No es más limpio/a quien más limpia, sino quien menos ensucia

En los últimos meses, la problemática del desperdicio alimentario ha llegado a nuestras pantallas, periódicos y, finalmente, a la agenda del Consejo de Ministros. Parece que habrá ley, pero sería necesaria una ley más valiente y transformadora.

No quiere decir que antes no existiera el desperdicio alimentario o no lo cuestionáramos; pero parecía un problema doméstico, incluso una acción reivindicativa cuando agricultores y ganaderos tiran su producción para quejarse de los precios irrisorios que reciben.

Las cifras nos golpean cuando, en 2012, la FAO publica su informe Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo – Alcance, causas y prevención y señala que “un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año”. En España se barajan las cifras de más de ocho millones de toneladas a lo largo de toda la cadena alimentaria.

El desperdicio alimentario más allá de nuestro cubo de basura y del presupuesto doméstico

El despilfarro alimentario se ha convertido en un problema de gran relevancia política y social en los últimos años; nos encontramos ante una desvalorización total de la comida mientras permitimos sistemas alimentarios que devoran el planeta, por no hablar de la vulneración del derecho humano a la alimentación de millones de personas.

El despilfarro alimentario supone vulnerar el derecho a la alimentación de millones de personas

Este tema exige una mirada más amplia que la de nuestro cubo de basura o el cubo de basura de comercios, restaurantes o supermercados. Más allá de los cuestionamientos éticos, las pérdidas y el desperdicio de alimentos tienen un gran impacto en el cambio climático, agravan el hambre en el mundo y conllevan grandes pérdidas económicas. No se trata solo de una cuestión caritativa sino de justicia social y ambiental.

Siempre contraponemos las cifras del desperdicio frente a las del hambre, paradoja tremendamente bochornosa, y muchas veces pasa inadvertido el impacto ambiental cuando alrededor del 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero está ligado a comida que acaba en la basura. Los recursos naturales y la biodiversidad también están amenazados por el consumo insostenible.

No nos encontramos ante una cuestión caritativa o solidaria sino de justicia social y ambiental

A pocos años del calendario que nos marca la Agenda 2030, debemos establecer otra velocidad y afrontar el reto de la alimentación con inteligencia si queremos llegar a tiempo. La reducción del desperdicio alimentario impacta en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 2 (hambre cero) y 12 (modalidades de consumo y producción sostenibles), principalmente. Además, una menor pérdida y desperdicio de alimentos conduciría al uso más eficiente de la tierra y mejor gestión de los recursos hídricos, lo que tendría un efecto positivo en los medios de vida y en la lucha contra el cambio climático: ODS 6 (gestión sostenible del agua), el ODS 13 (cambio climático), el ODS 14 (recursos marinos) y el ODS 15 (ecosistemas terrestres, silvicultura, biodiversidad). Es urgente para el planeta que lo tengamos en cuenta.

Debemos establecer otra velocidad para afrontar el reto de la alimentación marcado en la Agenda 2030

La alimentación tiene más valor que el que establecen los mercados y la bolsa financiera, que también “juega” con los alimentos básicos de primera necesidad. Para las poblaciones más empobrecidas del mundo el gasto en alimentación se lleva entre el 60-80% de sus ingresos. Cualquier desajuste puede suponer hambre y desnutrición.

Por una ley sin desperdicio

Igual que “es mejor prevenir que curar”, ¿cuántas veces has oído: “no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia”? Pues esto es exactamente lo que queremos que recoja la futura ley para frenar el desperdicio alimentario.

El pasado 7 de junio se aprobó el proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario (LPPDA). Tras varios años trabajando con diferentes agentes de la sociedad civil, celebramos esta noticia con un sabor agridulce: habrá ley, si se finaliza el trámite parlamentario, pero no es ambiciosa. Creemos que estamos perdiendo una gran oportunidad de contar con una ley pionera que ataje el problema desde la raíz.

Estos son los puntos más importantes que nos preocupan de la futura ley y que compartimos desde la campaña ¡Por una #LeySinDesperdicio!, creada de manera colectiva con la esperanza de transformar si nos implicamos de verdad.

10 puntos para una #LeySinDesperdicio

¡Mejor prevenir que curar! Y en cuestión de desperdicio alimentario más. Debemos cambiar la lógica: producir lo necesario para evitar desperdiciar y no tener que gestionar las pérdidas. La donación es una medida válida pero no debe ser la primera.
No podemos solucionar lo que no conocemos. Es imprescindible medir el desperdicio en todas las fases de la cadena alimentaria: desde el campo a la mesa. Con metodología adecuada a cada uno de los actores y recursos necesarios para poder evaluar a futuro.
Necesitamos medir también cómo y por qué se desperdicia, para adecuar las soluciones a cada situación.
Incluir la regulación de la rebusca o espigueo en los campos de cultivo como un mecanismo para reducir el desperdicio y ayudar a cuantificar las pérdidas en la fase de producción.
Una ley es más efectiva cuanto menos espacio deja a la interpretación. Por eso, necesitamos precisar las definiciones de los conceptos clave de manera objetiva: desperdicio, pérdida, etc.
La medición de las pérdidas y el desperdicio alimentario debe ser una acción obligatoria y no voluntaria para todas las entidades / empresas de la cadena.
Junto a las sanciones es crucial incluir acciones pedagógicas y medidas que faciliten el cumplimiento. Y, como toda ley, recoger las sanciones necesarias para evitar la tentación de esquivar el principal objetivo de la ley: reducir el desperdicio alimentario en todas las fases.
La administración debe jugar un papel importante de vigilancia en el cumplimiento de la ley.
Creemos que la ley debe marcar plazos para su desarrollo y dotar de instrumentos y recursos necesarios para su puesta en marcha, el planeta no espera.
Incluir la creación de un espacio de participación, decisión y acompañamiento en el que estén todos los actores involucrados, incluida la sociedad civil, para el cumplimiento de la ley.

Estamos a tiempo pero necesitamos la voluntad para hacerlo bien, desde el campo hasta la mesa, conscientes de que la suma de nuestras pequeñas acciones tiene un impacto global importante e ineludible.

Esta ley que verá la luz en enero de 2023 es una gran oportunidad.

Y recuerda: no se trata de limpiar más y mejor, sino de no ensuciar.