Por Álvaro Mota / Juan Ignacio Cortés

En medio de la tormenta sanitaria, social y económica desatada por la COVID-19, son muchos los colectivos que, pese a las promesas de la clase política, se han quedado atrás. Entre ellos están las personas sin hogar, las que sufren deficiencias auditivas y visuales y las personas migrantes que no son capaces de comunicarse en español.

A finales de octubre, Cáritas Española presentaba el informe Las personas en situación de sin hogar acompañadas por Cáritas. Contexto en 2019 y durante el estado de alarma y la COVID-19, en el que alertaba de que la crisis sanitaria y social causada por el coronavirus ha incrementado la necesidad de plazas para atender a estas personas en un 25% y pedía recursos de larga estancia que pudieran atender sus necesidades.

El estudio demuestra que la COVID-19 ha puesto al borde de la saturación la red de acogida y acompañamiento de Cáritas para las personas sin hogar. Frente a esta realidad, la organización reclama con urgencia “alojamientos de continuidad y medidas alternativas para todas las personas sin hogar afectadas por la pandemia”.

Cáritas estima que actualmente unas 40.000 personas viven en la calle en España, un dato muy superior a la cifra oficial de 33.000 personas identificadas en el año 2015 en la Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar, el instrumento del que se ha dotado la Administración central para dar respuesta a la situación de estas personas. Esta diferencia estadística explica por sí sola la invisibilidad de estas personas para la gran mayoría de las administraciones públicas y de la sociedad.

La encuesta llevada a cabo por la organización revela los distintos perfiles de vulnerabilidad de las personas sin hogar acompañadas por Cáritas. Entre ellos destaca la dureza de la realidad que sufren más de 7.000 mujeres, muchas de las cuales se ven en la calle tras haber sido víctimas de violencia de género; los más de 1.000 niños, niñas y adolescentes que viven en familias que no tienen una vivienda habitual; las 7.300 personas de entre 18 y 29 años, muchas de ellas antiguas tuteladas de los centros de menores que se quedan sin alojamiento garantizado al alcanzar la mayoría de edad, y la extrema fragilidad de 2.000 personas mayores de 65 años sin residencia fija.

Estas situaciones de precariedad extrema han empeorado durante la crisis. Thomas Ubrich, coordinador de la investigación, asegura que “el coronavirus ha puesto de relieve la dificultad de muchos colectivos sociales para acceder a una vivienda digna, al tiempo que nos ha hecho conscientes que la vivienda es un elemento central de la vida”.

En un momento en que la segunda ola de la enfermedad bate con toda su fuerza en España, este experto de Cáritas pide con urgencia nuevas medidas a largo plazo para estas personas, pues el acogimiento temporal en centros como los que gestiona la organización no es suficiente y, además, estos recursos se encuentran cerca del colapso.

Frente a este hecho, Cáritas pide políticas públicas “ágiles” y centradas en las personas más vulnerables, “que muchas veces son invisibles”. Políticas que garanticen los derechos a la salud, la vivienda y la protección social de las personas sin hogar, avanzando hacia una “sociedad de los cuidados en donde protejamos la vida de cada persona, especialmente de las más vulnerables”. Muy poco de este discurso ha calado entre los responsables políticos, que en casi nueve meses de pandemia apenas han llegado a mencionar en sus discursos -y, desde luego, no han llegado ni siquiera a esbozar medidas para atender- a las personas que viven en situación de calle.

#IntérpretesYA

El 26 de marzo moría en Lavapiés, a causa de la COVID-19, Mohammed Abul Hossain, un vecino de origen bangladesí propietario de un restaurante de comida asiática. Su muerte llegó tras seis días de intentos infructuosos por conseguir una atención sanitaria acorde a la gravedad que presentaba su caso.

El trágico suceso llevó a varias organizaciones sociales del popular barrio madrileño a organizarse para impedir que la barrera lingüística siguiera impidiendo a personas migrantes acceder a una adecuada atención sanitaria en el contexto de una pandemia que se estaba cobrando a diario -y que vuelve a hacerlo en estos momentos- las vidas de centenares de personas residentes en territorio español.

