Tres activistas colombianos que participan en la segunda edición del Programa de Acogida Temporal a Personas Defensoras de los Derechos Humanos financiada por el Ayuntamiento de Madrid y coordina la Fundación Mundubat han compartido hoy con el público sus historias de lucha y de acogida en el campus de la Universidad Carlos III de Getafe.
Genaro Graciano, del Movimiento Ríos Vivos; Carlos Páez, de Tierra y Paz; y Nubia Russi, de CORFUPAZ han señalado la enorme importancia de los momentos de respiro que programas como este les facilitan a los activistas que están en la primera línea de defensa de los derechos humanos. Los tres han coincidido también en señalar que el gobierno de Colombia debe cumplir con sus obligaciones derivadas de los compromisos del Proceso de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), especialmente las leyes de justicia transicional y restitución de la tierra. Dichas leyes deberían asegurar la compensación de las víctimas del conflicto armados y los desplazados por proyectos extractivos que dañan el medio ambiente.
En este sentido, Genaro Graciano ha recordado que su movimiento surge de la construcción de una gran represa hidroeléctrica que afecta a comunidades junto al Río Cauca en el departamento de Antioquía. “Somos víctimas, pero ya no de un conflicto armado como antes, sino de los proyectos extractivos”.
Por su parte, Carlos Páez ha explicado cómo los campesinos que fueron expulsados de sus tierras en el departamento de Urabá en los años 90 (hasta 700.000 mil hectáreas de Urabá fueron “limpiadas” por los distintos actores del conflicto armado), al volver ahora tras el final del conflicto a reclamar sus tierras se encuentran con que están en manos de otros propietarios que se niegan a reconocer sus derechos. Por ello, a pesar de la Ley 1448 de restitución de tierras y de crearse una unidad gubernamental especializada para ello, apenas el 2 por ciento de reclamantes ha logrado reasentarse en su propiedad. Por contra, 22 campesinos del lugar han sido asesinados, siete han tenido que exiliarse en el exterior y muchos están amenazados. “Les pedimos que nos ayuden desde acá a parar tantos atropellos de los derechos humanos en Colombia. El gobierno no quiere cumplir con muchos de los acuerdos”.
Nubia Russi ha narrado que su lucha comenzó con la desaparición de su padre y de las incursiones armadas de las FARC en Roncesvalles de Tolima. Su trabajo como activista se centra ahora en conservar la memoria de las atrocidades que se cometieron durante el conflicto e intentar llevar a juicio la mayor cantidad posible de ellas. Todo esto no se hace sin pagar un precio, ha asegurado: “Como defensora de derechos humanos, lo más difícil es hacer esto y ser madre. Los hijos pagan un precio muy alto. Y además, ¿quién quiere dar empleo y contratar a un escoltado?”.
El coordinador del programa de derechos humanos en la Fundación Mundubat, Raúl Rojas, ha destacado la relevancia de las personas defensoras de los derechos humanos, asegurando que “su compromiso es fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo”.
Madrid, ciudad de acogida
Madrid se ha convertido en 2019 en un lugar de protección temporal de activistas perseguidos en otros lugares del mundo gracias al Programa de Acogida Temporal de Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
Este proyecto, ha permitido que la capital de España reciba hasta el momento a seis personas colombianas que trabajan en distintos ámbitos de defensa de los derechos humanos: el derecho del campesinado a cultivar su tierra, la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, la recuperación de la memoria histórica o la denuncia las atrocidades que sufren sus comunidades.
Estas personas viven durante tres meses en un ambiente seguro, lejos de las amenazas a las que se enfrentan en su día a día, y reciben atención psicosocial si es necesaria. Al mismo tiempo, desarrollan actividades de sensibilización de la población y de presentación ante las autoridades políticas de las causas que defienden, buscando ampliar y fortalecer las redes internacionales de apoyo institucional y político de las organizaciones a las que representan.
Activistas bajo amenaza en Colombia
Los defensores y defensoras de derechos humanos comprometen su vida denunciando públicamente las injusticias. Esto les convierte en un objetivo para las organizaciones violentas, así como los grupos de interés y poder que se benefician de dichas injusticias. A menudo, esto se transforma en amenazas, persecuciones e incluso asesinatos. Se estima que, en 2017, 312 personas defensoras perdieron la vida en todo el mundo. Un 80% de estos crímenes se concentraron en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.
La segunda edición del Programa de Acogida Temporal de Personas Defensoras de los Derechos Humanos está centrada en Colombia, país que vive una difícil transición hacia la paz tras el acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno Colombiano que puso fin a medio siglo de conflicto en 2016.
A pesar del cese de las hostilidades, los conflictos sociales se siguen cobrando en Colombia centenares de vidas de civiles cada año, incluyendo las de defensores y defensoras de los derechos humanos. En tan solo 18 meses –noviembre de 2016 y mayo de 2018– 282 líderes sociales y activistas de derechos humanos fueron asesinados.
La elección de Colombia como protagonista de las dos primeras ediciones del programa tiene que ver también con el hecho de que en 2016 y 2018 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid manifestó su apoyo incondicional a la implementación de los acuerdos de paz y la defensa de los derechos humanos en dicho país, señalando su preocupación por las situaciones de riesgo a las que allí se ven expuestas las personas defensoras de los derechos humanos.
En este sentido, la Fundación Mundubat ha recalcado que el programa pretende tanto proporcionar protección temporal a personas defensoras concretas como denunciar las situaciones de injusticia que les ponen en peligro, recordando así a las autoridades de otros países que deben garantizar su protección.
