Así calificaba Soledad Gallego-Díaz (El País Ideas, 25-3-2018) lo que está ocurriendo en el Congreso aludiendo a “una estrategia paralizadora que está convirtiendo esta legislatura, la XII, en un caso insólito”. Se observa un parón parlamentario injustificable que se está produciendo en el Congreso con la mayoría relativa que supone la suma de parlamentarios del PP y de Ciudadanos. La oposición navega sin rumbo, por lo que resulta muy complicado llegar a buen puerto.
En ese panorama arrebatador, la Plataforma DESC-España presentó en el Congreso a finales del pasado mes de marzo el informe preparado para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), relativo a la situación de tales derechos en España. El Congreso era el lugar idóneo para dar a conocer la larga lista de retrocesos en los que ha incurrido el Gobierno español en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los años 2012 y 2016. Sin embargo, la falta de interés de sus señorías quedó patente con el “silencio administrativo” ante la lista de retrocesos, debidamente argumentados. Destacaban las graves repercusiones que la crisis financiera ha tenido en las personas y los grupos de personas más desfavorecidas y marginadas, “en especial las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los gitanos y romaníes, así como los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes”, lo que pone de relieve que el índice de población que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión es alto y afecta, especialmente, a dichas personas y grupos.
Asimismo, la plataforma mostró su preocupación por los retrocesos existentes en el ámbito laboral, por el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres. También las altas tasas de desempleo que afectan, significativamente, a la población joven y el incremento de la precariedad laboral y la carencia de condiciones laborales dignas. Junto a sus preocupaciones, la Plataforma DESC-España ofreció un conjunto de recomendaciones para que el Gobierno de España adapte la legislación nacional a los tratados internacionales de derechos humanos.
Una vez finalizada la exposición, tocaba que sus señorías respondieran a las dos preguntas que les habían sido remitidas previamente, a saber: “¿Cuál debe ser la posición del Parlamento español ante los mecanismos de las Naciones Unidas?” y “¿Cuál debe ser la actividad concreta que debe desplegar para cumplir con las obligaciones dimanantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?”. Ningún parlamentario ni del Grupo Popular ni de Ciudadanos subió al estrado para responder y quienes representaban a las escasas formaciones políticas dispuestas a contestar a las dos preguntas se manifestaron de forma vaga, cuando no imprecisa. Ciertamente, “la escultura de hielo finlandesa” también formó parte de la decoración de la sala Ernest Lluch del Congreso.
La Plataforma DESC-España es un espacio de la sociedad civil en el que participan, entre otras, entidades sociales, organizaciones para la defensa de los derechos humanos, organizaciones de cooperación al desarrollo, sindicatos… Uno de sus objetivos es hacer seguimiento de las políticas públicas del Gobierno de España relacionadas con la protección y garantía de los derechos humanos, como prueba el informe presentado en el Congreso y en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que ha vuelto a suspender al Estado español en derechos humanos y ha instado a los poderes públicos para que tomen las medidas necesarias con el fin de garantizar el pleno ejercicio de tales derechos.
Estudié Derecho y contemplé un amplio horizonte de posibilidades, pero el descubrimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó mi rumbo, personal y laboral.
Ya jubilada, intento compartir mi cosecha vital y abrir nuevos surcos para la siembra y el reconocimiento de los derechos humanos.
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