Jocotán, departamento de Chiquimula, Guatemala, cerca de la frontera con Honduras. El doctor Carlos Arriola dirige el dispensario Bethania, conocido, sobre todo, por su sección de recuperación nutricional. El dispensario lo fundó la misión católica hace más de 40 años. Desde hace 16, Arriola lucha en un país donde la mitad de los niños y niñas de cero a cinco años padece desnutrición crónica. Si se trata de menores indígenas llegamos al 70%. Esta región oriental está especialmente castigada por este flagelo. Escaso desarrollo rural y de la producción agrícola, propiedad de la tierra, desempleo y bajos índices educativos se mezclan en Guatemala para perpetuar el problema de la desnutrición.
“La desnutrición, sus secuelas, van mucho más allá de ver a un niño hinchado o delgado. El desarrollo cerebral del niño en los primeros tres años, lo que muchos programas llaman la ventana de los mil días, que es donde el niño crece y desarrolla su cerebro. Es cuando las neuronas necesitan muchas proteínas para crecer y desarrollarse. Las secuelas son esas: niños que no van a aprender, no van a desarrollar sus capacidades y se van a enmarcar en una pobreza y en una miseria que es propia de nuestro país”.
El doctor Arriola colaboró hace dos años en una iniciativa insólita: la campaña “Guatemala sin hambre”, que demandó al Estado guatemalteco como responsable de la desnutrición infantil. La demanda se personificó en varios menores de la región y la sorpresa vino cuando el juez declaró violado el derecho estos niños y niñas a la alimentación, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la vivienda. La sentencia declaraba responsable al Estado por omisión al no contemplar medidas para evitar la falta de una alimentación adecuada.
“Se trataba de devolver la responsabilidad al Estado. Un Estado que por ley y por constitución debe garantizar el derecho a la alimentación y a la vida de los niños. Obviamente, era pelear contra el monstruo e ir con argumentos técnicos y bien planteados porque se está violando el derecho a la alimentación de los niños y, por tanto, el derecho a la vida. También sabíamos de antemano que esto podía tener consecuencias serias. Estamos en un país donde no se pueden decir las cosas frontalmente”.
“Lastimosamente, todavía las secuelas que vivió nuestro país después de 36 años de guerra siguen vigentes. Y también los mecanismos de callar a la gente cuando expone y dice sus cosas. Las mamás, las familias que hicieron las demandas ahora son víctimas de criminalización porque la misma comunidad y las mismas instituciones del Estado les hacen responsables a ellas de que no llegue la medicina a la aldea porque ellas tuvieron la culpa por entablar una demanda. O que no lleguen determinados proyectos porque ellas tienen culpa. Estas mamás han pensado en algún momento en desistir de la demanda porque ya no quieren seguir siendo víctimas de su propia comunidad y de las mismas organizaciones de Estado que las responsabilizan a ellas. Únicamente por decir la verdad”.
“En el proceso, los abogados del Estado buscaron hacer ver que los papás eran haraganes, que no querían salir a ganar el dinero, que un papá se tomaba los tragos y esa era su culpa… Es decir, haciéndoles responsables a ellos de sus propias condiciones cuando no tienen tierra, no tienen agua, no tienen los servicios básicos de vivienda, una letrina, un baño. Cuando no hay empleo y los colegios más cercanos a los niños les quedan a 45 minutos o una hora a pie. Es muy fácil decir que es responsabilidad de la gente pero el Estado no garantiza los medios para que la gente acceda a una vida digna”.
Arriola, que conoce bien la realidad de su país, habla de una “desnutrición programada”.
“Uno podría pensar que la política de nuestro país es justamente tener población desnutrida porque entonces no es capaz de responder, ni de elegir a autoridades en el momento de las elecciones. Cuando uno ve los programas de los partidos políticos en tiempo de elecciones, no existen programas. Aquí se vota por la canción que es más contagiosa, por la persona que regala más cosas. Pero eso se hace en un país donde nuestra gente no es capaz de discernir entre si esto es bueno o esto es malo. Esto es producto de algo programado, de tener gente analfabeta y, encima de analfabeta, desnutrida y con deficiencias mentales de poder pensar y analizar una propuesta”.
En una pequeña habitación, junto a la sala principal, hay recuerdos gráficos de algunos de los muchos pequeños que pasaron por aquí. Lucharon por salvarles una vida que, a veces, se les escapó de las manos. Y Arriola me habla de la “invisibilización del hambre”.
“Existió hace muchos años el famoso tratado de Alma Ata, que decía “salud para todos en el año 2000”. Cuestión que no se cumplió. Salen, posteriormente, las metas del milenio y una de esas metas es reducir la desnutrición en el mundo. En el año 2006 la Organización Mundial de la Salud cambia los parámetros antropométricos de medición a los niños por un estándar totalmente nuevo. Se quita el término desnutrición crónica y se califica como un “retardo del crecimiento”. Puede ser que la estrategia sea: estamos trabajando por disminuir la desnutrición pero no a expensas de programas o acciones bien complementarias sino a expensas de cambio de estándares. Un estudio que hizo la Universidad de San Carlos marca que solo el cambio de estándar hizo reducir un 7% la desnutrición crónica”.
En 1997 el dispensario Bethania pensó cerrar totalmente porque no tenían recursos económicos y plantearon otras alternativas como el club de amigos de Bethania.
“Cada año que termina siempre estamos con números rojos. Este año nos faltaban casi 60.000 quetzales para la proyección del año pero la Providencia no nos abandona y aparece alguien que nos dice: mirá Carlos, tengo un dinero para aportar y ayudar. Creo que es la confianza y la fe que tenemos. Que no es fácil. Pedimos, tocamos, también a veces pedir dinero no es fácil, es un poquito humillante, pero no nos da pena porque lo hacemos por el bien de una población que si no tiene esta alternativa no tendría ninguna otra”.
