Daniel E. Benadava
La actual pandemia, como obra macabra de un destino jamás deseado ni imaginado por la humanidad, desató una crisis que ensancha la brecha preexistente entre aquellos que concentran los recursos del planeta y quienes viven en la pobreza o en sus inmediaciones.
Como efecto, además de la crisis sanitaria que azota de manera implacable y sangrienta a toda la humanidad, la Covid-19 puso en jaque el normal funcionamiento del sistema educativo que cobraba vida en instituciones en las que docentes y estudiantes interactuaban y construían conocimientos. Por razones epidemiológicas, esta normalidad fue puesta entre paréntesis a lo largo del 2020, y el proceso de enseñanza y aprendizaje continuó desarrollándose mayoritariamente a través de las redes sociales.
Esta cuestión, que es entendible desde la razón y lo sanitario, trajo aparejadas problemáticas muy complejas de solucionar para los distintos actores educativos que habitan la comarca del mundo llamada América Latina, donde, actualmente, sus funcionarios plantean la imperiosa necesidad de regresar a las clases presenciales.
Pero esta decisión no está exenta de complejidades difíciles de ser abordadas y solucionadas, ya que las instituciones educativas de esta parte del mundo muchas veces ni siquiera poseen las condiciones básicas e indispensables para dar clases en un contexto de “normalidad social”. Por ejemplo, no tienen un sistema de ventilación adecuado, y sus paredes y techos están en un estado deplorable fruto del abandono, la desidia y la poca inversión del Estado en este ámbito.
De más está decir que a lo largo del 2020 estas condiciones en pocos equipamientos han cambiado y por tal motivo días atrás, por ejemplo, la ministra de Educación de la capital de la República Argentina sostuvo que no podía garantizar la ventilación de las aulas de la jurisdicción, pese a lo cual anunció que comenzarán las clases presenciales en forma gradual y escalonada a partir del 17 de febrero.
Las instituciones educativas de esta parte del mundo muchas veces ni siquiera poseen las condiciones básicas e indispensables para dar clases en un contexto de “normalidad social”
Hay que destacar que muchas de estas entidades se encuentran en barrios humildes, cuyos habitantes, que muchas veces carecen de trabajo y viven por debajo de la línea de la pobreza, tienen dificultades para acceder al agua potable y casi ninguna posibilidad de contar con una conexión a internet estable y de calidad.
En este contexto ya de por sí es poco alentador, y en medio de una pandemia que lejos de aminorar su intensidad muta y continúa siendo un flagelo, en muchos casos parece poco clara o inexistente la propuesta que tienen los gobiernos regionales para lograr que los docentes y estudiantes puedan vacunarse antes del comienzo de las clases.
Un apartado especial merece la casi siempre descuidada educación para adultos de la región, cuyos estudiantes y docentes, en ocasiones, no gozan de los mismos derechos ni tienen la misma estabilidad que los actores del resto del sistema educativo, tal vez porque, en muchos espacios geográficos regionales, se supone que la educación es un privilegio de unos pocos niños, adolescentes y jóvenes, que son los descendientes de quienes concentran los recursos financieros y tecnológicos de la región.
Por ejemplo en la República Argentina algunos dirigentes de gran relevancia afirmaron en los últimos años, sin sonrojarse por asumir que la educación es un privilegio de clase, que el ámbito natural de los pobres no es la Universidad y que donde ellos viven poco bagaje cultural existe.
En Argentina, algunos dirigentes de gran relevancia afirmaron, sin sonrojarse, que el ámbito natural de los pobres no es la Universidad
Un ejemplo de la precariedad por la que transitan los adultos del mismo país en la educación puede encontrarse dentro del Plan FinEs, una propuesta educativa para que los mayores de 18 años finalicen sus estudios primarios y secundarios. Los estudiantes no tienen acceso a las becas a las que pueden optar otros alumnos del sistema educativo. Los docentes, por su parte, perciben un salario que equivale a casi la mitad de lo que cobran sus colegas en otras instituciones escolares.
Por si todo esto fuera poco, esta propuesta aún no tiene una resolución que le brinde continuidad a lo largo de este año, por lo cual los estudiantes adultos naufragan en la incertidumbre de saber cómo continuarán sus estudios, mientras que los docentes no perciben salario alguno desde comienzos de enero de este año, ni tienen asegurada su puesto.
Resulta claro por todo ello que la presencialidad debe estar sustentada, entre otros pilares, por razones pedagógicas que puedan cobrar vida en instituciones que posean una infraestructura arquitectónica acorde a lo que el contexto epidemiológico demanda y con la certeza de que todos los actores que son arte y parte del sistema educativo puedan ser vacunados antes de que comiencen las clases.
En caso contrario será evidente que la decisión del regreso a las aulas estará guiada por decisiones políticas que, inevitablemente, agravarán la cantidad de contagios y fallecimientos existentes en la actualidad.
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