A propósito del derrame de petróleo en costas peruanas
El reciente derrame de petróleo en la costa peruana sirve de punto de partida para una reflexión sobre las responsabilidades públicas y privadas en materia de medio ambiente. Y para una invitación a la movilización ciduadana en defensa de “La casa común”.
Derrame de petróleo en mar de Ventanilla – Perú
El 15 de enero último, la costa y el mar peruano, en el distrito Ventanilla, experimentaron una de las más severas tragedias ambientales de su historia. Tras el derrame de cerca de 12.000 barrilles de petróleo como consecuencia de la actividad que desarrolla la empresa transnacional Repsol en la Refinería La Pampilla S.A.A., y luego de mes y medio del vertimiento, se ha calculado una afectación de 112 km² de mar y litoral que, según la misión de expertos de la ONU, tendrán unos efectos prolongados en el tiempo, de seis a diez años.
Lo ocurrido pone en evidencia, como recuerda Francisco en la Laudato Si, “la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta”
El efecto de este desastre ecológico presenta impactos, sin lugar a dudas, en el mar peruano y sus costas, así como en centenares de especies de la fauna marina, en la salud de las personas que habitan los alrededores y sus dinámicas económicas, las cuales giran en torno a la pesca artesanal, turismo y pequeños restaurantes. En un primer momento, se intentó vincular las causas de este desastre con el fuerte oleaje debido a la erupción volcánica en Tonga; sin embargo, se ha determinado que las causas del evento son atribuibles directamente a la actividad antropogénica. La (in)actividad humana también alcanza responsabilidades en la demora y eficacia para contener y remediar el evento contaminante, así como en la indispensable atención de los impactos sociales, aún pendientes luego de varias semanas de lo acontecido.
Hidrocarburos y accidentes ambientales en la Amazonía peruana
La actividad hidrocarburífica del petróleo en el Perú se concentra, principalmente, en el mar y las costas peruanas, pero también en la Amazonía, con predominancia en el departamento de Loreto. Si bien este tipo de actividad contribuye con el crecimiento económico del país, también guarda estrecha relación con múltiples riesgos y daños al ambiente, infraestructura y, por supuesto, en la población. Estas afectaciones se manifiestan a través de eventos contaminantes que, en muchos casos se presentan de manera incidental o inesperada, suponiendo un efecto inmediato y/o retardado para la seguridad y salud de las personas y los ecosistemas. Entre los accidentes ambientales más frecuentes se pueden identificar los derrames y/o fugas de hidrocarburos, el tratamiento o disposición impropia de desechos, entre otros.
La tragedia ecológica de hace unas semanas en las costas cercanas de la capital peruana no es un acontecimiento aislado en el territorio nacional. Entre el 2000 y 2019, los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano han sido fuente de 474 derrames, de los cuales el 65% de ellos se debió a la corrosión de ductos y fallas operativas. Además, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), desde el 26 de marzo de 2020 hasta el 24 de julio de 2021 se produjeron 45 derrames de petróleo en Loreto. Lamentablemente, el ritmo de la rehabilitación de los sitios impactados no representa la emergencia de nuevos derrames, la brecha de una atención adecuada y oportuna se va ampliando, incrementando los riesgos para el ambiente y la salud de las personas.
45 derrames de petróleo en poco más de un año en Loreto, el departamento amazónico con mayor población de pueblos indígenas y un 33% de pobreza
Loreto es el departamento amazónico más extenso en territorio, y en él vive la mayor cantidad de personas en el ámbito de localidades de pueblos indígenas: 1638 comunidades pertenecientes a 32 pueblos. Este departamento registra un índice de pobreza de 33,1% y solo el 14,9% de las familias cuentan con agua potable en sus viviendas (Ministerio de Cultura del Perú). Además, Loreto es el departamento que concentra el mayor número de conflictos sociales a nivel nacional, 29 de los 203 casos, representando el 14.3% del valor nacional. De estos, el 65.5% son conflictos de tipo socioambiental y, no casualmente, todos ellos se vinculan a la actividad de explotación o transporte de hidrocarburos (Defensoría del Pueblo). Las principales demandas sociales exigen la remediación ambiental por causa de derrames de petróleo, así como la atención a los impactos ambientales y sociales causados por esta actividad.
Remediar nuestros vínculos de solidaridad y compromiso socioambiental
Lo ocurrido recientemente en el mar de Ventanilla, y de manera sistemática en la Amazonía del Perú, es una consecuencia dramática de la actividad humana y pone en evidencia, como bien lo recuerda Francisco en Laudato Si, la “íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta”. Un daño ecológico, no solo tiene alcances ambientales, sino también sociales. Las personas, y particularmente, los pobres se ven obligados a coexistir con este tipo de tragedia, agravando las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan.
Las reacciones emergentes, suscitadas por parte de la sociedad nacional, ante este tipo de desastres son indudables; no obstante, los gestos de indignación agotan su potencial efecto transformativo si no se sostienen en el tiempo. La preocupación por la naturaleza y la justicia con los pobres constituyen un vínculo inseparable del compromiso ciudadano. Necesitamos un diálogo que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos (Laudato Si).
La movilización social y la vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía debe ser capaz de articularse no solo con las experiencias cercanas, sino también con aquellos que se encuentran en las periferias. Se trata de promover y comprometerse con una solidaridad universal por el cuidado de nuestra Casa Común, pero también de aquellos que habitan en ella.