Así, la Asociación Valiente Bangla, la Red Interlavapiés y la Red Solidaria de Acogida pusieron en marcha la Red de Personas Intérpretes-Mediadoras de Lavapiés, integrada por algo más de 30 personas de diversas nacionalidades y hablantes de diversas lenguas asiáticas, africanas y europeas. Estas personas han intervenido, entre abril y octubre, en más de un millar de casos de emergencia sanitaria y social. Algunos de sus miembros han llegado a recibir y efectuar hasta ochenta llamadas diarias para garantizar el acceso a la salud y también a trámites administrativos de urgencia a personas de su misma nacionalidad o hablantes de su misma lengua.

“Nos dimos cuenta de la necesidad de la red dada la inexistencia en los centros de salud de intérpretes profesionales”, asegura Pepa Torres, de Red Interlavapiés. Malick Gueye, del Sindicato de Manteros e intérprete voluntario, asegura que poner en marcha está red era una necesidad urgente: “Tenemos mucha gente que no puede comunicarse con su médico, con su centro de salud”.

El presidente de la Asociación Valiente Bangla, Elahi Mohammed Fazle, indica cómo la muerte de Hossain sirvió como motor para comenzar con la red de intérpretes. “Todas las comunidades migrantes que necesitaban interpretaciones se han movilizado y la lucha ha ido más allá del barrio de Lavapiés”. Según la estadística que llevan, han manejado casos relativos al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Militar Goméz Ulla y la Fundación Jiménez Díaz, entre otros.

Para la doctora Rosa Bajo, hasta hace pocos meses médica del Centro de Salud de Lavapiés, la falta de intérpretes para pacientes migrantes es un problema que se remonta a mucho tiempo atrás. “Desde que entré a trabajar en Lavapiés nunca contamos con intérpretes para mejorar la atención a aquellas personas que tienen que enfrentarse con la barrera idiomática a la hora de ser atendidas, lo que ha sido un problema bastante importante”. Rosa agrega: “con la pandemia y con la atención telefónica como único elemento de relación entre doctor y paciente, se hizo imposible entendernos con la otra persona y se creó un problema muy grave”.

Las tres organizaciones citadas comenzaron de forma paralela la campaña #IntérpretesYA que reclama a las administraciones públicas -Ayuntamiento y, sobre todo, Comunidad de Madrid- la puesta en marcha de una red profesional de intérpretes que permita garantizar la asistencia sanitaria a cualquier persona residente en la capital madrileña, independientemente de su dominio del idioma español.

“El trabajo de la red de personas intérpretes tiene ante todo un sentido de reivindicación. No es cuestión de que personas voluntarias cubran estas necesidades. Ellas están muy cansadas, algunas han enfermado y aún así siguen haciendo una tarea impagable”, asegura Pepa Torres.

Esta campaña de reivindicación tuvo su punto álgido el 21 de octubre, cuando Intermón Oxfam y el programa Museo Situado, del Museo Nacional Centro de Arte Museo Reina Sofía reconocieron la labor de las personas pertenecientes a la red de intérpretes en un acto celebrado en la sede de la pinacoteca.

El acto de homenaje, además “de un reconocimiento por haber puesto voz y cuerpo a la pandemia”, era una reafirmación de la idea de que “ahora es el momento de que las autoridades sean conscientes de las vidas que se han salvado por estas mediaciones y asuman su responsabilidad. Si la salud es un derecho, entendernos es una obligación”, afirmaban en un comunicado las tres organizaciones convocantes.

Días después, la Comunidad de Madrid ponía en marcha un servicio de interpretación telefónica bastante precaria y que no incluía algunas lenguas básicas como el bengalí, lengua materna de los miles de ciudadanos bangladesíes que residen en Madrid. Una muestra más del desconocimiento -o de la falta de interés- de la administración regional a la hora de garantizar el derecho a la salud de las poblaciones migrantes.

“Uno de los lemas de la pandemia era no dejar a nadie atrás y a las personas migrantes que no hablan bien el español sí se les ha dejado atrás. No hay recursos de intérpretes que les puedan ayudar. Independientemente del idioma que hables, tienes que poder acudir a las administraciones públicas o a tu médico”, reflexiona Malick Gueye.

