legal, orden de captura y detención de defensores y defensoras. Según Margaret Sekaggya, que fue Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, su “señalamiento como “terroristas”, “enemigos del Estado” o como “una amenaza a la paz, la seguridad pública, nacional y moral” por parte de las autoridades estatales, medios de comunicación y de actores no estatales es una tendencia creciente -y preocupante- dado que se utiliza para deslegitimar su labor y ello incrementa su vulnerabilidad”.
La criminalización de la defensa de derechos humanos implica, además, el uso por parte de algunas autoridades del poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a las defensoras y defensores de derechos humanos.
Especialmente preocupantes son las detenciones arbitrarias o sin respeto a los estándares debidos del proceso y la utilización de tipos penales amplios, que no satisfacen el principio de legalidad, reportándose acusaciones de terrorismo, usurpación agravada, utilización de leyes de desacato, etc.
La situación se ha recrudecido respecto a años anteriores; en 2013 los actos de difamación fueron el 26% y las agresiones físicas otro 26%. Sin embargo, en 2014 el 81% han sido ataques físicos y el 6%, actos de difamación. Este fenómeno de la estigmatización y difamación previo vulnera la seguridad de estas personas y las deja más expuestas al ataque físico violento, dado que su patrón de conducta ya ha sido tachado de subversivo por las autoridades, lo que “facilita”, en cierta medida, la resolución del conflicto por vías violentas.
Para Claudia Samayoa, coordinadora de UDEFEGUA, este aumento de la criminalización no es casual, es “el impulso de una estrategia interna, que recupera el discurso del conflicto armado y tacha a los defensores de los derechos humanos de ‘comunistas’, ‘terroristas’, ‘guerrilleros’ y ‘desestabilizadores’. Este discurso ha abierto la puerta a procesos de denuncia judicial, detenciones ilegales (unos 200 defensores de derechos humanos desde 2012), asesinatos (ocho casos en 2014) y actos de violencia sexual, sobre todo contra mujeres que luchan contra la violencia machista (cinco casos hasta 2014). La estrategia se lanza claramente durante el mandato del actual presidente (Pérez Molina) y cuenta con el apoyo de la judicatura pero también del Congreso, que aprueba tipos delictivos con el fin de parar la resistencia popular”.
Los defensores y defensoras también son objeto de criminalización por acciones directas o indirectas de actores no-estatales, tales como empresas, medios de comunicación, cuerpos privados de seguridad y otros. Este escenario se observa, sobre todo, en el contexto de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), ambientales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas en áreas donde las comunidades ocupan tierras de interés para el desarrollo de megaproyectos como las explotaciones mineras, hidroeléctricas o forestales.
En Guatemala el territorio con mayor violencia es el departamento de Guatemala, donde se concentran las relaciones de poder. Seguido están los departamentos con mayor presencia de población indígena (aunque ésta represente entre el 75 y el 90% del total de la población del país) y la mayor concentración de los recursos naturales (Huehetenango, Alta Verapaz y Chiquimula).
Las resistencias y agresiones responden a la imposición de un modelo extractivo en Guatemala a partir de una alianza entre los sectores público y privado, que beneficia a los sectores más influyentes del país. Entre las empresas que más violencia han ejercido desde UDEFEGUA destacan las hidroeléctricas, como Hidralia Natural (en el municipio de Barillas) y las mineras: Goldcorp (en San Marcos Jutiapa), Tahoe Resources (Santa Rosa y Julapa) o KFC (Ciudad de Guatemala).
Entre los muchos casos que hay, resulta emblemática la comunidad de “La Puya”, que recientemente ha cumplido dos años de resistencia pacífica contra el proyecto minero a cielo abierto que afecta a más de 40 mil familias. “La Puya”, límite entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en las afueras de la ciudad de Guatemala, está bloqueando de forma pacífica el acceso al proyecto “El Tambor”-Progreso VII que lleva adelante la empresa Exmingua (subsidiaria de la norteamericana Kappes Cassiday & Associates, KCA), mediante concesión de 25 años de duración. La lucha en “La Puya” es en defensa del agua, bastante escasa en la región, que sería consumida masivamente por la explotación minera de oro y plata. Los niveles de arsénico en el agua subterránea de la región son ya bastante elevados, por lo que la concreción de este proyecto minero haría inviable su empleo para uso humano. Esta comunidad se ha visto sometida a muchos hostigamientos policiales, al intento de asesinato de Yolanda Oquelí, una de sus líderes, a chantajes por parte de la empresa, etc. Gracias a la observación y solidaridad internacional que han recibido, hoy continúan con su lucha, resistiendo a pesar de las amenazas.
La criminalización de la protesta y de la defensa de derechos no es exclusiva de Centroamérica, pero sí es, tal vez, uno de los lugares donde la resistencia popular está siendo atacada de forma más estructurada por parte de las autoridades y con las consecuencias más violentas.
Me dedico a la comunicación social porque es el lugar de los procesos de cambio y transformación. He trabajado para diferentes ONG, fundaciones y entidades públicas de cooperación como la AECID, con el firme propósito de tener cosas interesantes y motivadoras que contar.
Ahora, centrada en la acción social aquí, lo hago desde Solidarios. Me uní al camino de Alandar hace años con ilusión y con ganas porque somos tantas Iglesias que es necesario contarlas.
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