Fronteras crueles, inhumanas y degradantes

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Entierro de una de las personas fallecidas en la frontera. Una veintena de organizaciones sociales dedicadas a defender los derechos humanos de las personas migrantes -entre ellas, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España, Coordinadora de Barrios, Sos Racismo, Fundación la Merced o Red Interlavapiés- han pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue los hechos ocurridos en la frontera de Ceuta, donde murieron, al menos, catorce personas que intentaban llegar a nado a las costas españolas.

“Los hechos son suficientemente graves como para que no se les dé carpetazo sin más. Los inmigrantes fueron tratados más como un ejército enemigo que como personas que trataban de superar los obstáculos que los separan de Europa”, opina Patricia Fernández, una de las abogadas encargadas de cursar la denuncia.
Algunos de los supervivientes que intentaron entrar sin éxito en nuestro país han denunciado que los agentes fronterizos recurrieron al uso de balas de goma y gases lacrimógenos para impedir su entrada en nuestro país. Sus declaraciones contrastan vivamente con la versión oficial difundida por el Ministerio del Interior y la propia Guardia Civil.

Si los agentes encargados de la frontera hubieran prestado auxilio se habrían evitado las muertes. La mayor parte de quienes resultaron fatalmente ahogados y asfixiados en las aguas del estrecho habían logrado pasar el espigón que separa África de Europa, al menos según las declaraciones recogidas por activistas de los derechos humanos, como los voluntarios y voluntarias de la asociación “Caminando Fronteras”, que acudieron al lugar de los hechos, para prestar atención jurídica, además de humanitaria y sanitaria, a los inmigrantes.

Según los testimonios recogidos, una patrullera de la Guardia Civil habría perseguido a los inmigrantes, tratando de dificultar su acceso a España y redirigiéndolos hacia la costa marroquí. De este modo, los supervivientes, heridos –e, incluso, alguno de los cadáveres- habrían vuelto a la playa marroquí de Tarajal. Hay quien afirma que, si los agentes encargados de asegurar la impermeabilidad de la frontera hubieran prestado auxilio desde su embarcación, se habrían evitado las muertes.

Oración en memoria de una de las personas fallecidas en la frontera. Algunos de los testigos directos han declarado, además, que casi 20 personas llegaron a poner pie en las costas de nuestro país, aunque fueron rápidamente detenidos y trasladados al país vecino por agentes del instituto armado que les entregaron a la Gendarmería marroquí, en lo que sería una devolución irregular más, de las que se viene acusando regularmente a las autoridades españolas. “Podríamos estar ante la vulneración de las convenciones internacionales sobre derechos humanos pero, también, ante el incumplimiento de la propia legislación sobre extranjería”, apunta la letrada Fernández.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, las diversas organizaciones sociales presentaron, el pasado lunes 10 de febrero, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que se abran todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y, en su caso, pedir responsabilidades penales, así como exigir medidas concretas para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas implicadas.

Varias asociaciones han protestado ante el trato degradante e ilegal que sufren los inmigrantes.La abogada, vinculada a la Coordinadora de Barrios, explica que el Estado español ya fue condenado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas por “trato cruel, inhumano y degradante” al senegalés Lauding Sonko, quien murió ahogado en 2007, después de que la embarcación neumática en la que navegaba junto con otras dos personas fuera pinchada por agentes de la guardia civil. El citado comité internacional acabó por dictar una resolución en la que ordenaba a España que procediera a una “investigación adecuada e imparcial” e indemnizar a la familia del fallecido”. Sin embargo, el juzgado de Ceuta que analizó el caso no vio ninguna ilegalidad.

Antes estos antecedentes, la abogada Patricia Fernández considera que hay pocas posibilidades de que esta vez la justicia española actúe con más rigor. Más, aún, si se tienen en cuenta las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández y del director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en torno a los sucesos de febrero en la frontera hispano-marroquí, así como el hecho de que el único cadáver que oficialmente fue recogido por las autoridades de nuestro país fuese enterrado aceleradamente, sin ni siquiera haber sido identificado.

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