Sus palabras contrastan con las de Sara, una de las farmacéuticas de Farmacia Lavapiés, ubicada en la plaza que da nombre al barrio madrileño. Ellas, en cuanto los problemas causados por la barrera lingüística se hicieron evidentes, mostraron su apoyo a la campaña #IntérpretesYA y pusieron en marcha mecanismos para hacer accesible a sus usuarios migrantes información básica sobre el coronavirus: “Creemos que la mejor forma de acabar con la pandemia es información clara, comprensible y adaptada a la comprensión de todas las personas”.

Está por ver si las palabras de Rosa y de las organizaciones que impulsan la campaña #IntérpretesYA serán escuchadas y atendidas por las administraciones públicas madrileñas.

Ahora, más que nunca, TENLO EN CUENTA

La Asociación Retina Madrid lleva más de treinta años trabajando para sensibilizar sobre la realidad de las enfermedades degenerativas de la retina y luchar contra sus causas y consecuencias. De las personas afectadas por patologías visuales, aproximadamente un 19,20% son ciegos legales y un 80,80% tienen baja visión, lo que implica síntomas como visión borrosa y pérdida de visión central, periférica o de una parte del campo visual. Estamos hablando de más de un millón y medio de personas en España y en torno a 190.000 en Madrid.

En su mayoría, estas enfermedades no tienen cura, y su carácter degenerativo hace que adquiera una importancia fundamental la detección precoz y el acompañamiento psicológico, que es uno de los ejes del trabajo de la organización. “Otro recurso muy valorado en la Asociación Retina Madrid y que conforma uno de los pilares fundamentales de la entidad son, a nivel grupal, los llamados Grupos de Ayuda Mutua. En ellos, las personas afectadas generan un espacio compartido para el apoyo y la puesta en común de sus experiencias, herramientas y estrategias de afrontamiento en la vida cotidiana”, nos informa Raúl Gilabert, miembro de este colectivo.

Como es fácil imaginar, la pandemia de la COVID19 ha sumado una gran cantidad de problemas a las dificultades que encuentran en su día a día quienes padecen baja visión.

“La imposibilidad de recurrir al tacto, la necesidad de guardar turnos y filas de acceso, el localizar los dispositivos de desinfección y la obligada distancia social, traen como consecuencia que algunas situaciones de la vida cotidiana tales como ir a la compra, realizar una gestión o acudir a un centro sanitario se hayan visto seriamente dificultadas o precisen del acompañamiento o la asistencia de un tercero”.

Desde Asociación Retina quieren hacer especial alusión al Síndrome de Usher, una patología en la que la discapacidad visual va unida a pérdidas auditivas, por lo que se agravan las complicaciones que están comportando las medidas de prevención aplicadas frente al virus.

La principal demanda que desde esta entidad se está haciendo a la administración es la apuesta por la investigación y el diagnóstico precoz. Tal y como nos cuentan en la asociación, “las distrofias hereditarias de la retina, que son de origen genético, requieren de ensayos clínicos asignados a los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CESUR) y la participación de las Redes europeas de referencia (ER-EYE)”. A su vez, consideran “de gran importancia la información y la concienciación sobre las patologías visuales al resto de la sociedad”.

En el actual contexto de pandemia, en ciertos lugares como el metro de Madrid piden a la población que “ayude a las personas con deficiencias visuales a respetar la distancia social”. Sin embargo, la baja visión no tiene una identificación social efectiva como el bastón o el perro guía, por lo que identificarlas como personas con discapacidad visual es muy complicado.

“Es un problema grave hasta el punto de que las asociaciones han realizado campañas de difusión explicando la problemática”, nos cuenta Raúl.

La campaña Ahora, más que nunca, tenlo en cuenta promueve la necesidad de tener en cuenta como sociedad a las personas con baja visión y sensibiliza a través del distintivo “Tengo Baja Visión”, que es el único recurso para identificar a quienes se encuentran en esta situación.

Como está ocurriendo con tantos otros frentes abiertos y a menudo abandonados en esta pandemia, desbrozar caminos y buscar soluciones quizá pase por conjugar la sensibilidad y responsabilidad individual con la firmeza de las respuestas administrativas y comunitarias.