En el mes de abril de 2023 la población sudanesa asistió al inicio de la lucha entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que desencadenó el desplazamiento masivo de la población. Dos años de conflicto armado han llevado a Sudán a una de las mayores crisis humanitarias de la actualidad.
Según datos facilitados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organización intergubernamental del sistema de Naciones Unidas encargada de las migraciones, hasta septiembre de 2024 más de 10 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse internamente y más de 2 millones han huido a países vecinos como Chad, Egipto y Sudán del Sur.
En 2019 un levantamiento popular derrocó el régimen islamista del presidente Omar Al Bashir, que llevaba 30 años gobernando con mano de hierro. Sin embargo, el autoritarismo no acabó con la caída de Al Bashir. Se estableció una junta militar, presidida por el general Abdel Fattah al-Burhan, de las FAS y el general Mohammed “Hemetti” Dagalo, jefe de las paramilitares FAR, que se encargaron de reprimir drásticamente las esperanzas democráticas de la población.
La guerra sigue muy activa en el centro, norte y oeste del país. La mitad de la población necesita asistencia humanitaria urgente: alimentos, agua, atención médica y refugio seguro
Las FAR tienen su origen en las milicias creadas por Al Bashir para reprimir las revueltas populares. Las institucionalizó como brazo contrainsurgente del ejército, pero independientes de éste, por lo que son calificadas como una milicia paramilitar estatal.
FAS y FAR gobernaron hasta abril de 2023. Su alianza se quebró debido a sus disputas por el reparto del poder, por el control de importantes sectores de la riqueza del país y por el intento de las FAS de integrar a las FAR en el ejército regular. La guerra se inició alrededor de la capital, Jartum, pero rápidamente se extendió a otras zonas.
Actualmente, la guerra sigue muy activa en el centro, norte y oeste del país. La mitad de la población sudanesa necesita asistencia humanitaria urgente: alimentos, agua, atención médica y refugio seguro. Su situación se complica aún más por los fenómenos meteorológicos extremos, tales como las lluvias torrenciales que el pasado año provocaron el desplazamiento de casi 200.000 personas. Las inundaciones han dañado infraestructuras esenciales, como la presa de Arbaat, una de las principales del país, lo que afecta el acceso al agua potable de más de 500.000 personas y aumenta el riesgo de enfermedades, como el cólera.
A todo ello se suman los abusos generalizados a la población, la violencia sexual, las torturas, la malnutrición extrema, la ruina del sistema de salud y el bloqueo de la ayuda humanitaria que, según Naciones Unidas, unos 25 millones de personas, la mitad de la población, necesitan con urgencia.
A todo ello se suman los abusos generalizados a la población, la violencia sexual, las torturas, la malnutrición extrema, la ruina del sistema de salud y el bloqueo de la ayuda humanitaria
La entrega de ayuda alimentaria se ve obstaculizada por bloqueos burocráticos y las dificultades para llegar a las zonas más necesitadas porque los bandos contendientes saquean los camiones o exigen altos peajes. Desde el Programa Mundial de Alimentos se señala que el país se enfrenta a “la mayor crisis de hambre del mundo”.
Otros objetivos de las fuerzas contendientes son las instalaciones médicas. Desde el inicio de la guerra, la Organización Mundial de la Salud ha documentado más de 120 ataques contra tales equipamientos, servicios y personal médico, aunque la cifra, aseguran, es mucho mayor. El 70% ya no están en funcionamiento y enfermedades como el cólera, la malaria, el dengue y el sarampión se propagan con virulencia día a día.
Sudán lleva décadas de enfrentamientos que tienen sus raíces en la disputa por las riquezas del país. Sus recursos naturales, como el petróleo, el oro (tercer mayor productor de África) o el zinc, se encuentran en manos de los jefes militares de alto rango y el aparato de seguridad oficial, respaldados por los islamistas de línea dura, que intentan mantener el control de las empresas de petróleo, goma arábiga, sésamo, armas, combustible, trigo, telecomunicaciones y la banca.
Desde diversas organizaciones humanitarias vienen denunciando que las FAR, integradas por pastores musulmanes árabes, llevan a cabo acciones de limpieza étnica contra la población de origen negro (Masalit, Fur y Zaghawa), cristianos, animistas y agricultores. Asimismo, denuncian a las fuerzas oficiales de perpetrar ejecuciones sumarias, limpieza étnica y de bombardear indiscriminadamente áreas habitadas por la población civil.
En la sociedad civil parecen fortalecerse organizaciones juveniles, de mujeres, de académicos, de artistas… que intentan recuperar la confianza en la construcción de una paz sostenible
Ni las FAS ni las FAR cuentan con apoyos significativos entre la población, que continúa presionando para lograr la transición a un gobierno independiente de los líderes militares. En la sociedad civil parecen fortalecerse organizaciones juveniles, de mujeres, de académicos independientes, de artistas… que intentan recuperar la confianza en la construcción de una paz sostenible.
Simultáneamente, la OIM trabaja en Sudán con organizaciones comunitarias, con ONG locales y nacionales reforzando así la ayuda humanitaria y el apoyo a la gestión humanitaria de las fronteras, llevando a cabo actividades tan variadas como la promoción de la higiene, la prestación de servicios de salud, la distribución de artículos de primera necesidad… En todo el país, ofrece una respuesta integral a las necesidades humanitarias de las personas migrantes, las desplazadas internas, las personas retornadas y a las comunidades de acogida.
