El denostado Josep-Lluís Carod-Rovira es vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y responsable entre otras cosas de los Asuntos Religiosos. En calidad de tal, promociona lo que el periodista y bloguero católico catalán Jordi Llisterri califica como “laicidad a la catalana”. Es decir, una relación basada en la neutralidad del gobierno sobre el hecho religioso y en el reconocimiento de las aportaciones que hacen las religiones a la cohesión social y a la cultura catalana.
Esta idea de laicidad no se queda en palabras. Así, hace unos días, se celebró en Barcelona un acto para presentar los convenios que la Generalitat ha firmado con ocho confesiones religiosas: católicos, evangélicos, ortodoxos, iglesia de Filadelfia, musulmanes, judíos, budistas y baha’is. Estos convenios, que tendrán una duración inicial de cuatro años, regulan las relaciones “de las federaciones de entidades religiosas” con la administración y establecen una subvención a cada tradición para mantener sus estructuras, que, en palabras de Montserrat Coll, directora general de Asuntos Religiosos, “les permite desarrollar actividades de las que se beneficia toda la sociedad”. Es decir, que el dinero no es para financiar las actividades religiosas, sino los gastos de infraestructura y actividades sociales.
Conviene recordar que el gobierno catalán mantenía desde los años noventa acuerdos parecidos con el Consejo Evangélico de Cataluña y con el Consejo Islámico Cultural. Ahora, no sólo se han extendido a las ocho religiones citadas, sino que se ha hecho mediante convocatoria pública.
Se preguntarán, mis improbables lectores, cuánto se ha llevado –o se va a llevar- cada una. Pues las mayores cantidades son para las confesiones no católicas de más arraigo en Cataluña: evangélicos y musulmanes, con 100.000 euros al año. La iglesia católica (o, más concretamente, la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a las diez diócesis catalanas), los judíos, los ortodoxos y la iglesia de Filadelfia obtienen 60.000 euros. A los budistas, de bastante menor presencia, les corresponden 20.000 euros anuales. En cambio, los baha’is, coherentes con sus creencias, han firmado el convenio con la Generalitat sin prestación económica.
Al margen de la conveniencia o no de recibir dinero de la Administración –que, dicho está de paso, tampoco son cantidades astronómicas-, esta “laicidad a la catalana” muestra al menos un interés por establecer, de forma clara y transparente, normas claras sobre los derechos y deberes de las religiones y, sobre todo, igualdad de trato con todas ellas.
Por lo demás, y para que nadie pueda acusar al señor Carod-Rovira de “clerical” a estas alturas, hay que señalar que, aunque no estuvo presente en el mencionado acto, también ha firmado el convenio (con 20.000 euros de subvención), la Fundación Fèrrer i Guardia de declarados principios laicistas, librepensadores y masónicos. Y nadie en Catalunya se ha llevado todavía las manos a la cabeza.
¿Será que es posible la convivencia en una sociedad laica?
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