En esta comarca del mundo, conocida con el nombre de América Latina, los gobernantes tropiezan una y otra vez con la misma piedra llamada “liberalismo”. Pero en algunas de estas caídas, en los que se entraman desazones y luchas populares, florecen debates que interpelan a la sociedad sobre realidades muchas veces acalladas.
Así por ejemplo la Argentina está atravesando una etapa caracterizada el desfinanciamiento de la educación pública; el aumento indiscriminado de importaciones en desmedro de las industrias locales; un sideral aumento de los servicios de electricidad, agua y gas; y trabajadores que perciben remuneraciones por debajo de la inflación.
Dentro del enmarañado escenario, en abril del presente año, el gobierno argentino propició que se debata en el ámbito legislativo la legalización aborto. Esta decisión fue el resultado de las luchas que las mujeres encabezaron a lo largo de las últimas décadas en las que se sancionaron el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En relación al aborto, que es una problemática que los movimientos feministas buscan visibilizar desde hace tiempo, en primera instancia puede decirse que generalmente la sociedad criminaliza a las mujeres humildes cuando interrumpen sus embarazos y, en cambio, nada dice cuando las mujeres con recursos económicos abortan en espacios que poseen la seguridad e higiene necesarias para llevar adelante éstas prácticas.
Profundizar las desigualdades
Cabe señalarse que cuando una mujer pobre aborta generalmente contrae infecciones, y en no pocas ocasiones muere, ya que se somete a métodos abortivos caseros en los que “curanderos” -en sitios precarios e insalubres- introducen en su cuerpo perejiles, agujas de tejer o sondas. Por tal motivo es fácil de comprender que esta problemática, además de generar graves problemas sociales y sanitarios, reproduce y profundiza las desigualdades al interior del género femenino.
El padre español Francisco “Paco” Oliveira, que vive en uno de estos barrios humildes argentinos en los que todo falta y nada sobra, afirmó que «el aborto es un problema grave de salud pública y la salud pública la tiene que manejar el Estado. Creo que tenemos que intentar todo lo vinculado con los métodos anticonceptivos y con la Educación Sexual. Dentro de la Iglesia Católica están las “Católicas por el Derecho a Decidir” y monjas que defienden el derecho de la mujer al aborto legal, seguro y gratuito. En este sentido la iglesia católica no tiene una visión uniforme de sobre el tema».
En este escenario, además de ser necesario que la población comprenda que el aborto es una problemática social y sanitaria, resulta imprescindible que el Estado implemente políticas eficaces para que las mujeres puedan acceder a educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
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