Con muy malas formas, a comienzos del mes de agosto y camuflada entre una serie de medidas adoptadas bajo el síntoma del pánico a la crisis de la deuda, el Gobierno anunciaba una medida de aparente menor calado: el cambio en los contenidos de la asignatura de Educación para la ciudadanía.
Más allá de la existencia y contenidos de la asignatura de Educación para la ciudadanía –que responde a un esquema muy homologable al panorama europeo– lo que está en juego en esta cuestión, que a decir del ministro se pretende “despolitizar”, es un enfoque de aprendizaje y actitudes de muy profundo calado y de los valores que queremos que nuestros y nuestras jóvenes tengan y expresen en el futuro.
La existencia de una ciudadanía activa, que impulsa el cambio social y la innovación con una actitud de permanente desafío y mejora, es esencial para las sociedades del siglo XXI. Una ciudadanía activa que asuma sus responsabilidades y vigile y defienda sus derechos, exigiendo y ejerciendo de contrapeso ante los Estados para que cumplan con eficacia sus funciones y promuevan la equidad y la justicia social, además de exigir al sector privado el cumplimiento escrupuloso de estándares laborales, ambientales y fiscales.
Como es obvio, con demasiada frecuencia ni los Estados son tan eficaces, ni el sector privado es tan responsable, ni ambos gustan de ser tan transparentes como deberían para estar de verdad al servicio de las personas y del progreso humano. Por eso resulta crítico que haya mujeres y hombres verdaderamente activos con disposición a promover iniciativas ciudadanas, exigir el cumplimiento de las leyes o cambiarlas, vigilar el papel de nuestras administraciones y de un actor tan importante en cualquier sociedad como el sector privado.
Pero el privilegio que para un país supone contar con esa ciudadanía sensible, activa, solidaria y emprendedora en todos los campos, también en el social, no nace de la nada. España está algunos pasos por detrás y las generaciones futuras, que van a vivir un contexto de mucha dificultad, deberán jugar un papel mucho más activo en la iniciativa, en la propuesta y también en la protesta.
Por eso es tan importante que esa idea de ciudadanía esté muy presente en la educación que niños y niñas reciben hoy para que mañana actúen desde sus valores y por un mundo mejor. También siendo gestores rigurosos de lo público cuando sea el momento o emprendedores conscientes no solo de la importancia de la búsqueda del lucro, sino de las funciones y responsabilidades sociales que el sector privado tiene ante la sociedad.
La solidaridad y el rechazo a las injusticias es un elemento esencial para esa ciudadanía que queremos. Por eso, conocer la existencia de problemas globales como la pobreza, el hambre, la xenofobia o el cambio climático son aspectos imprescindibles para que mañana tengamos esa ciudadanía activa, consciente y con valores sólidos. Pero en el Real Decreto elaborado por el Gobierno no están.
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que agrupa a más de 400 organizaciones, denunciaba tras conocerse el contenido del Real Decreto que reforma los contenidos de la asignatura a un mes de iniciarse el curso escolar el claro retroceso que supone y la injustificable desaparición de las ideas de desigualdad, injusticia o pobreza de sus contenidos.
Además, no es una buena señal del tipo de ciudadanía que se quiere promover el realizar modificaciones de este calado en agosto y sin ningún diálogo previo con el sector educativo, ni con las numerosas organizaciones sociales que acompañan desde los valores y con propuestas formales y no formales el proceso educativo.
