“No hay ninguna posibilidad de cumplir los derechos de los niños si no hay un esfuerzo decidido de los gobiernos para reducir la brecha que separa a unos niños de otros. Hacer frente a las desigualdades sociales que afectan a la infancia debe ser una pieza clave en todas las políticas relacionadas con los niños y su bienestar económico, social y emocional”, dice rotundo Carmelo Angulo, presidente de UNICEF Comité Español. La desigualdad infantil en España en función de los ingresos de las familias nos sitúa a la cola de los países desarrollados y en el sexto puesto con más desigualdad infantil en materia económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el cuarto de la Unión Europea (UE), tan solo por delante de Rumanía, Bulgaria y Grecia. Es la tesis del informe que UNICEF ha presentado en el Congreso de los Diputados, con el título Equidad para los niños. El caso de España y cuyas conclusiones resultan demoledoras. Más de un tercio de los niños españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión social pero, pese a ello, España es el país de la UE que menos porcentaje del PIB dedica a las prestaciones monetarias para familias e infancia: un 0’5%, menos de un tercio de la media europea. También somos uno de los países con menos gasto en protección social a los niños y sus familias, con el 1’4% del PIB, frente al 2’3% de la media comunitaria. En términos de satisfacción vital la desigualdad ha crecido en los últimos años, afectando especialmente a las niñas y el colectivo infantil de inmigrantes.
Niños del poblado de El Gallinero esperando para ir al colegio. FOTO: MAV
Otros indicadores, como el de pobreza «anclada», evalúan hasta qué punto el bienestar de una población mejora o empeora en términos reales a medio y largo plazo, ya que se fija la línea de pobreza en un año concreto (en este caso 2008) para estudiar cómo ha evolucionado el indicador. En el caso de España, Unicef señala que la pobreza «anclada» habría alcanzado en España a casi el 40 % de la población infantil. Destaca asimismo la elevada pobreza «severa» entre los niños y el crecimiento de la desigualdad ya que, aunque la pobreza infantil ha aumentado de manera notable en general, ha crecido especialmente -un 56 %- en los hogares con niños más pobres, es decir, aquellos en los que viven cuatro personas (dos adultos y dos niños) con menos de 700 euros al mes u 8.400 euros al año.
Según los datos de la Contabilidad Nacional Anual de España, la inversión en protección social en familias e infancia se redujo en 11.500 millones de euros entre 2009 y 2015. También afirma que los hogares con niños, las familias numerosas, las monoparentales y los adolescentes han sufrido de forma especial el impacto de la pobreza. Respecto a las políticas de respuesta a la crisis en España, Angulo llama la atención sobre que «el conjunto de las políticas de protección social está muy fragmentado, poco orientado a los niños y resulta poco equitativo». Esto se debe, entre otras causas, a que está muy ligado a ayudas relacionadas con las contribuciones a la Seguridad Social y a que muchas de las ayudas familiares son en forma de desgravaciones fiscales, de las que no se benefician los hogares con menos recursos. Para revertir la «escasa protección social a la infancia» en España, propone poner en marcha una prestación por hijo a cargo «mucho más generosa» y que llegase a un colectivo más amplio, incluso universal.
El informe también habla de las medidas positivas que se han llevado a cabo, como la aprobación del II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 2013-2016, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social o la puesta en marcha del Fondo Extraordinario para la Pobreza Infantil y del Plan Integral de Apoyo a la Familia. No obstante, dada la magnitud de este problema, los 48 millones de euros con los que está dotado el Fondo contra la Pobreza Infantil resultan muy escasos, ya que la inversión en políticas de infancia de las administraciones públicas por niño disminuyó en más de 6.300 millones de euros entre 2010 y 2013. En este mismo sentido la Plataforma de Infancia que aglutina a las grandes entidades (Save the Children, Ayuda en Acción, Unicef), que trabajan en nuestro país para dignificar el cuidado de los las menores, exige un Pacto de Estado por la infancia con los siguientes puntos clave:
- La clarificación de partidas que las administraciones hacen en este campo.
- Voluntad política y compromiso de que la inversión alcanzará progresivamente los niveles de los países de nuestro entorno.
- Creación de un fondo social de reserva que garantice el presupuesto, más allá de las crisis.
- Garantizar rentas mínimas como derecho subjetivo, con una ponderación suficiente y adecuada de la presencia de niños y niñas.
- Asegurar que las becas de comedor sean suficientes en cuantía y cobertura, garantizando una comida saludable y un espacio educativo en ese horario.
- Transporte público gratuito para menores de 14 años.
- Desgravación por hijo o hija a cargo reembolsable como subsidio para familias con menos ingresos.
- Protección especialmente a las familias con menores frente a los desahucios.
La crisis política y económica que arrasó este país permite al Gobierno elegir los asuntos que prioriza y ello a pesar de estar en minoría en el Congreso y de cierto bloqueo institucional con la crisis catalana. Coincidiendo con el año de Gobierno que se cumplió el pasado noviembre y la apertura de la XII Legislatura, se ha hecho público el análisis de Polétika, formada por once redes y plataformas que representan a más de 500 colectivos y organizaciones sociales, que se han propuesto labores de vigilancia y presión ciudadana para cambiar las desigualdades sociales. Los indicadores han valorado la actividad ejecutiva y parlamentaria en once temas: infancia, ge?nero, conflictos internacionales, sanidad, educacio?n, cooperacio?n al desarrollo, transparencia, cambio clima?tico, fiscalidad y proteccio?n social. Las notas acuñadas por estas organizaciones han sido seis insuficientes -uno de ellos en infancia-, cuatro necesita mejorar y un progresa adecuadamente. En sus versiones más o menos dramáticas, la pobreza infantil afecta como mínimo a uno de cada tres niños y niñas de nuestro país, hipotecando nuestro futuro tanto como el suyo.
Soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid y secretario académico del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, (IUDC), en la misma Universidad.
Los martes a la tarde hago de voluntario de la Escuela de Adultos San Federico (en la parroquia del mismo nombre), en la Dehesa de la Villa. En esa comunidad me han removido los valores de justicia social y enseñado a aprender del otro, por lo que me siento «cristiano del mundo».
Canto desde hace 4 décadas los lunes y jueves de cada semana, en una coral, en la del Colegio de Doctores y Licenciados, cuya polifonía permite mantener cierta cordura mental.
Soy cooperativista de La OSA, un supermercado sin clientes, sin dueños y sin empleados, que trata de demostrar que el capital es parte del problema. Y vocal de comunicación de la Red de Estudios del Desarrollo (REEDES), de la que fui socio fundador.
He sido presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (CONGDE), desde 2003 hasta 2006 y también lo fui de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta en la misma entidad. Fui director de SETEM y de SOLIDARIOS para el Desarrollo, dos ONGD que siguen tratando de transformar el mundo.
Desde hace unos años, miembro de este Consejo de redacción, con lo que me siento un feliz ciudadano comprometido. La última adhesión es conseguir que Alandar pase a ser una comunidad asociativa y digital, apostando un periodismo de calidad, crítico y autosostenible.
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