En Guatemala, la desnutrición es un genocidio silencioso

Cuando, hace catorce años, Lesly Marlene Ramírez llegó a la región ch’orti, en el oriente guatemalteco, apenas había oído hablar de esta etnia maya. Ni en la escuela ni en la universidad la habían citado entre los numerosos pueblos indígenas –quiché, ixil, kekchí, qanjobal, xinca, mam…- que habitan el país centroamericano. La invisibilidad, el silencio, había caído sobre este pueblo campesino, quizá porque, tras su incondicional apoyo a la reforma agraria en la revolución de 1944, llegaron las masacres del proceso contrarrevolucionario de 1954. Después de los 36 años de conflicto interno, finalizado en 1996, ni siquiera entró en los Acuerdos de Paz, ni en el proceso de esclarecimiento histórico. Por eso apenas se conoce lo que ocurrió allí, salvo que la mayoría de sus hombres fueron militarizados a la fuerza para reprimir a las comunidades campesinas y, en especial, a las indígenas.

Es una zona compleja, en la que predominan los pequeños productores cafetaleros y a raíz de la crisis del café, en el año 2003, surge la Coordinadora Central Campesina Ch’orti Nuevo Día (CCCND) como organización para defenderse de las amenazas de quitarles las tierras por parte de los bancos y las cooperativas ante la imposibilidad de pagar los créditos pedidos ante el derrumbe del precio del café. Así comienza a visibilizarse la región ch’orti, pero también contribuyó a ello un hecho arrastrado durante muchos años, aunque silenciado por toda clase de autoridades: la desnutrición.

No reconocer la realidad

Para Lesly Ramírez, “es una región básicamente marginada. Tiene importantes porcentajes de pobreza, exclusión y desnutrición. Solo Camotán, una de las ciudades del departamento de Chiquimulas, tiene el 64% de desnutrición crónica”. Pero estos problemas no son mucho menores en pueblos como Joctán, Olopa o San Juan Ermita. Esta joven mujer, nutricionista de formación, asegura que “en Guatemala la desnutrición es un genocidio silencioso, porque el Estado no quiere reconocer su naturaleza profunda, que no es otra que la violación del derecho humano a la alimentación”.

Existe un estudio en el que los datos demuestran que Guatemala era el segundo país latinoamericano con mayor desnutrición pero, cuando el cálculo se desagrega por grupos étnicos, queda de manifiesto que ocupa el primer lugar en el mundo en desnutrición crónica en la infancia. “Es algo terrible, señala Lesly Marlene, en un país que no es de los más pobres el planeta, con unos ingresos medios, pero que no hace los esfuerzos necesarios para sacar a sus niños y niñas de esta situación”. En este sentido, hay que resaltar que hay una sentencia judicial que evidencia que la desnutrición es una violación flagrante de los derechos humanos y que insta al Estado guatemalteco a que revise sus políticas y presupuestos para acabar con esta situación. Pero el Estado se niega a reconocerla, seguramente porque, como dice Lesly, “la violación sistemática de los derechos de la persona es una estrategia de sometimiento. Hay un interés de mantener en letargo a grupos importantes de la población guatemalteca, mayoritariamente indígena”.

Cuando se le pregunta a esta dirigente de la CCCND cómo pueden seguir sucediendo estas cosas responde que “después de los Acuerdos de Paz –aunque el pueblo ch’orti no entró en ellos- se abrieron procesos importantes, que marcaban ciertas posibilidades para el pueblo guatemalteco. Pero hay que reconocer y denunciar que cuando se van a cumplir 20 años de los mismos muchos de esos planteamientos se han quedado en cero. En los últimos años, especialmente con el actual gobierno de Otto Pérez Molina, ha habido un retroceso terrible. En el ámbito de la justicia, por ejemplo, todo el mundo se ha dado cuenta de cómo lo que se hizo era tan frágil que en tres años lo ‘botaron’ y hoy tenemos instituciones públicas controladas por intereses privados. El retroceso también es muy amplio en materia de salud, educación, igualdad de la mujer y los adultos mayores”.

Mineras e hidroeléctricas

En la Coordinadora Central Campesina Ch’ortí Nuevo Día se trabaja fundamentalmente en la reivindicación del territorio, “en el derecho a decidir sobre su territorio”, enfatiza Lesly Marlene, ya que está bastante devastado medioambientalmente. En los últimos años se está ejerciendo una gran presión por parte de las explotaciones mineras y las compañías hidroeléctricas. Las primeras quieren los yacimientos de oro y plata, así como aquellos materiales fundamentales para la industria de la telefonía móvil y los ordenadores. Las segundas –tanto empresas nacionales como transnacionales- quieren hacer una serie de proyectos hidroeléctricos en el cauce del río Grande, en cuyos márgenes hay varias comunidades ch’orti, que se verán afectadas por la regulación del caudal. Según Lesly Ramírez, “hay una falta total de información y de transparencia. Las empresas hacen unos informes de impacto ambiental que se presentan en el Ministerio y si no hay ninguna reclamación ni siquiera se estudian. No hay claridad en las inversiones. Las comunidades no se oponen a la generación de energías limpias sino porque la matriz energética en el país no responde a intereses nacionales, sino a los de agentes privados”. A todo esto hay que unir el caso del Corredor Tecnológico, un megaproyecto para la construcción de una autopista que prácticamente dividirá en dos toda la parte oriental del país.

La organización de la CCCND trabaja toda la parte reivindicativa de derechos, pero también desarrolla proyectos en el ámbito económico y social. Así se trabaja con mujeres en el ámbito productivo porque, como señala Lesly Marlene, “consideramos muy importante desarrollar iniciativas que funcionen en la región. Trabajamos para que las comunidades tengan autonomía política y económica. Estamos en la protesta, pero también en la propuesta”.

Y la protesta tiene sus riesgos. No son pocas las amenazas que reciben por defender los derechos del pueblo ch’orti. Por ello cuenta con la protección de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI en sus siglas en inglés). Lesly Marlene Ramírez es consciente de que “hay una estrategia desde el Gobierno de mi país, así como desde las grandes empresas, para ir poco a poco obstaculizando las posibilidades de organización civil o de las manifestaciones de protesta”. Pero ahí siguen.